A la juez que instruye el caso de los (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, le queda ya por citar a declarar a un reducido número de implicados, pero se encuentra con el inconveniente de que poseen la condición de aforados, lo que le obligaría a inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o del Tribunal Supremo y perder el control de la causa.
Después de que desfilen por su despacho la veintena de cargos y ex cargos de la Junta imputados en el auto de 28 de junio, entre los que se encuentra la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez; el actual viceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano y el ex interventor general Manuel Gómez, que será el primero en prestar declaración el próximo 25 de julio, a la instructora sólo le quedará ya apuntar directamente a ese grupo que gozan de inviolabilidad. Lo componen principalmente los ex consejeros Francisco Vallejo, hoy senador y también salpicado por el ‘caso Invercaria’; José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, diputados socialistas en el Congreso; la actual consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, el ex presidente andaluz Manuel Chaves, también hoy con acta de diputado nacional, y su sucesor, José Antonio Griñán.
Llegado el momento, y si la juez no da un paso en el sentido de continuar con la investigación, fuentes de la acusación consultadas por este diario aseguran que sería la hora de solicitar la apertura de una pieza separada sobre aforados y continuar con la instrucción para “atar todos los cabos y poder concluir un sumario que arrastra ya más de tres años de investigación judicial y policial”. Las mismas fuentes apuntan que “existe el precedente inmediato del caso Nóos”, después de que el juez José Castro abriera la puerta a la constitución de una pieza separada sobre lo que afecta al Ayuntamiento de Madrid cuando se encontraba al frente del mismo el hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La que fuera consejera delegada de Madrid 16 y ex directora del área de Deportes del Consistorio madrileño Mercedes Coghen, imputada por presuntos pagos que habría realizado al yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, y su socio, Diego Torres, para promocionar a través de su fundación la candidatura olímpica de la capital de España. El pasado febrero, Coghen llegó a declarar ante el juez Castro que el entonces regidor madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, estaba al tanto de esas operaciones.
El principal obstáculo que puede encontrar la juez Mercedes Alaya a la hora de dividir el caso es el que su decisión favorable a ello sea cuestionada por una instancia superior si ésta considera que se ha dado a cada pieza separada un tratamiento diferente, como si fuesen causas distintas, lo que iría en contra de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una maniobra arriesgada puesto que en el caso de los ERE hay una matriz que conecta a todos los implicados: el conocimiento de un sistema de concesión de ayudas fraudulentas.
