La infanta Cristina de Borbón cobraba un alquiler ficticio de la empresa tapadera Aizoon (de la que era presidenta) por 'tener la sede' en el palacete de Pedralbes. De esta forma engañaba a Hacienda arrendando su residencia a esta sociedad instrumental.
Según informa El Mundo, la Agencia Tributaria ha remitido al juzgado de instrucción número 3 de Palma un informe relativo a la investigación por blanqueo de capitales y delito fiscal contra la Infanta. En este informe se desvela que lahija del Rey ha venido percibiendo una cantidad anual de la sociedad que compartía al 50% con su marido Iñaki Urdangarin. Con esta operación generaba gastos ficticios con los que pagaba menos impuestos y se hacía con dinero público llegado a Aizoon procedente de Nóos.
La mujer de Iñaki Urdangarín desvió con esta operativa, según el informe del fisco, 6.000 euros en 2006, 6.180 en 2007, 6.444 en 2998, 3.828 y 3.300 en 2009 y 4.995 en 2010 con un total de 30.747 euros.
Acreditado que Cristina dispuso del dinero de Aizoon
El juez instructor del caso Nóos, José Castro había pedido a Hacienda información sobre las operaciones de Cristina de Borbón con terceros superiores a 3.000 euros para determinar las cantidades exactas que se habían desviado. Con respecto a estos alquileres ficticios, la Agencia Tributaria «recuerda» que «dicho arrendamiento no ha sido admitido a efectos fiscales en los informes librados con anterioridad». Ni como «gasto deducible en sede de Aizoon, S.L., ni como ingreso (rendimiento de capital inmobiliario) en sede del Sr. Urdangarin Liebaert».
Con estos datos, el juez que instruye el caso Urdangarin ya tiene acreditado, de una parte, que la Infanta Cristina dispuso personalmente del dinero público de Nóos que iba a parar a Aizoon mediante estos alquileres fantasma. Pero también a través de la propia empresa, con la que abonó las obras de reforma del palacete de Pedralbes y sufragó otro tipo de gastos personales tales como obras de arte, un Mercedes o la comunión de sus hijos. Este evento lo encargó a la empresa Semon a través de su secretario personal, Carlos García Revenga, también imputado en esta causa, y por el que abonó 3.160 euros.
