España

Amenaza terrorista: España ha expulsado a una docena de imanes por su radicalización islamista

Los informes de los servicios de información y del CNI avalan las expulsiones. La amenaza terrorista se mantiene en nivel 4 sobre 5 ante los últimos acontecimientos

  • Detención de un presunto yihadista en una imagen de archivo.

España ha expulsado en los últimos cinco años a una docena de imanes por lanzar proclamas radicales y adoctrinar en posturas cercanas al terrorismo yihadista desde sus mezquitas, según los datos que ha podido comprobar Vozpópuli. Las órdenes ejecutadas por el Ministerio del Interior se basan en directrices establecidas para la protección de la seguridad nacional. Los informes de los servicios de información y del Centro Nacional de Inteligencia avalan sus expulsiones, supervisadas por la Justicia. La amenaza terrorista se mantiene en nivel 4 sobre 5 ante los últimos acontecimientos.

Las primeras expulsiones tuvieron lugar en el año 2018. Yassine Lafraiki, de 33 años y nacionalidad marroquí, era el imán de una mezquita de Corella (Navarra), donde había llegado hacía un año. Las autoridades españoles lo vincularon con una ONG acusada de financiar a Al Qaeda y le acusaron de lanzar proclamas enmarcadas en la línea salafista-wahabí, marcada por su radicalismo: “[Defendía] el establecimiento de un califato regido por la sharía sin descartar la lucha armada como medio”. El Ministerio del Interior, apoyado en informes del CNI, ejecutó su expulsión en marzo de ese año.

Un mes más tarde se echó de territorio nacional a Alaa Mohamed Said, de origen egipcio, que desde el año 2004 se desempeñó en mezquitas de Alicante, Valencia, Pamplona y Logroño. Fue la propia comunidad musulmana la que le despidió de uno de los templos de la capital riojana. Mohamed Said tendría vínculos con los Hermanos Musulmanes.

En septiembre de 2018 también se expulsó a un ciudadano marroquí de 39 años que ejercía como imán en La Rábita (Granada), donde propugnaba la aplicación de la sharía en España. Y en esas mismas fechas se adoptó la misma decisión sobre otro imán, en este caso en El Ejido (Almería), tras comprobar la radicalidad de sus mensajes, tanto en el templo como fuera de él. Antes había estado en Córdoba.

La misma tónica se registró en 2019. En enero se expulsó a un ciudadano marroquí de 42 años que ejercía como imán en San Agustín (Almería). En febrero, a otros dos religiosos que estaban radicados en Ceuta y Valencia. Y en abril, otro imán de origen egipcio que se encontraba en Navalmoral de la Mata (Cáceres) abandonó España de forma voluntaria, tras serle notificada la orden de expulsión. Por el contrario, no fue posible ejecutar la expulsión de un predicador jordano en Beniaján (Murcia), ya que había abandonado el domicilio con su familia y su paradero era desconocido.

Expulsiones en pandemia

La irrupción de la pandemia del coronavirus paralizó las expulsiones de imanes radicales en el año 2020 y tampoco hay datos registrados en 2021. Sí los hay en 2022, cuando se ejecutaron tres órdenes de expulsión sobre predicadores.

El primero atendía al nombre de Yahya Benouda. Tenía 51 años y era el imán de la mezquita de Talayuela (Cáceres). La Comisaría General de Información de la Policía Nacional -que lo investigaba desde el año 2006- consideraba que era “el máximo exponente en lo que se refiere a la difusión del salafismo en la comunidad musulmana”, con un “perfil y discurso radical, lo que le convierte en una amenaza para la seguridad y la estabilidad social”.

Entre otros, se le acusaba de “denostar los valores democráticos occidentales y propugnar la aplicación de la sharía por encima del ordenamiento legal español así como la segregación de la mujer”. También de proscribir “el saludo a las mujeres no musulmanas, la celebración de fiestas no islámicas y la utilización de la banca convencional”. Manifestó su afinidad con el movimiento radical marroquí Justicia y Caridad y con los Hermanos Musulmanes.

Y, en noviembre de 2022, se expulsó a otros dos individuos: Mohamed Said Badaoui, en Reus (Tarragona), y Amarouch Azbi, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), acusados de representar un peligro para la seguridad nacional por “la difusión de postulados radicales proyihadistas”. El primero estaba considerado un referente del salafismo y se le responsabilizaba de la extensión de la radicalización en la provincia de Tarragona.

Amenaza terrorista en España

Vozpópuli trató de acceder a los datos de personas expulsadas de España por motivos de seguridad en base a su radicalismo islamista, mediante una petición formulada por el Portal de la Transparencia al Ministerio del Interior. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska detalló que estas expulsiones se llevan a cabo sobre individuos que suponen una presunta amenaza contra la Seguridad Nacional. Sin embargo, rechazó ofrecer ninguna cifra, alegando que el acceso a la información supondría un perjuicio para la propia Seguridad Nacional, la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad pública.

La expulsión de los imanes, no obstante, figuran en los informes anuales publicados por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, todos ellos prologados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Fuentes de seguridad consultadas por Vozpópuli detallan que en 2023 se ha mantenido la política de expulsiones de personas que supongan una grave amenaza, por lo que la cifra de imanes obligados a abandonar territorio nacional -once, en este artículo- sería aún mayor.

A pesar de las informaciones que circulan estos días por redes sociales, España mantiene el nivel 4 sobre 5 de amenaza terrorista, con refuerzos puntuales en infraestructuras críticas.

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