El Congreso ratificó este jueves la propuesta de Mariano Rajoy de suprimir las tasas judiciales a lo largo de este año. Una desafortunada iniciativa de Alberto Ruiz-Gallardón que puso en pie a todo el estamento judicial español; magistrados, secretarios, letrados y usuarios. Un auténtico patinazo que Rafael Catalá, su sustituto en el Ministerio, ha tenido que modificar raudamente.
Las tasas, de esta forma, pasan abruptamente al olvido. Mucho empeño puso en su momento Gallardón en explicar que la subida no afectaría en realidad al ciudadano común, sino que se trataba de un paso para aliviar de peso excesivo a los juzgados, sobrepasados y desbordados con causas de escasa enjundia. Es decir, que para su impulsor, se trataba de una medida que pretendía aligerar de pleitos a los tribunales. Nunca se entendió así. Las tasas ya existían, siempre han existido, pero para las empresas, no para los ciudadanos de a pie. Y además, el entonces ministro, prácticamente las duplicó. Su aplicación resultó tumultuosa y agitada.
Pero el anterior titular de Justicia ha sido pródigo en llevar a cabo iniciativas polémicas que, posteriormente, han debido corregirse o, sencillamente, han pasado al baúl de los recuerdos. En algunas, acertó, como en su compromiso en cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La propuesta era elogiable. Serían los propios jueces quienes designaran a una parte de los miembros de su 'gobierno'. Se trataba de un paso en la dirección correcta y que superaba el pacto por la Justicia suscrito entre el PP y el PSOE en 1985. Pero lo que ahora denominan 'bipartidismo imperante' no lo permitió y Gallardón, muy a su pesar, hubo de embaularse su reforma entre sonrisas de circunstancias y ante la mal disimulada decepción de los profesionales y de buena parte de las fuerzas políticas y, desde luego, la sociedad. Una gran oportunidad de regeneración perdida.
Tampoco logró redondear su proyecto de crear la figura del fiscal instructor, dentro de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una medida aplaudida en este caso por la profesión pero sumamente criticada por jueces y magistrados. No obtuvo consenso, volvió a producir una fractura en el ámbito de la Justicia y tuvo que dar de nuevo marcha atrás.
La ley del aborto
Pero su momento cumbre fue el entierro de su proyecto de reforma de la ley del aborto de Rodríguez Zapatero. Gallardón, en este punto, actuó con lealtad y sensatez. Su ley abandonaba los plazos y volvía a los supuestos, es decir, a la que funcionó sin polémica en los gobiernos de González y de Aznar. Pero una movilización política y social de enorme magnitud, una gestión escasamente hábil de la propuesta y un bombardeo inclemente de las propias filas echó por tierra esta iniciativa que había sido ideada y hasta defendida, en su periodo inicial, por el propio presidente. Al cabo, se trataba de una promesa electoral incluida en el programa del PP. Pero no hubo tal y, al tiempo, se llevó por delante al propio Gallardón, a quien Rajoy había retirado su confianza desde mucho tiempo atrás.
Con la retirada de las tasas desparece, pues, el último vestigio del paso de Ruiz-Gallardón por un Ministerio en el que, pese a su condición de fiscal, nunca encajó. Tuvo problemas con toda la familia judicial. Incluso terminó tarifando con su fiscal general del Estado, con altos cargos de su departamento y, desde luego, con medio Gobierno. El autodefinido como 'verso suelto' del PP, alcalde de alocado gasto y deuda indecente, se vio forzado a abandonar la política activa. Se refugió en los acogedores despachos del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, un chiringuito huero de sentido alguno que propicia jugosos emolumentos a políticos periclitados que por allí aterrizan. Desde hace unas semanas, además, Ruiz-Gallardón ya puede ejercer como abogado. Muchos bufetes se lo disputan. Pero tendrá que esperar un tiempo, para no incurrir el pecado de puerta giratoria.
