La causa que acaba de nacer en un juzgado de Plaza de Castilla contra Begoña Gómez tiene un horizonte penal complicado. Aunque el estado de las diligencias es muy embrionario, el procedimiento nace marcado por la negativa de la Fiscalía a actuar; un criterio que no facilita la acción judicial y que, en caso de no archivarse en las próximas semanas, confía en gran medida su futuro a la personación de acusaciones.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 que ha admitido a trámite la denuncia de Manos Limpias podría ofrecer acciones al sindicato, en su condición de denunciante, para personarse en las diligencias. Con todo, al declarar la causa secreta, no podría tener acceso a las actuaciones que se practicaran hasta que alzase el secreto sumarial.

El juez Juan Carlos Peinado incoó diligencias el pasado 16 de abril a raíz de la denuncia interpuesta por el sindicato que dirige Miguel Bernard. El escrito remitido al juzgado recogía cerca de una decena de publicaciones en medios digitales por los vínculos de Begoña Gómez con empresas privadas que han firmado contratos públicos con el Ejecutivo que preside su marido, Pedro Sánchez.

Un procedimiento sin acusación

El titular del juzgado ha decidido citar en primer lugar a los periodistas autores de dichas informaciones, antes de dilucidar si toma otra medida de mayor calado. De esta forma, el juez escuchará en las próximas semanas a los responsables de los artículos publicados en El Confidencial relativos a los vínculos de la mujer del presidente del Gobierno con Carlos Barrabés, consultor del máster que dirige Gómez y que se adjudicó contratos públicos por más de 11 millones de euros en plena pandemia.

El juez quiere escuchar a los responsables de estas informaciones -que se sustentan con documentos firmados por Gómez- antes de actuar en las diligencias abiertas por delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Con todo, su actuación ya está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía no solo ha recurrido en reforma, sino también en apelación, de manera que la instancia superior tiene que pronunciarse acerca de si valida la instrucción o respalda al Ministerio Público y da carpetazo al asunto. Así pues, la decisión sobre si continuar o no con la causa cuando tome declaración a los periodistas está en su mano.

El juez puede archivar el asunto entonces o bien acordar más diligencias para esclarecer si hubo delito con las actuaciones de la empresaria. La apertura de esta investigación ha provocado un auténtico terremoto en la esfera política, especialmente después de que Sánchez reaccionara anunciando la suspensión de su agenda hasta el lunes para meditar su dimite como presidente del Ejecutivo.

El papel de la Abogacía del Estado

La negativa de la Fiscalía a admitir la denuncia dificulta en cierto modo la actuación de los investigadores, puesto que en esta causa no hay acusaciones personadas, ni particulares ni populares. Ello hace que todo el peso de la actuación judicial recaiga sobre este instructor, que ya ha llevado otros temas mediáticos como el que siguió contra una docena de periodistas a los que imputó por revelación de secretos por sus informaciones sobre el procedimiento contra los CDR en la Audiencia Nacional.

A falta de saber si dará o no recorrido a la denuncia, en caso de que la causa avance surge también la incógnita del papel de la Abogacía General del Estado. Los servicios jurídicos del Estado podrían asumir la defensa de Gómez dependiendo de la naturaleza del contrato que mantenga con la Universidad Complutense de Madrid, donde se imparte la cátedra que dirige.

La Abogacía tiene entre sus competencias la defensa de los empleados públicos aunque, en este caso podría entrar en el procedimiento si el contrato de Gómez con la Universidad es laboral. Si, por contra, el contrato está sujeto a régimen administrativo no le podrían defender. Así pues, todo dependería del vínculo jurídico que una a la mujer del líder del PSOE con la universidad.

Dos Fiscalías se niegan a investigar a Gómez

La denuncia presentada por Manos Limpias también recoge informaciones sobre los vínculos de Begoña Gómez con Víctor de Aldama, uno de los principales cabecillas de la trama Koldo. En el marco de la instrucción de este procedimiento se conoció que ambos se vieron en secreto en dos encuentros en los que participó el exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo.

Las citas se produjeron en los meses de junio y julio de 2020, esto es, momento en que Air Europa negociaba el rescate del Gobierno que se hizo efectivo a principios de noviembre de ese año. Una acusación popular de este procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional solicitó que se citase como testigo a Gómez ante la posible existencia de una mediación para favorecer a la empresa y el Gobierno que lidera su marido.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción cerró la puerta a esa posibilidad, argumentando que los vínculos de Aldama con Gómez nada tienen que ver con el objeto de esta causa, centrada en el pelotazo de mascarillas que se adjudicó la empresa Soluciones de Gestión con contratos con la Administración superiores a los 50 millones de euros.

El magistrado que instruye la causa, Ismael Moreno, también descartó la petición y dijo que la declaración testifical "en base a la publicación de una serie de artículos periodísticos" no tiene cabida a día de hoy, sin perjuicio "de lo que resulte en el devenir de la investigación". "No se infiere que el testigo propuesto ha tenido conocimiento o relación con los hechos objeto de las presentes diligencias", indicó.

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