Sin escaño, pero con indemnización. Los parlamentarios que no consiguieron ser elegidos tras las elecciones del 20 de diciembre y que aún no han conseguido dar el salto al mundo laboral cuentan con una prestación por cese. Son exdiputados de oro. Y es que a pesar de estar alejados de las sesiones de la Cámara Baja pueden cobrar, si así lo solicitan, hasta 3.000 euros en caso de no encontrar trabajo en la empresa privada. Otros que se resisten a dejar la política, tal y como publicó Vozpópuli, son los ministros, a los que Rajoy les prepara una salida bien remunerada.
Hasta un total de 64 exdiputados han pedido esta retribución al Congreso de los Diputados, entre ellos Ana Mato o Eduardo Madina
Se trata de una retribución regulada en la normativa de pensiones del Congreso de los Diputados ya que los exparlamentarios no tienen derecho a paro. Esta cuantía será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional -2.813,87 euros- por cada año de mandato parlamentario o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades. Así, la exdiputada del PP, Ana Mato, investigada en Gürtel tras recibir regalos para su familia durante su matrimonio con Jesús Sepúlveda entre los que se incluían viajes a Disneyland, fiestas o bolsos, cobrará esta compensación durante 19 meses. En caso de cobrarla íntegramente, la cuantía ascendería a 53.400 euros.
Este acuerdo de indemnización, que fue aprobado por la Mesa del Congreso en la reunión del martes pasado, es incompatible con cualquier otro ingreso del sector público o privado, según recoge el diario.es. De esta forma, si el exdiputado encuentra trabajo está obligado a comunicarlo a la Cámara para dejar de recibir esa mensualidad. Así lo hizo la exdiputada del PSOE Trinidad Jiménez. Solicitó la concesión el pasado 13 de enero, pero no la ha cobrado ya que se incorporó a Telefónica el 29 de febrero.
Más de 60 exparlamentarios lo solicitan
Hasta un total de 64 exdiputados han pedido esta retribución al Congreso de los Diputados, según informa el diario digital. Entre ellos destacan veteranos y jóvenes exrepresentantes de la Cámara Baja. El socialista Eduardo Madina, que se quedó fuera al ir en el número 7 de las listas del PSOE, ha solicitado esta indemnización durante un año. Así, tiene reconocida una cantidad máxima de 33.766,44 euros.
De todos, diez cobrarán esta cantidad durante más de un año. Julio Villarrubia (PSOE), durante 19 meses; Ignacio Gil Lázaro (PP), 24 meses; María Isabel López i Chamosa (PSOE), a quien le quedan 19 mensualidades; Alfredo Prada (PP), durante 14 meses; Miriam Blasco, Enrique Fajarnos, Amparo Ferrando, Vicente Ferrer y Juan Carlos Lagares -todos del PP- lo han solicitado durante 15 meses.
Esta indemnización es incompatible con cualquier otro ingreso del sector público o privado
La renuncia de Posada
Por su parte, el diputado del PP Jesús Posada ha renunciado a cobrar la indemnización que le correspondía como expresidente del Congreso para poder mantener su escaño por Soria durante la XI Legislatura, un puesto del que habría tenido que dimitir de aceptar la cesantía.
Posada percibía mensualmente unos 13.750 euros como tercera autoridad del Estado, incluyendo la asignación económica como diputado más el complemento como miembro de la Mesa del Congreso, la ayuda por ser parlamentario de fuera de Madrid y el dinero para gastos de representación y de libre disposición, todo ello multiplicado por catorce pagas. En total, una retribución anual superior a los 192.000 euros, la más alta de los altos cargos de la Administración General del Estado.
