El Juzgado de Instrucción número 7 de Getafe ha citado a declarar el próximo 21 de noviembre en calidad de imputados al exalcalde de la localidad, Pedro Castro; a su hijo, David Castro; y al actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Manuel Vázquez, en el caso de la presunta adjudicación irregular de plazas de aparcamiento. El auto, fechado a 3 de octubre y al que ha tenido acceso Europa Press, hace referencia a la causa abierta tras la denuncia del PP hace dos años sobre una posible irregularidad en la adjudicación de 1.200 plazas de aparcamiento por parte del Ayuntamiento de Getafe, entonces gobernado por el PSOE, en la localidad.
La exedil de Obras Públicas, Cristina González, ya fue imputada en el caso después de que se conociera que la adjudicación de las plazas se hizo a una empresa donde su madre era tesorera y su marido presidente, y no se abstuviera en la votación de la mesa de contratación.
En el auto se recuerda que las diligencias del caso siguen abiertas y que pese a que se ha recibido un informe de la Sección de Fiscalización de contratos públicos de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, por parte del Ministerio Fiscal se solicita en este momento el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Según explica el juez, en dicho informe se pone de manifiesto una "serie de irregularidades en la tramitación del procedimiento administrativo de adjudicación y ejecución de los contratos públicos para la construcción y explotación de diversos aparcamientos en la localidad de Getafe".
Sin embargo, el Ministerio Público considera que dichas irregularidades "carecen de antijuridicidad penal no traspasando en su caso el ámbito de procedimiento administrativo sancionador", según se desprende del auto.
Instrucción insuficiente
No obstante, para el juzgado, "resulta a todas luces insuficiente" la instrucción practicada, y más cuando no se ha realizado "investigación previa alguna ni por parte de la Policía Judicial ni por el Ministerio Fiscal ante quien se presentó inicialmente la denuncia". Y recuerda que es precisamente, a partir del informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, "cuando se ha evidenciado nuevos datos que amplían la vía de investigación, no existiendo motivo alguno para que la instrucción quede cortada o interrumpida sin indagar sobre las causas de tal desatención a las normas legales administrativas por parte del Ayuntamiento".
El Juzgado entiende que es "contrario a una instrucción eficaz y respetuosa con el derecho a una tutela judicial efectiva y con los bienes jurídicos protegidos", no practicar unas "diligencias mínimas" tendentes a esclarecer el motivo de estas supuestas irregularidades. En su opinión, son unas diligencias que "resultan esenciales para el adecuado esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias".
El fin, continúa el auto, es que se pueda determinar si estas circunstancias "no traspasan el ámbito administrativo o bien sirvieron de medio para la perpetración delictiva enmarcada en diversos tipos penales" como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios, "máxime cuando existen medios razonables para despejar las posibles dudas al respecto".
Ante esta situación, con el contenido del informe, y teniendo en cuenta que existen diligencias de investigación acordadas que aún no se han completado, el Juzgado entiende que "no resulta procedente en este momento procesal" acordar el sobreseimiento de la causa, tal y como pedía la exedil imputada.
Imputaciones
Entre otras cosas, el Juzgado llama a declarar como imputados para el próximo 21 de noviembre al exalcalde de Getafe Pedro Castro; a su hijo, el exconcejal de Hacienda del mismo Consistorio, David Castro; y al actual portavoz del Grupo Municipal Socialista y exconcejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez, entre otros.
También se pide a distintas sociedades implicadas en la adjudicación que presenten los balances contables desde su constitución y se requiere al Ayuntamiento de Getafe que en un plazo de cinco días se informe si por dicha Corporación en el mes de junio de 2009 o en otras fechas se contrató la realización de auditorías de balances de las cooperativas con remisión, en su caso, del resultado de las mismas.
En la misma dirección, se requiere al Consistorio getafense que en un plazo de diez días se informe sobre las cantidades que en su día hayan sido abonadas a las cooperativas implicadas, el concepto de dichos pagos, el respaldo contractual o administrativo al que obedecían y que se emita un informe sobre si, a su criterio, en la ejecución de dichos contratos se causó perjuicio a las arcas municipales y en su caso, en qué cuantía.
Estas sociedades son Roblepark S.L., Estudio 23 S.A y las Sociedades Cooperativas Jilguero 2005, presidida entonces por el marido de la exconcejala imputada; Valdemorillo 2005, Plus Ultra 2005, Avenida de Aragón 2005 y Gabriel y Galán 2005.
