Publicado: 01/06/2024 04:45
La ley de amnistía amaga con provocar un nuevo terremoto en la Fiscalía General. El criterio de los fiscales del procés acerca de que la malversación no tiene encaje en la norma puede generar fricciones con la cúpula de la institución, desde donde se está coordinando una respuesta conjunta que puede que choque con el sentir de los fiscales de la gran causa contra el independentismo catalán.
Fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli aseguran que los cuatro representantes del Ministerio Público que dirigieron la causa contra Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, entre otros, mantendrán su criterio sobre la amnistía. De hecho, ya lo han plasmado en un borrador que entregaron este jueves al fiscal general en el marco de la ronda de contactos que está manteniendo estos días tras aprobarse la ley en el Congreso.
La norma que pactó el Gobierno con sus socios de Junts y ERC afecta a decenas de causas vinculadas con la deriva soberanista de Cataluña. Desde los procedimientos abiertos en el Tribunal de Cuentas por el 9-N de Artur Mas y el 1-O de Puigdemont, hasta las causas de los CDR y Tsunami que se siguen en la Audiencia Nacional o la derivada del procés para Josep María Llové y Lluís Salvadó, pendientes de sentarse en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La legitimidad de los fiscales del procés
Se trata de procedimientos para los que el fiscal general prepara una respuesta conjunta, de acuerdo con la jerarquía que rige en la institución que dirige. Sin embargo, la situación puede complicarse en el Tribunal Supremo donde se ha investigado la causa troncal de procés y donde desde febrero se sigue otra por terrorismo contra Carles Puigdemont por su implicación en Tsunami Democràtic.
En este sentido, los fiscales Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Fidel Cadena han avanzado su respuesta sobre la amnistía en lo relativo al procés. Estos cuatro fiscales han liderado la acusación contra el gobierno catalán que lideró Puigdemont llegando a sentar en el banquillo a Oriol Junqueras y otros once de ellos por delito de rebelión.
Las fuentes consultadas explican que estos fiscales asumirán la respuesta del órgano cuando el alto tribunal pida informe a las partes tras la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado. Les legitima siete años al frente de uno de los procedimientos más relevantes de la democracia, así como su condición de fiscales de Sala del Tribunal Supremo, categoría equiparada por la Constitución a los magistrados del alto tribunal.
El cisma dentro de la Fiscalía puede surgir precisamente en relación a la respuesta que se pretenda dar en la causa sobre Tsunami Democràtic, de la que se ha abierto una derivada en el Tribunal Supremo que afecta a Puigdemont. Dichas diligencias corren a cargo de Ángeles Sánchez-Conde, 'número dos' del órgano y persona de máxima confianza del fiscal general.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo ya informó en contra de la apertura de esta investigación a Puigdemont, lo que provocó un auténtico terremoto dentro de la institución puesto que la mayoría de fiscales del alto tribunal inclinaron la balanza en sentido contrario, esto es, a favor de la investigación contra el líder de Junts por delito de terrorismo a tenor de los indicios que acreditó la Audiencia Nacional sobre el asunto.
Una orden por escrito
Ante este escenario la duda reside en si la Fiscalía ofrecerá dos respuesta en relación a las dos causas o bien si buscará la unidad de criterio. Si se opta por este segundo escenario los fiscales del procés tienen claro que mantendrán su negativa a la amnistía en lo relativo al dinero malversado con el 1-O. Si el fiscal general determina que debe prevalecer lo que dictamine su 'número dos', los fiscales del procés pedirán que se plasme la orden por escrito, según las fuentes consultadas.
Así pues, la situación podría propiciar que estos fiscales recurrieran al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El mismo se activa cuando el fiscal entiende que ha recibido "una orden o instrucción contraria a las leyes" o que considere "improcedente". En consecuencia el asunto podría forzar la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, como ocurrió cuando el TSJ de Cataluña se negó a actuar contra los responsables del la consulta del 9-N.
Por su parte, fuentes de la Fiscalía General del Estado trasladan a este medio que se desconoce a día de hoy quien asumirá la respuesta de la institución ante el Tribunal Supremo, aunque todo apunta a que Sánchez-Conde podría ser la encargada de emitir dicho informe. En ese sentido sería determinante lo que plasmase sobre el delito de terrorismo, teniendo en cuenta que es uno de los principales escollos al aval de la amnistía en Europa.
Lo que parece claro es que la amnistía agrava las grietas en una Fiscalía en horas bajas tras los últimos incendios durante el mandato de García Ortiz. De hecho, la decisión de otorgarle a la teniente fiscal el control de la causa contra Puigdemont no sentó especialmente en la Junta de Fiscales de Sala donde 12 de los 15 fiscales presentes apoyaron la tesis de que había que investigar a Puigdemont por terrorismo.
Cisma por la amnistía
El choque entre dos fiscales jefe de la Junta (Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa) en relación a este asunto generó una disyuntiva inusual en esta Junta y forzó que, de acuerdo a lo recogido en el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, fuera la teniente fiscal la que se pronunciara sobre el asunto. Al respecto algunos fiscales entendieron este choque de trenes en la Junta como una "maniobra" preparada para que fuera la segunda de García Ortiz la que resolviera desoyendo el criterio mayoritario.
Con todo, no es la única polémica que se ha vivido en la Fiscalía General en los últimos meses. El acuerdo entre PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez vino seguido de una cascada de acusaciones a jueces y fiscales del procés por presunta guerra judicial contra el independentismo.
Fiscales de toda España pidieron a su máximo representante que saliera a defenderle ante las continuas alusiones al 'lawfare', si bien el fiscal general se limitó a decir que no se pronunciaría sobre la amnistía hasta que no se aprobase. Ello provocó una dura reacción dentro de la institución donde se reprochó a García Ortiz su silencio sobre este asunto.
También en el Consejo Fiscal se han vivido enfrentamientos a raíz de la amnistía. El rechazo del fiscal general a pronunciarse sobre la ley a petición del Senado llevó a los vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales a remitir un informe especialmente duro con la polémica ley que tampoco se pudo abordar en una de las sesiones al argumentar el fiscal general que el Consejo no es competente para ello.
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JA,JA,JA, a esta peña se la bufa, y se la rebufan, la Constitución, la Leyes y los Jueces, estos tíos son lo que son, unos golpistas, como los que indultaron, estos solo dejarán el poder de manera violenta, como ya paso, desgraciadamente en este país, cualquier dia sacaran, en el Congreso una ley que diga que para votar, tienes que estar afiliado al psoe y un representante de esa secta, te dará la papeleta que tienes que meter en la urna......como el Congreso es soberano, aunque legisle contra la Constitución, pues nada lo harán....
El problema no son estos descerebrados políticos sino los descerebrados votantes que le dan sus votos. De no ser así, no habría problemas de separatistas, tampoco terroristas libres y España estaría unida. Mientras estos políticos de poca altura estaría buscando trabajo y España tranquila y bien.
La carrera fiscal debería anularse y dejar todo en manos de los jueces si esto sigue así.
Eso de que alguien tenga un hilo conductor directo con el poder dentro de la Justicia no es de recibo y va contra los propios cimientos de la democracia.
Bastó escuchar a Navajas para saber de que va el tema. Los fiscales si quieren quitarse el estigma y la desconfianza creada por Delgado, Navajas y ahora García Ortiz deberían ser contundentes. La carrera fiscal está siendo arrastrada por el suelo.