Italia quita los radares urbanos, pero España no para de montarlos: la mitad de los puntos negros siguen sin vigilar

Fin a los radares en los tramos urbanos. Así lo ha anunciado el Gobierno de Giorgia Meloni en Italia con el objetivo de evitar que el afán recaudatorio con el que estos se instalan. La medida sacará miles de radares de circulación, algo que ha sido muy celebrado por los automovilistas italianos, pero saca a la luz un debate que se vive aquí en España: ¿los radares buscan la seguridad del ciudadano o ingresar dinero?

Tal y como publicó Vozpópuli en base al último informe publicado por DVuelta sobre la ubicación de los radares, la mitad de los puntos negros de España no cuentan con un radar. Sin embargo, en los tramos con menos accidentalidad hay más radares que localizaciones: 25 radares en estos 20 puntos. Esto denota una tendencia: la DGT coloca radares en puntos donde sabe que los conductores pisan de más el acelerador, pero no en aquellos lugares donde hay más peligro de sufrir un accidente.

Una situación por la que ya se han quejado, por ejemplo, desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, pero que no parece cambiar los planes de la DGT o de los Ayuntamientos. Desde que los agentes publicasen su queja, la sección encabezada por Pere Navarro ha seguido comprando cinemómetros, pero sin conseguir el fin último de estos: reducir la mortalidad en carretera.

El número de fallecidos lleva estacando una década pese a que la DGT ha aumentado más que nunca durante este periodo la compra de radares fijos y móviles. Esto sí ha producido un aumento progresivo de la recaudación: en 2022, se superó de nuevo el récord con 507 millones de euros y todo apunta a que en 2023 volverá a rebasarse esa cifra, ya que hay más radares que entonces.

Los Ayuntamientos no se quedan atrás y lejos de tomar medidas similares a las de Italia, siguen apostando por aumentar el número de radares, aunque es cierto que en algunos casos estos buscan proteger puntos conflictivos. Es el ejemplo de Barcelona, que a finales de 2023 activó 12 nuevos radares de velocidad urbanos en entornos escolares, mientras que instaló otros cinco más en puntos conflictivos. Un hecho similar al ocurrido en Valencia con el fin de proteger a los peatones. En este caso, las medidas han sido aplaudidas por las asociaciones de conductores, ya que estos sí buscan proteger a los peatones.

Fuentes consultadas en DVuelta señalan que la colocación de radares en puntos donde puede haber peatones está justificada, ya que ahí "el exceso de velocidad puede ser muy peligroso". De ahí que tenga mucho más sentido que "en una recta de una autovía" con buena visibilidad. Pese a ello, estas mismas fuentes sostienen que la administración "por lo general" no utiliza esta tecnología "para lo que se concibió, que es controlar la velocidad para evitar el riesgo" y que esta se usa "para recaudar".

Estas mismas voces apuntan que la mayoría de radares "no se colocan donde verdaderamente hacen falta, sino donde hay mucho tráfico con límites de velocidad artificialmente bajos", de tal manera que sea fácil multar. Ejemplo de esto es el radar del túnel de Costa Rica -a la entrada de Madrid, oculto tras una columna- o el de la salida de la M-30 hacia la A-5, donde sales a varios carriles y hay que vigilar de forma constante el velocímetro.

De este modo, lo ideal no es eliminar los radares urbanos como ha hecho Italia, sino asegurarse de que estos se colocan en puntos donde realmente es importante disuadir al conductor de pisar en exceso el pedal del acelerador, como en colegios, calles colindantes a zonas peatonales o áreas muy concurridas.