El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha rechazado en un auto la denuncia presentada el 29 de julio por una letrada del Colegio de Abogados de Málaga que pretendía ejercer la acusación popular contra "los asaltantes" de la valla fronteriza de la ciudad autónoma el pasado 23 de julio como presuntos "autores de atentados a agentes de la autoridad con objetos peligrosos y lesiones con la circunstancia agravante de banda organizada" y que al menos una parte entrase en prisión incondicional.
Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el juez que se encontraba de guardia la jornada del salto ha apreciado varios errores de forma que no han sido subsanados en el plazo establecido en la denuncia, a la que pretendía adherirse la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC).
La denuncia, que tendría que haber sido querella con poder, procurador y fianza, se registró en nombre de "quienes estamos legitimados para ello, la ciudadanía española", y pedía que contra los migrantes "más violentos" se dictase orden de prisión incondicional y sin fianza porque "conocían perfectamente el escaso número de efectivos a quienes iban a atacar", "la escasez material de medios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" y "la prohibición de defender la frontera con material antidisturbios o incluso fuego real, como en otros países".
Además de supuestos delitos de atentado -con pena superior por la utilización de "objetos peligrosos, objetos contundentes y líquidos inflamables"- imputaba la supuesta comisión de otros de lesiones -con gravedad por determinar- y de desordenes públicos.
La denunciante reclamaba "una minuciosa instrucción con relevante participación del Ministerio Fiscal" y señalaba a "las oenegés que defienden la inmigración ilegal" para asumir una hipotética responsabilidad civil subsidiaria o el pago de indemnizaciones.
El salto, que se saldó por parte de Cruz Roja con 22 guardias civiles y 132 migrantes que recibieron asistencia sanitaria, sigue en vía judicial porque la Guardia Civil remitió el 31 de julio al Juzgado un atestado sobre la entrada en grupo de 602 indocumentados nacionales de Guinea Conakry (sobre todo), Gambia, Congo, Chad y Camerún.
