Este 2024 que arranca el foco estará puesto en la Administración de Justicia. A los retos habituales que afronta año tras año y que se traducen en una necesaria digitalización y una reducción de la carga laboral, este ejercicio quedará marcado por dos asuntos determinantes: la necesaria renovación de un CGPJ que ha cumplido un mandato completo de cinco años en funciones y la tramitación de la amnistía.
Este último punto se ha convertido en epicentro de la vida política y jurídica en los últimos meses y del mismo han derivado ataques continuados y sin precedentes a los jueces que en 2024 se mantendrán en el marco de las comisiones sobre el presunto 'lawfare' contra el independentismo catalán.
En ese contexto, se aprobará la primera ley de amnistía en la historia de la democracia española. El asunto es crucial porque la norma se aplicará en todas las causas del procés que se han seguido contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros muchos actores del secesionismo catalán. En el plano estrictamente jurídico, la clave reside en lo que dictamine el Tribunal Constitucional sobre la norma y en su aplicación por parte de los diferentes tribunales.
Hasta este momento, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y otros órganos que dirigen las causas del procés han mantenido un silencio sepulcral a la espera de que la ley se publique en el BOE. Pero desde que eso ocurra, todos los actores jurídicos de estas causas, empezando por la Fiscalía, comenzarán a pronunciarse sobre la norma y a pedir criterio tanto al tribunal de garantías, como al Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), órgano este último que dictaminará si la ley infringe preceptos del Derecho Comunitario.
Situación límite en el CGPJ
Así pues, este 2024 empieza especialmente convulso en los tribunales, convertidos en protagonistas diarios de las crónicas por las acusaciones de 'lawfare' y falta de independencia judicial. Uno de los entes más señalados en estos últimos meses es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces atraviesa su momento más crítico tras más de diez años operando, de los cuáles cinco han sido en funciones.
El órgano despide un año especialmente gris en su historia y por el que han desfilado dos presidentes, tras la jubilación de Rafael Mozo, quien, a su vez, sustituyó a Carlos Lesmes. Además, desde que opera en funciones ha pasado de tener 21 vocales a un total de 16, predominando la mayoría conservadora. La polarización en el Pleno ha ido en aumento y se ha dejado ver en pronunciamientos tan importantes como la negativa a avalar por primera vez a un fiscal general, o la primera declaración institucional contra la amnistía.
Sin embargo, el clima de tensión que se vive en el órgano no impidió que en diciembre se aprobara por unanimidad una declaración de rechazo a las comisiones de investigación parlamentarias contra los jueces. Con todo, la retirada de las funciones que tenían atribuidas por ley está dificultando enormemente el normal funcionamiento de la Administración de Justicia.
Esto es así porque el PSOE junto con Podemos impulsaron en marzo de 2021 una ley para impedir al actual consejo efectuar nombramientos en la cúpula del Poder Judicial. El resultado se traduce en una crisis sin precedentes con un total de 85 plazas vacantes en la cúpula del Poder Judicial, de las cuáles 36 corresponden a los tribunales superiores de justicia; 25 a audiencias provinciales y una en la Audiencia Nacional. Aunque la peor parte se la sigue llevando el Tribunal Supremo.
El alto tribunal cerró 2022 con 19 plazas pendientes de nombrar, lo que supone el 20% de la plantilla. Un año después, la cifra asciende a 24 tras la salida hace apenas unos días del magistrado de la Sala de lo Civil Juan María Díaz Fraile. Así pues, en esta Sala hay 3 plazas vacantes, en lo Penal una, en la Sala de lo Contencioso asciende a 11, en la Sala de lo Social 6 plazas y, finalmente, en lo Militar, un total de 3 vacantes. Ello se traduce en un 30% de la plantilla del Tribunal Supremo pendiente de nombrarse.
El Tribunal Supremo cuenta ya con el 30% de su plantilla pendiente de nombrar ante el bloqueo del CGPJ, el cual tiene impedido efectuar nombramientos desde la reforma legal de 2021
El bloqueo, además, solo puede ir a peor porque se esperan más jubilaciones de cara a 2024. Es por ello que la renovación del CGPJ y, consecuentemente, el nombramiento de todas estas plazas pendientes se convierte en un asunto de carácter prioritario para la Justicia. Además, a diferencia de años anteriores, en los próximos meses la Comisión de Justicia de la UE podría tomar cartas en el asunto ante los reiterados avisos de que se debe renovar de urgencia el órgano de gobierno de los jueces. De nuevo el foco se pone en PSOE y PP que a día de hoy siguen lejos de sellar el esperado pacto.
A esta nueva problemática que sacude la Administración de Justicia, se suman desafíos más tradicionales que podrían también agravarse si el nuevo ministro del ramo, Félix Bolaños, no les da solución. El primero de todos ellos es la necesidad de dar cumplimiento al acuerdo pactado en mayo entre el Gobierno y asociaciones de jueces y fiscales para materializar el aumento salarial y la convocatoria de plazas judiciales.
La convocatoria en mayo de una huelga indefinida por parte de la práctica totalidad de la carrera judicial alertó al entonces equipo de Pilar Llop hasta el punto de que se comprometieron a retomar la Mesa de Retribuciones cuya creación se acordó por ley en 2003.
Colapso en la Justicia
La norma se aprobó para regular el sistema retributivo de los jueces y estableció que cada cinco años se reuniría la Mesa participada por el Ministerio de Justicia, de Hacienda, el CGPJ y la Fiscalía General. Sin embargo, no fue hasta el anuncio de convocatoria de huelga de los jueces cuando el Gobierno la convocó.
A pesar del preacuerdo alcanzado, este 2024 arrancará sin que el Gobierno haya cumplido con uno de los extremos del pacto relativo a la creación de 100 plazas adicionales de acceso a la carrera judicial para 2023 y otras 100 para el año que arranca. Parte del motivo se debe al parón legislativo con motivo de las elecciones.
Con mejor proyección arrancan el año los funcionarios de Justicia. El colectivo puso fin en julio a las huelgas indefinidas que impulsaron tras la subida salarial acordada para los letrados de la Administración. Sin embargo, ha despedido este 2023 con nuevas protestas, aunque confía en que se materialice el compromiso del nuevo secretario de Justicia, Manuel Olmedo, de retomar el diálogo en enero. En la mesa, la misma reivindicación de abril: un implemento retributivo para el colectivo.
Otro de los focos de presión que darán que hablar en 2024 reside en los abogados del turno de oficio. Hace apenas unos días Félix Bolaños anunció su compromiso de aumentar el sueldo a este colectivo en las comunidades que no tienen transferidas las competencias en Justicia. En las últimas semanas también ha impulsado protestas por la falta de medios y la rebaja salarial que sufrieron en 2008 y de la que no se recuperan.
