Ahora Madrid y el PSOE han aprobado otorgar un alquiler social a 88 familias que habían 'okupado' viviendas en la capital. Algunas de ellas habían dado "una patada en la puerta", en palabras de la delegada Marta Higueras, y otras habían entrado en ella aprovechando una situación de herencia, un amigo que les había dejado las llaves, etc. Algunas son familias con niños y otras jóvenes más próximos al concepto de 'okupa' que la mayoría tiene en la cabeza. Para todos estos casos, el Ayuntamiento de Madrid ofrecerá alquileres sociales a cambio de regularizar su situación y de que hagan frente a las deudas de la comunidad de vecinos durante los últimos 5 años, si las hubiera. PP y Ciudadanos han votado en contra de la propuesta, argumentando que se animará a la gente a okupar viviendas. Sin embargo, Higueras ha sido clara y ha repetido muchas veces el mensaje: "No estamos llamando a la okupación porque sólo se va a regularizar esta vez".
El proceso de regularización durará seis meses. Las condiciones serán que se trate de unidades familiares que no superen 3,5 veces el IPREM (sueldo mínimo), es decir 1.863 euros mensuales entre todos los miembros de la familia. Deberían de estar okupando desde antes del 1 de enero de 2016 y haber vivido en esa vivienda durante al menos un año, con lo cual el Ayuntamiento trata de evitar que se produzcan nuevas okupaciones. No se trata de un proceso único en la historia del ayuntamiento de Madrid, sino que ya se ha producido en 1996, 1998 y 2005.
El ayuntamiento comprobará que no hay quejas sobre esas familias y que se comprometen a pagar sus mensualidades
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) exigirá que sean domicilios personales o familiares, y acreditará mediante un informe de Servicios Sociales que "se cumple con las normas, con el correcto uso de las instalaciones comunes y el compromiso, por parte del ocupante, de abonar las rentas de alquiler y cuotas atrasadas de comunidad desde la fecha de la ocupación hasta un máximo de 5 años. Son personas en un proceso de normalización, arraigadas, con sus hijos en el colegio y los médicos cerca. Esto se acaba aquí". En los casos de precios más bajos, se pagarán apenas unos 60 euros. A las familias, insisten en el consistorio, sí les interesa regularizarse a pesar de tener que pagar un alquiler, porque si no serán desahuciadas. Se trata, aseguran, de unidades familiares en riesgo de exclusión.
Según ha dicho el propio consistorio, "no se podrá acceder a la regularización si se ha pertenecido a organizaciones que se lucran ilícitamente de ventas o traspasos de viviendas públicas, que no puedan demostrar que la vivienda es el domicilio permanente, que hayan sido condenados judicialmente por conflictos vecinales o que otros miembros de la unidad familiar hayan visto rechazados su expediente por estos motivos". El objetivo, aseguran, es beneficiar a las familias con rentas anuales muy bajas.
A los que no regularicen, en 6 meses el ayuntamiento asegura que promoverá su desahucio.
Compra de viviendas
Por otra parte, la empresa pública de vivienda también ha indicado su intención de comprar 150 viviendas para destinarlas a alquiler social. El pliego saldrá este miércoles y estas viviendas deberían estar libres de cargas y ocupantes. Los precios que pgará oscilarán entre los 1.300 euros el metro cuadrado del distrito de Villaverde (sur) y los 2.000 euros del distrito de Salamanca.
De esta forma, el consistorio presidido por Manuela Carmena trata de buscar viviendas porque asegura que tiene 9.000 peticiones de alojamiento que por el momento se alejan mucho de las posibilidades que tienen.
