Avanza la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que Justicia quiere tramitar en el Parlamento en el próximo periodo de sesiones con una novedad importante ya adelantada por Vozpópuli: la eliminación de la figura del imputado por su “estigmatización” social, sobre todo en el caso de personajes públicos. El Ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón se inclina por cambiar la denominación de imputado por “testigo asistido”, dada la menor carga negativa de la palabra testigo y asegurando, eso sí, que se pueda acudir a declarar acompañado de abogado, según ha podido saber este medio.
El imputado pasaría a ser “testigo asistido” y sólo se convertiría en “procesado” en la apertura de juicio oral, esto es, tras la decisión del juez, si se produce, de verle juzgado, nunca en el proceso anterior, que puede durar años y que se ha llevado varias carreras políticas por delante.
La imputación nació como una medida garantista, por la cual el que acudía ante los tribunales en calidad de imputado podía negarse a declarar contra sí mismo y hacerlo además junto a un defensor. En buena medida también asegura la instrucción de la causa, dado que no acudir con estas garantías y ser luego acusado de delito puede llevar a la impugnación el proceso. Pero hay un acuerdo generalizado entre la clase política respecto a que la palabra imputado "marca" hasta el punto de haber forzado dimisiones por causas que judicialmente han quedado luego en nada. La desimputación tiene, sin duda alguna, menor trascedencia informativa.
La futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es mucho más amplia ya que supone un cambio total de nuestro decimonónico modelo por el cual un juez investiga e instruye la causa. Justicia ha diseñado va a un sistema “mixto” en el que la instrucción recae en el fiscal y al juez le corresponden las garantías del proceso, esto es, todo aquello que afecta a los derechos fundamentales como autorizar las intervenciones telefónicas o del correo de los investigados. Sin embargo, el gran problema de la reforma reside en la dependencia orgánica del Ministerio Fiscal al Gobierno, hecho que desde el Ejecutivo niegan, pero que constituye la gran traba de los cambios.
Desde Justicia admiten el divorcio con las asociaciones de jueces aunque matizan que "sólo representan al 50 por ciento de los magistrados"
Justicia espera poder consensuar la reforma con el PSOE en su amplio trámite parlamentario, no antes, habida cuenta de que la responsabilidad del texto ha recaído en una comisión de expertos que recibió el encargo en el mes de marzo. No es la única cuestión para la que Gallardón requiere el concurso de los socialistas. A pesar del fuerte enfrentamiento a cuenta del “tasazo”, populares y socialistas avanzan en el otro gran cambio: la reforma del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, el ministro desistió de la que fue una de sus propuestas estrellas para asegurar el apoyo del primer partido de la oposición, esto es, la elección por parte de los jueces de la mayoría de los magistrados del CGPJ. Otras fuentes judiciales apuntan, sin embargo, a que Gallardón retiró esa propuesta tras ver la bronca interna y la actuación de algunos magistrados en el caso Carlos Dívar, al que el Gobierno intentó sorprendentemente sostener casi hasta el último momento. Desde entonces, el ministro no vive precisamente una luna de miel con las asociaciones judiciales, ni siquiera con la conservadora APM.
En ese sentido fuentes del Ministerio de Justicia puntualizan que las asociaciones "sólo representan al 50 por ciento de los jueces", y que si bien no hay cauces de comunicación con ellas --a raíz del "tasazo" han pedido interlocución directa con el presidente del Gobierno-- sí existen con "los jueces decanos, con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y con el Consejo General del Poder Judicial, entre otros”. A las aceradas críticas que por tierra, mar y aire han recibido sobre las tasas judiciales, sólo piden "un poco de tiempo" para ver la marcha de su aplicación, que arrancó el lunes.
Ya lo dijo Gallardón, él no está en el edificio de la calle Hortaleza de Madrid para colgar su imagen en la galería de retratos de los ministros de Justicia sino para cambiar las cosas y es que sobre la mesa también tiene la reforma del Código Penal, que, a juicio del CGPJ tiene visos de inconstitucionalidad en lo que afecta a la cadena permanente revisable y a la llamada custodia de seguridad, así como la muy controvertida Ley del Aborto. Y es que, sin duda, le gustan los retos.
