Ironías de la vida, la publicación en este medio de un informe penosamente redactado (no valen alegaciones técnico-jurídicas) en el que se aprecia una deuda de más de 15.000 euros del oscuro promotor Miguel Ángel Flores al ayuntamiento capitalino, ello a nueve días del trágico Thriller Music Park, coincide con el Pleno municipal que hoy tiene lugar; pleno que tocará por fin el tema del Madrid Arena tras la igualmente penosa (por otra parte, esperada) comisión de investigación que se abrió sobre el tema y se cerró como empezó; pleno, finalmente, en el que la alcaldesa Ana Botella está obligada a defenderse y justificar lo injustificable, todo un trago amargo, un caliz difícil de apurar para una regidora que allí donde va destila un nivel de expresión oral, una capacidad retórica no muy lejana al infumable documento de Madrid Espacios y Congresos.
¿Qué dirán Botella y los suyos? Que nadie espere un debate de altos vuelos: con el guión aprendido al dedillo, el equipo de Gobierno seguirá las pautas de la comisión y defenderá que el malo malísimo de esta película es Flores; que en Cibeles (dirigida por el PP desde 1991) nadie sabía nada; que hay vídeos pululando por ahí que evidencian la culpabilidad de la empresa organizadora, nunca del Ayuntamiento, etc., etc... La única nota disonante, y no es seguro que vaya a ser así, será la intervención de la alcaldesa.
Sin embargo, los videos han adquirido a estas alturas un tono más emocional que dialéctico: nadie duda de la responsabilidad de Flores, pero sí de la que debería asumir el Consistorio. Como esta semana contaba un jurista relacionado con el caso a Óscar López-Fonseca y a mí mismo, “el primer círculo de responsabilidad reside en la persona que provoca la superación del aforo, pero luego hay más círculos, máxime cuando se cede un espacio que solo debe servir para organizar actos deportivos y no festivales alocados, y cuando se firman contratos de forma reiterada con una empresa cuyo historial es más que dudoso”. Y es que el asunto del Madrid Arena comporta un tráfago judicial de envergadura, para el que apenas existe una sólida jurisprudencia sobre la que poder dictaminar. La tragedia de la Love Parade en Duisburgo en 2010, en la que murieron 20 personas también aplastadas, acabó con condenas por homicidio que cayeron sobre altos cargos del gabinete del alcalde, Adolf Sauerland. El propio regidor se libró (como probablemente ocurrirá también con Botella, aunque no está tan claro que suceda lo mismo con todo su equipo de Gobierno), pero una iniciativa ciudadana le desalojó de la alcaldía por abrumadora mayoría en febrero de este año…
Los hechos son tozudos: un anónimo acaba de poner de relieve que el Madrid Arena seguramente carece de licencia de funcionamiento y actividades. Tampoco está resuelta la no necesidad de licencia urbanística, que hasta ahora ha permitido al ayuntamiento madrileño oficiar lecciones de edificación, jugada que le puede salir rana. O el papel jugado por la Policía Municipal, claramente insuficiente. O la capacidad para contratar de Madrid Espacios y Congresos, ejemplo de organismo municipal en el que abundan los amiguetes y paradigma de mala gestión desde la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, en cuyo ocaso multiplicó su deuda por cuatro (este año cerrará con números rojos por encima de 300 kilos). Más que de las respuestas de Ana Botella, hoy habrá que estar atentos al trasfondo de las intervenciones en torno a una tragedia que solo se cerrará con un juicio en toda regla. Más importante que el recado de Botella, es el mensaje en una botella.