El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, al pago de 393. 862 euros, por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato público para el alquiler de unas oficinas con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado, el conocido como caso San Antonio.
Ambos dirigentes han sido condenados por su "responsabilidad contable" en este caso, junto al resto de representantes de la Corporación, por el departamento presidido por la magistrada María Antonia Lozano, por firmar con el empresario Gonzalo Antón el contrato público para alquilar estas oficinas en 2007.
El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros
El contrato, firmado por el Gobierno municipal en el que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, según señaló la Comisión de Investigación municipal creada en su día en torno a este asunto, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.
El Tribunal de Cuentas ha estimado parcialmente las demandas formuladas por el actual Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el PNV, y los representantes del PSE-EE y el partido jeltzale en el Consistorio. El órgano fiscalizador cifra en 393.072,31 euros el perjuicio causado a los fondos públicos del Ayuntamiento, y declara "responsable contable directo" de dicho quebranto a Maroto, Alonso, Miguel Ángel Echevarría, Encina Serrano, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz, Alfredo Iturricha, Marian Castellanos e Idoia Garmendia, todos ellos miembros del Gobierno municipal del PP que firmó el contrato en 2007.
El Tribunal condena a todos ellos, como "responsables directos y solidarios de los perjuicios ocasionados en los fondos públicos del Ayuntamiento de Vitoria" al pago de los 393.072,31 euros en los que se ha cifrado el quebranto a las arcas públicas. Este Tribunal absuelve, no obstante, a Maroto y a los dos concejales de Hacienda que le sucedieron en el cargo, Marian Gutiérrez (PSE) y Manuel Uriarte (PP), de la responsabilidad contable "por alcance" formalizada contra ellos por "incorrecta actualización de renta" en los años 2009, 2012 y 2013.
Tanto Alonso como Maroto recurrirán de inmediato la sentencia. Fuentes del Partido Popular aseguran que la ponente de la sentencia en el Tribunal de Cuentas es de Izquierda Unida y que el asunto por el que les condenan es una mera cuestión contable.
