Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que critica duramente las medidas adoptadas por las autoridades para proteger a las personas mayores durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En concreto, aseguran "que las medidas adoptadas por las autoridades para responder a la pandemia covid-19, en Cataluña y Madrid, han sido ineficientes e inadecuadas y han vulnerado al menos cinco derechos humanos de las personas mayores residentes".
"En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna", asegura Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional en España.
En la nota sobre el informe, Amnistía Internacional apunta directamente a los recortes en materia sanitaria que se han realizado en España: "La denegación del derecho a la salud a personas mayores está fuertemente vinculada con las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad en España. La década de los recortes sanitarios y sociales ha debilitado el sistema de salud público, deteriorando el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria".
"Los efectos del desmantelamiento del sistema sanitario de salud pública se han manifestado en Madrid y Cataluña en la atención de personas mayores de residencias durante el pico de la primera ola de la pandemia (en marzo y principios de abril) de varias maneras: por un lado la falta de protección del personal que allí trabajaba, que no contaba con EPI (equipos de protección individual) ni pruebas (PCR)", critica el texto.
"Una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede depender del grado de dependencia. Las autoridades deben protegerlos", dice Beltrán.
Las medidas han llegado tarde
Amnistía Internacional relata que a pesar de que se han "mejorado determinados aspectos", hay algunas cuestiones que "siguen vigentes en la segunda ola de la pandemia que estamos viviendo". "Siguen sin estar plenamente garantizadas las visitas a familiares, que en la práctica continúan dependiendo de la decisión de cada residencia. Además, las disposiciones en los protocolos de derivaciones de Madrid y Cataluña, que recomiendan tratar a las personas mayores en las residencias y no trasladarlas a los hospitales, resultaron discriminatorias y no han sido aún modificadas", apuntan.
Además, aseguran que "todavía no se han tomado medidas de refuerzo de personal suficientes para atender las necesidades que puedan surgir ante los riesgos de alta presión asistencial existentes". "Las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma de Madrid y la Generalitat de Cataluña se elaboraron e implementaron de forma ineficaz y no llegaron a dotar de acceso adecuado a los servicios de salud a las personas mayores que viven en residencias", critican.
El personal, sin protección ni recursos
Uno de los puntos más importantes del informe es en el que se explica el motivo de porqué afectó tanto el coronavirus en las residencias de mayores: "El virus se esparció con mucha rapidez en las residencias porque el personal cuidador está en continuo contacto con las personas residentes y no contaban con protección. Esa falta de protección asimismo supuso un gran número de bajas de personal, que han impactado en el cuidado de las personas mayores en residencias y la gestión de la atención sanitaria".
Diana, trabajadora de una residencia pública de Madrid, cuenta que cuando comenzó la pandemia a mediados de marzo: “Ya que no nos daban EPI, optamos por hacernos los EPI de la fortuna o de la gloria, batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico, no hemos tenido ningún tipo de protección”.
Con todo ello, Amnistía Internacional insta a que las autoridades adopten medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respeta los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la salud y a la no discriminación de las personas mayores que viven en residencias.
