Estaba citado para las once de la mañana, pero no ha comparecido. De hecho, ni siquiera se le ha localizado ni se ha confirmado que la identidad que facilitó a la Audiencia Nacional fuese real. Se trata de A.E.P.M., un supuesto trabajador de la Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia que hace meses envió una carta al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, en la que aseguraba tener nuevos datos sobre la supuesta implicación del actual presidente de esta comunidad, el ‘popular’ Pedro Antonio Sánchez, y su entorno en la trama. Según fuentes judiciales, ha sido imposible localizarle para que compareciera ya que el Gobierno autonómico ha comunicado al tribunal que entre sus funcionarios no existe nadie con dicho nombre.
Su testimonio debía servir para afianzar los indicios que presuntamente implican al presidente regional después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo salpicara el pasado mes de mayo. En su misiva, que llegó dos meses después de que el juez Velasco levantase el secreto de sumario que pesaba sobre aquel documento policial, este supuesto trabajador aseguraba haber sido testigo y tener información sobre la celebración de reuniones entre asesores del actual presidente Pedro Antonio Sánchez, que entonces ocupaba el cargo de consejero de Educación, y presuntos integrantes de la Púnica para encargar a estos últimos trabajos que presuntamente se iban a pagar con fondos públicos dedicados a la "formación".
Su testimonio debía servir para afianzar los indicios que presuntamente implicaban al presidente regional
A la vista del "contenido" de la carta, que el magistrado incorporó al sumario, el juez decidió entonces citarle a declarar para este martes. Para ello, pidió a la Consejería de Educación, donde el testigo aseguraba trabajar, que le facilitase los datos del mismo para hacerle llegar la providencia para que compareciese. Sin embargo, la respuesta del Gobierno murciano es que en sus bases de datos no figura ningún trabajador con dicha identidad.
Su esperada declaración quedaba, de este modo, frustrada. Con ella, el juez Velasco pretendía reforzar las acusaciones del informe de la UCO, que detallaba los pasos que el presidente regional y sus colaboradores presuntamente habían dado para cerrar un acuerdo con integrantes de la trama para mejorar su imagen en las redes sociales ante las elecciones autonómicas de mayo de 2015 en las que el político iba a encabezar la lista del PP. Fueron los comicios que finalmente le catapultaron a la presidencia de la región.
13 correos electrónicos
Supuestamente iba a pagar un total de 36.800 euros. El exhaustivo documento de la UCO recogía trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo con los que detallaba paso a paso todo el proceso de negociación seguido para realizar dichos trabajos de reputación 'online'.
Según recogía el informe, el político había "expresado su interés en contar con los servicios de Alejandro de Pedro [el experto informático imputado en la trama] acuciado por consecuencias reputacionales negativas por una nueva posible imputación y la disputa de convertirse en candidato a la Presidencia de la Región". Pese a la contundencia del informe, el propio Rajoy y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, salieron en defensa de su correigionario públicamente.
