El Ayuntamiento de Madrid se comprometió en un contrato a echar de sus casas a las 131 familias que disfrutaban de una vivienda protegida para vender cinco edificios a un grupo inmobiliario por 21 millones de euros. Así consta en el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que la institución que dirige Ana Botella se compromete por escrito a “hacer sus mejores esfuerzos para liberar la finca de arrendatarios, iniciando tal acción desde el momento de la firma del presente contrato”.
El contrato compromete al Ayuntamiento a echar a los vecinos de sus casas porque establece una cláusula de penalización de entre 31.848 euros como mínimo y 117.256 euros como máximo por cada vivienda que todavía esté habitada en el momento en que se produzca la venta, según consta en ese documento. El texto considera “okupas” a los inquilinos que puedan permanecer en sus hogares y establece una cláusula con la siguiente redacción: “Para las unidades que haya Okupas en el momento de la formalización de la compraventa, las partes establecen una penalización en el precio del 25% del mismo”.
El contrato de opción de compra viene firmado por el consejero delegado y apoderado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), Fermín Oslé, y los representantes del grupo inmobiliario Renta Corporación, especializado en la adquisición, rehabilitación y venta de inmuebles ubicados en lo que la misma empresa define como "localizaciones prime de grandes ciudades". Por mantener esa opción de compra, la inmobiliaria entregó al consistorio 300.000 euros y 63.000 más en impuestos y se comprometía a pagar hasta 21 millones de euros si el Ayuntamiento conseguía desalojar las viviendas.
El Ayuntamiento se comprometió a “hacer sus mejores esfuerzos para liberar la finca de arrendatarios"
La Empresa Municipal no ha respondido a las cuestiones planteadas por Vozpópuli pero una portavoz de Renta Corporación sí ha aclarado que la compañía recuperó ese dinero al dar por fallida una operación que se firmó en octubre del año pasado. "Al no cumplirse lo pactado en la due dilligence -explica el grupo inmobiliario- se renunció al contrato ante el conflicto social al que dio lugar y que podía generar".
Un proceso de venta no descartado
Renta Corporación ha renunciado ya a esa operación, aseguran fuentes de la compañía que añaden que "ya no hay ninguna conversación con el ayuntamiento". Sin embargo, el consistorio sigue a día de hoy intentando desalojar a esos vecinos, según denuncian algunos de ellos. Los inquilinos se han agrupado en un movimiento llamado "¡Yo no me voy!" que agrupa a las 131 familias que viven en esos cinco edificios y a otros 70 de otros bloques que denuncian situaciones similares. Según esos vecinos, a día de hoy algunos de ellos han dejado de recibir los recibos municipales como parte de lo que denuncian es una "maniobra municipal" que pretende declararles morosos para poder desalojarlos, denuncia el presidente de esa organización, Alberto Romeral.
Los inquilinos aseguran que esas presiones para el desalojo continúan a día de hoy hasta el punto de que han recibido nuevas cartas instándoles a abandonar los pisos fechadas el pasado 10 de abril. Por ese motivo, han presentado una querella contra el Ayuntamiento de la capital por mobbing inmobiliario, que está pendiente de calificación por parte del ministerio fiscal.
