Barcelona ha declarado la guerra a los apartamentos turísticos ilegales. Madrid está en ello: ya cuenta con una normativa específica para el sector, pero no convence a los empresarios hoteleros de la región. Sigue los pasos del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, que este miércoles cerró 35 pisos turísticos después de hacer más de 150 inspecciones especialmente en la zona de la Barceloneta.
El alcalde de la ciudad, Xavier Trías, dijo en declaraciones a la emisora RAC1 que no sólo se cerrarán los irregulares, sino también los legales “en los que se hacen acciones incívicas constantes”. La Policía está aplicando una política de mano dura tras los incidentes que se han producido en las últimas semanas y que han terminado con vecinos manifestándose contra este turismo low cost. Barcelona estaba sufriendo en los últimos meses el contagio de algunas localidades como Lloret y Salou donde los turistas llegan a pasar unos días y emborracharse por poco dinero. Los vecinos se movilizaron tras las molestias y algunas gamberradas en la zona de la Barceloneta, donde, entre otras gracias, entraban a comprar a los supermercados desnudos y con bastantes copas.
Mientras, en Madrid se ha puesto en marcha el nuevo decreto del Gobierno regional que regula esta actividad que ha hecho polvo a los hoteles, sumidos ya en una grave crisis económica. El alquiler de apartamentos turísticos se ha disparado por Internet, pero no ha llegado a la situación de crisis de Barcelona. Decenas de páginas de Internet ofrecen apartamentos en el centro de la ciudad a precios más baratos que los hoteles, lo que ha disparado la demanda de estos pisos.
Los hoteleros madrileños protestaron por lo que creen competencia desleal de este tipo de negocios que dicen que no pagan impuestos, ni cumplen ninguna medida de seguridad e higiene y no tienen ninguna garantía para el consumidor “pues carecen de hojas de reclamaciones”. Consideran que este negocio no crea empleo, más allá del reparto de llaves y la limpieza. Creen, incluso, que no poner coto al alquiler de pisos para turistas haría perder otros 3.000 empleos en el sector.
Las nuevas condiciones
Los empresarios calcularon que había más de ocho mil viviendas en alquiler ilegales en Madrid. Consideran que el decreto, que fue aprobado en julio, legaliza este negocio, salvo que pusiera condiciones para acceder a este mercado y podría triplicar el número de viviendas hasta las 24.000 (95.000 plazas hoteleras). Esa cantidad de camas supondría un incremento de la capacidad de Madrid de un 85,6% respecto a la actual. “Sería la ruina para muchos”, decía el director de un hotel a Vozpópuli.
El Gobierno regional escuchó “la preocupación” de los empresarios y puso como condición para otorgar el permiso de operador ocupar el piso cinco noches. En principio, el Gobierno quería que bastara con dos noches. Además, los empresarios del sector deberán inscribirse en un registro para su posterior posible inspección.
Habrá que esperar a conocer si las empresas o particulares que con un negocio legal recuren la condición de tener que dormir cinco noches para ser considerado apartamento turístico legal. Muchos consideran esta norma como un ataque a la libre competencia. Los hoteleros de Madrid dicen que en Nueva York y San Francisco se exigen entre 25 y 30 días para poder recibir el permiso para operar.
La Comunidad ha legislado, pero ahora deberá ser el Ayuntamiento de Madrid el que haga las revisiones de las licencias y permisos. Todo este reparto de competencias retrasará la solución, creen en el sector.
Paralización
Los empresarios de hoteles y hostales madrileños llegaron a pedir en julio la paralización del decreto que “legalizaba” estos pisos y se quejaron, una vez más, de la falta de un plan de promoción turística. Llegaron a crear la Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid, con el apoyo de la patronal CEIM, ante la falta de un solo organismo que ‘vendiera’ Madrid en el mundo.
Esta última asociación afirma no estar en contra de la existencia de estos establecimientos, pero insiste: son necesarios unos requisitos mínimos de seguridad, convivencia vecinal, evitar las malas prácticas y la competencia desleal y proteger la imagen turística de calidad de Madrid.
Creen básica la exigencia de una licencia municipal y de actividad, que sirva para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad e inspección. “La Comunidad de Madrid no se puede limitar a tramitar un título administrativo y reclamar un teléfono de contacto y su inscripción en un registro”, añaden.
Los requisitos mínimos deberían ser: planes de emergencia; sistemas de alarma y vídeo; revisiones en las instalaciones eléctricas, cumplimiento de código de la edificación; aislamiento acústico y separación de la zona de residentes.
Creen que debe ser obligatorio un sistema de protección de la convivencia vecinal, con el aislamiento acústico de las viviendas turísticas, la separación de los timbres y la autorización del resto de vecinos del inmueble donde está situado el apartamento.
