En los últimos meses se han multiplicado las voces autorizadas del Poder Judicial que demandan una revisión de la figura del aforado, de la cual gozan actualmente 10.003 cargos públicos en España (la Reina y los Príncipes de Asturias engrosaron la lista en abril). El emplazamiento más reciente --y destacado-- a tomar cartas en el asunto llegó el pasado 7 de mayo por parte del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien consideró que en este país "hay un exceso de aforamiento que no está justificado". Así, manifestó que el legislador "debería tenerlo en cuenta" para plantear las reformas oportunas.
Sin embargo, pese a estos reclamos, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no tiene previsto acometer aquí ninguna reforma de calado y sólo abre la puerta a quitar tal privilegio a apenas medio centenar de responsables de la Administración.
El Gobierno ha mantenido esta postura en una respuesta oficial dirigida a Transparencia Internacional para su última evaluación de transparencia en los partidos políticos. En este informe donde se analiza el nivel de compromiso contra la corrupción, la ONG preguntó al partido que sustenta al Gobierno si está en disposición de incluir en su programa electoral para las generales de 2015 una medida concreta: cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados.
Ante ello, el PP deja claro que en estos momentos, pasado el ecuador de la legislatura y con poco margen ya para grandes reformas, no está por la labor de abrir de este melón. Los populares únicamente dicen estar dispuestos a "revisar aquellos aforamientos que no están expresamente mencionados en la Constitución". Acto seguido, añaden en su contestación que "las últimas reformas anunciadas por el Ministerio de Justicia van encaminadas a suprimir algunas de esas condiciones más favorables como la de declarar por escrito".
¿Pero a qué aforados no citados por la Carta Magna se refiere el departamento de Ruiz-Gallardón? La cifra es significativa: sólo 57 de los 10.003 cargos blindados en la actualidad. Se tratan de los miembros del Tribunal Constitucional (12), Tribunal de Cuentas (12), Consejo de Estado (30), Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos (3).
Entre estos afectados, estarían, como integrantes del Consejo de Estado, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, contra quien el sindicato Manos Limpias llegó a presentar una denuncia por "ocultar" la cifra real de déficit, o el sucesor de Luis Bárcenas en la tesorería del PP, José Manuel Romay Becarría, cuya citación en calidad de testigo ha sido solicitada por la acusación en el caso de la presunta financiación ilegal del PP.
Separar a los jueces de tal protección -en Alemania, por ejemplo, carecen de este blindaje- obligaría a realizar cambios sustanciales en la Ley Orgánica del Poder Judicial
Por contra, el Ejecutivo no tiene la más mínima intención de quitar el aforamiento a los 7.000 jueces, magistrados o fiscales que gozan de esta prerrogativa: de sus procesos penales no conocen los tribunales ordinarios como los ciudadanos de a pie, sino las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia siempre que dicha atribución no corresponda a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (como ocurre, por ejemplo, con los instructores de la Audiencia Nacional).
Separar a jueces, fiscales y magistrados de tal protección --en Alemania, por ejemplo, carecen de este blindaje-- obligaría a realizar cambios sustanciales en la Ley Orgánica del Poder Judicial (con proyección en el artículo 122.1 de la Constitución), cuyo último anteproyecto fue aprobado por el Ejecutivo el pasado mes. Esta revisión, que en los próximos meses seguirá su tramitación parlamentaria, no sólo ha evitado reducir el número de aforados sino que lo ha aumentado al extender el aforamiento a Doña Sofía de Grecia, Don Felipe de Borbón y Doña Letizia para corregir una "deficiencia histórica" en la vida del legislador.
El escaño como refugio ante la Justicia
En cuanto a los 3.000 aforados restantes, principalmente políticos, desprender a diputados nacionales y senadores de esta condición obligaría a reformar la Constitución, cuestión que rehúye el Gobierno de Mariano Rajoy, enfrascado en la recuperación económica del país. Algo similar sucede con los parlamentarios regionales y los defensores del pueblo de las comunidades, ya que sería necesario revisar los correspondientes Estatutos de autonomía. Otra aventura compleja que el Gobierno descarta emprender.
El PSOE, en su respuesta a Transparencia Internacional, sí apuesta por otro redactado de la Carta Magna. Así, citando la resolución de su Conferencia Política de noviembre, señala que “la reforma de la Constitución deberá restringir la inmunidad que protege a los parlamentarios y el aforamiento para circunscribirlos a posibles delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones representativas, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional". En UPyD se remiten a la moción que presentaron el pasado junio en el Congreso instando al Gobierno a suprimir también el aforamiento de los cargos que recoge la Constitución (presidente del Gobierno, ministros, diputados y senadores).
Mientras tanto, desde la judicatura apremian al Ejecutivo a dar pasos de mayor envergadura. En opinión de Lesmes, el aforamiento "es una excepción al principio de igualdad en la aplicación de la Ley" y, por tanto, "todo lo que determina un privilegio debe tener un carácter excepcional", dado que supone, según advierte, "una cierta anomalía del sistema procesal español".
Por su parte, el portavoz de los decanos de jueces de España y decano del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, se pronuncia a favor de reducir e incluso eliminar la figura del aforamiento en el sistema judicial, al entender que ésta tiene "mal encaje en un Estado social y de derecho en el que debe primar la igualdad de los ciudadanos ante la Ley".
