"Yo creo que el Gobierno en general y el ministro de Justicia en particular tenemos que tener un profundo respeto a la Justicia y al Poder Judicial. Estamos muy cerca de presentar dos reformas -la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal- que van a solventar un problema clave, y es que los procedimientos no pueden eternizarse en España, no se puede prolongar indefinidamente un proceso", decía Alberto Ruiz-Gallardón en una entrevista radiofónica sobre la decisión del juez Castro de imputar a la Infanta.
Además, y preguntado por si se podría evitar el posible 'paseíllo' de la hija del Rey el próximo día 8 de febrero cuando deba acudir a los juzgados, el ministro de Justicia afirma que es una decisión que corresponde a la sala de Gobierno de la Audiencia, aunque sí ha querido romper una lanza a favor de la duquesa de Palma, recordando que muestra "una actitud de colaboración con la Justicia, acudiendo de forma voluntaria", ya que "ha pedido declarar renunciando al legítimo derecho al recurso". "Estoy seguro de que los órganos de gobierno establecerán las medidas para evitar cualquier daño previo a la declaración", añadía.
Gallardón abría la puerta a evitar el 'paseíllo' de la Infanta porque acude "de forma voluntaria" y ha "renunciado a su derecho a recurrir"
Pero sin duda el tema más controvertido actualmente para el ministro es su polémica Ley del Aborto, que ha vuelto a defender a capa y espada. "Es un discurso que no nace ahora. Lo que hace es obligar al legislador a que cuando entran en conflicto dos derechos, hay que resolverlo, no se puede eludir. Es una propuesta coherente, ajustada a la doctrina constitucional, ya que por primera vez la mujer no tendrá reproche penal en caso de aborto. Estamos avanzando en la idea clara de que la vida es un valor fundamental y los poderes públicos tienen que protegerlos en todas sus circunstancias. Los valores esenciales de la Ley responden al compromiso que los miembros del PP adquirimos con los ciudadanos", recordaba.
Aunque Gallardón admitía no conocer ningun proyecto legislativo que no se haya modificado en su tramitación, "ya que de lo contrario sería un Decreto-Ley", sí advertida que lo que no harán las mejoras será "desvirtuar un proyecto que enlaza directamente con el discurso del partido, que no es improvisado sino que es un relato sobre la defensa de la vida que en el PP llevamos trabajando desde hace más de 10 años".
"Todo proyecto se modifica en su tramitación, pero lo que no harán las mejoras será desvirtuar un proyecto que enlaza con el discurso del partido que es un relato sobre la defensa de la vida"
Y en su defensa del proyecto recordaba que lo que se hace es "proteger al más débil". "El progreso no puede consistir en decir que una persona antes o después de nacer por tener una discapacidad tiene menos derechos que aquellos que no tienen discapacidad. El progreso no puede ser mantener una situación de injusticia para las mujeres, amparada en la existencia del aborto para no tomar otras medidas políticas para que tome la decisión de seguir adelante con su embarazo. Tenemos que ir a una cultura mucho más humanista, más progresista en el sentido auténtico. Estoy convencido de que no muy tarde surgirán voces también desde la izquierda que digan que esto no puede ser. Hay tres sentencias del Constitucional que dicen que en el 'todos' tienen derecho a la vida no entra ese no nacido. Por eso desde el mismo momento de la concepción hay que proteger a ese desprotegido", alegaba.
Mano firme con Cataluña y ETA
El ministro de Justicia también ha sido tajante al declarar que el Gobierno actúa con rotunda firmeza en la defensa de lo que es constituyente del propio Gobierno, como la defensa de la nación española, algo que juran antes incluso que su cargo. "Tiene que estar fuera de toda cuestión, lo sabemos nosotros y lo sabe también el nacionalismo catalán, y saben que ese proceso no tiene ninguna posibilidad de alcanzar los objetivos que están marcando. No se va a producir la consulta. Se nos está pidiendo que le demos a una parte de los españoles algo que pertenece a todos los españoles, que es la capacidad de decidir sobre la soberanía. La actitud del Gobierno es rotunda, no va a permitir que haya ningún acto político o jurídico contrario a la Constitución, pero la respuesta tiene que ser a actos, y no a declaraciones políticas. Ante una declaración del Parlament, contestamos con otra, pero si se firma un decreto, al minuto siguiente está impugnado ante el Tribunal Constitucional", afirmaba.
El ministro afirma que el proceso soberanista no tiene ninguna posibilidad de alcanzar los objetivos que se están marcando y que no se va a producir la consulta
Preguntado sobre una posible hoja de ruta con ETA, Gallardón era también rotundo al decir que sí la hay, pero que la única posible es la disolución, la desaparición de la banda terrorista, ya que el Gobierno no se conforma con que haya dejado de ejercer la violencia. Según él, no habrá ninguna medida de gracia para ningún terrorista y nunca se va a sentar con ninguna banda ni ningún representante o interlocutor suyo, ya que "ETA ha sido derrotada y no puede esconder su derrota".
Sin embargo, y respecto a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, admitía que las resoluciones judiciales hay que acatarlas, se entiendan o no, ya que no se puede aplaudir a los jueces cuando se es favorable a lo que dicen y criticarlos cuando no. "Cuando no nos gusta, la culpa no es de los jueces que aplican la Ley, sino de nosotros como legisladores. Todos sabemos dónde está Sortu, la izquierda abertzale y lo que es ETA. Tenemos que tener una actitud firme, rotunda, de que no basta con que ETA nos regale de rodillas su intención de no ejercer la violencia, sino que es una organización criminal que tiene que ser disuelta. Lo más grave es ver cómo un partido de gobierno como el PNV se ha dejado atrapar y se ha manifestado con la izquierda abertzale en las calles", lamentaba.
Por último, decía entender las críticas de las asociaciones de víctimas ante el rápido cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo, pero también a los jueces por no tener otra alternativa que aplicar la Ley. "Tanto la Audiencia Nacional en el caso de etarras como las Audiencias Provinciales en caso de criminales comunes no tenían alternativa a lo que hicieron. Que los jueces hayan cumplido su deber no quita que no nos hagamos solidarios con el dolor de las víctimas. Tenemos que asegurarnos que esto no vuelva a ocurrir, y por eso estamos introduciendo la figura de la prisión permanente revisable", concluía.
