"Hasta ahora, invocando un daño sicológico para la mujer, había plena libertad de aborto. Pero permitir el aborto libre sería como decir que como hay delitos inevitables, vamos a despenalizarlos. Lo que tiene que hacer la sociedad es establecer los mecanismos para que se cumpla lo que dice el legislador", ha asegurado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendiendo su polémica ley del aborto. Gallardón ha dicho que "el daño sicológico debe estar acreditado por profesionales".
El ministro de Justicia ha considerado que hay que compaginar los derechos de la mujer "con los derechos del concebido y no nacido" y ha asegurado que "aunque la contestación mediática puede ser importante, también el apoyo mediático y el apoyo popular a un sistema de indicaciones, en el que la interrupción del embarazo no suspenda el proyecto de vida del no nacido, es mayoritario en este país".
Con respecto a la posibilidad de que se descubra una discapacidad en el feto, algo que el ministro ya ha avisado de que "en ningún caso servirá para abortar", se le ha preguntado a Gallardón si se va a ayudar especialmente a las familias a las que no se les permita la interrupción del embarazo con una persona dependiente. El ministro ha dicho que "estoy de acuerdo en que el Gobierno tiene que esforzarse y si hay algunas partidas que no estamos dispuestos a disminuir son las de la discapacidad. Pero recuerdo que no vale defender los derechos de los discapacitados sin defender su principal derecho, y es a tener desde el mismo momento de la concepción y no del nacimiento los mismos derechos que una persona sin discapacidad".
Gallardón ha acusado al Partido Socialista de romper el consenso de la ley del aborto de 1985 con su modificación en 2010: "La ley de 1985 no es el proyecto original del PSOE. Ese proyecto se modifica por un recurso del PP. Pero el PSOE en 2010 se separa de ese consenso constitucional y que nosotros volvamos a la doctrina del TC no es dar una marcha atrás, no lo es, es dar una marcha adelante".
Con respecto a la reforma del poder judicial, Gallardón ha dicho que espera que se apruebe con consenso para "adaptar la justicia al siglo XXI y no al siglo XIX".
