Madrid Espacios y Congresos (MEyC), empresa del Ayuntamiento de Madrid, reconoció en un informe el pasado 22 de octubre una deuda de 15.711 euros que le debía Miguel Ángel Flores, organizador del macrofestival del Madrid Arena que acabó con la muerte de cinco chicas jóvenes en la madrugada del 1 de noviembre. El informe, incorporado al sumario de la tragedia, se redactó solo nueve días antes de que arrancara el desgraciado evento denominado Thriller Music Park. La deuda había sido contraída por Flores en otro festival, el Space of Sound Festival 2012, celebrado la pasada nochevieja en la Caja Mágica, otro recinto municipal.
La cifra responde a “presupuestos de consumos de electricidad y gas natural”. El escrito, trufado de garrafales errores de léxico que dificultan, cuando no imposibilitan, su comprensión, parece sugerir que el Ayuntamiento barajó no volver a firmar contratos con el empresario, una idea compartida por varias fuentes municipales. “Actualmente, este cliente dispone de un convenio con MEyC para la celebración de varios eventos en nuestras instalaciones durante lo que queda de año y el año próximo. Para lo que se solicita la anulación de la oferta de servicio correspondiente a los consumos anteriormente citados”, se lee al final del texto, lo que apunta a que optaron por condonarle la deuda ante su posición privilegiada de contratación con la empresa municipal.
Según el texto, en el Space Sound Festival Flores “recibió numerosas quejas y le presentaron varias hojas de reclamaciones”, probablemente por la temperatura o cualquier otro factor relacionado con el gas natural y la electricidad. “Acabado el evento (…), el cliente [Flores] traslada el desacuerdo con estos consumos”. Tuvo entonces lugar una reunión entre las direcciones Jurídica y de Márketing y Estrategia de MEyC , “aceptándose la solicitud del cliente”. Otra frase incomprensible.
El informe viene firmado por María Cabeza Quirós del Valle, directora de Operaciones de MEyC y precisamente cesada ayer por la sospecha de amaño en un concurso público para adjudicar la gestión de la Caja Mágica, como ha publicado El Mundo. También estampan su firma Francisco del Amo, coordinador de Proyectos y Operaciones y Rafael Pastor, director de Seguridad y Emergencias. Los dos están imputados.
Diviertt, la empresa de Flores, no podía contratar con el Consistorio madrileño por tener deudas pendientes con la Seguridad Social, según trascendió a los pocos días de la tragedia. Concretamente, la empresa debía 15 días antes del evento 26.047 euros, algo que, según la Ley de Contratos del Sector Público, la impedía alquilar el Madrid Arena.
