El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un servicio jurídico compuesto de 79 empleados, pero a la hora de hacer Expedientes de Regulación de Empleo tira de despachos externos. Ana Botella, de momento, solo ha despedido en las empresas que dependen del Consistorio: empezó con Madrid Arte y Cultura (Macsa), continuó con Madrid Espacios y Congresos (Madridec, cuyo ERE acaba de terminar) y quiere seguir con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), la cual podría disolver, según lo publicado en los últimos días.
Y por segunda vez, la alcaldesa ha vuelto a reincidir: se ha vuelto a pagar por la memoria de un ERE con errores. Concretamente, 12.000 euros han sido abonados al bufete de abogados JGH, como lo prueba un presupuesto en posesión de este medio. La cifra no incluye el IVA, ni tampoco “actuaciones judiciales o no posteriores al cierre del periodo de consultas”. Más adelante se añade que “cualquier actuación no contemplada entre los trabajos expresamente incluidos será factura aparte”. Así que, casi con total seguridad, lo que ha cobrado JGH supera los 12.000 euros de marras.
¿Dónde está el error? El informe de JGH no incluye la venta del edificio Apot, en Campo de las Naciones, por algo más de 40 millones de euros a la promotora Rilafe. Expropiedad de Madridec, el Apot será a su vez alquilado por el Consistorio durante los próximos diez años por 43 'kilos', y en él están las oficinas del área de Urbanismo.
Pagar 12.000 euros a un despacho por elaborar un expediente de regulación (que afectará a 22 de los 90 trabajadores aproximadamente) no debería de suponer mayor escándalo si no fuera porque se trata de una empresa municipal, Madridec, que mientras por un lado despide trabajadores para ahorrar 1,5 millones, por otro no escatima en gastos: de acuerdo con las últimas informaciones, Madridec se dejó 50.000 euros en reinaugurar el Palacio Municipal de Congresos hace dos semanas, mientras negociaba el ERE. La empresa gestora del Madrid Arena abonó 15.000 euros en azafatas y moqueta, 10.000 por un cóctel para los invitados, 6.000 por un vídeo y 20.000 por una planta.
Otro motivo de preocupación: en apenas cuatro meses, el Ayuntamiento costea dos informes con errores. La memoria encargada a Ernst & Young salió por 17.000 euros y su precio no estuvo exento de polémica, ya que los fallos que contenía desbarataron el ERE inicial sobre Macsa planeado por el equipo de Gobierno. Finalmente, sindicatos y Consistorio llegaron a un acuerdo que supuso la reubicación de una cuarentena de empleados de esta empresa y alguna que otra baja incentivada. Para el ERE de Macsa, Botella también pagó 20.500 euros al célebre bufete Sagardoy.
