El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves por unanimidad la creación de una comisión de investigación relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde el año 2002 hasta la actualidad, incluida su gestión, evaluación y justificación.
El Pleno ha acogido el debate de dos propuestas de creación de comisión de investigación, una del PP-A, que ha sido rechazada, y otra de Ciudadanos, que es la que ha salido adelante. La del grupo popular ha contado con los votos a favor de Podemos e IULV-CA y el rechazo de PSOE-A y Ciudadanos (52 síes y 55 noes), mientras que la de este grupo, con 108 síes, ha tenido el apoyo prácticamente unánime de la Cámara (en los escaños del PSOE-A ha habido un voto en contra "por error").
La comisión de investigación, previsiblemente, será presidida por el diputado de Ciudadanos Julio Díaz (secretario segundo de la Mesa de la Cámara), en virtud de un acuerdo de esta formación con el PSOE-A, según han informado a Europa Press fuentes socialistas.
En defensa de la iniciativa del PP-A, el portavoz del grupo, Carlos Rojas, ha advertido de que se estamos ante el fraude de dinero público "más grave" de este país, de en torno a unos 3.000 millones, y que su partido lleva más de cinco años denunciándolo, presentando "centenares" de iniciativas en esta Cámara y reclamando la comparecencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "siempre se ha negado".
La comisión del PP, rechazada
Tras recordar que esta es la cuarta vez que el PP-A solicita la creación de una comisión de investigación sobre este asunto, Rojas ha señalado la "negligencia" del Gobierno andaluz con las ayudas a la formación y su "posible implicación" en el fraude y ha considerado necesario que las responsabilidades políticas se diriman en esta Cámara. "No vamos a parar hasta que no se recupere hasta el último euro", ha añadido.
El parlamentario 'popular' ha denunciado que la Junta ha "exonerado" ayudas "de forma masiva y a su antojo", en una decisión política "que enmascaraba un fraude gigantesco". Según ha indicado, con las ayudas a la formación ha habido "ausencia de control, arbitrariedad, falta de transparencia, clientelismo y un golpe brutal a nuestra comunidad en nuestro principal problema: la creación de empleo". Se hace necesario por tanto, a juicio de Rojas, "investigar lo ocurrido con todas las consecuencias, y sin medias tintas".
Acto seguido, compareció la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet para defender la iniciativa de su grupo, reivindicando la legitimidad que tiene esta formación para pedir la creación de una comisión de investigación, frente a un PP que tiene casos de corrupción en otras comunidades autónomas y que se niega a la creación de este tipo de instrumentos en estos territorios.
"No nos van a importar sus cargos, sus puestos ni su pasado", reivindican desde Ciudadanos
Bosquet ha querido dejar claro que C's solo tiene un objetivo con esta comisión: que se conozca la verdad y que se establezcan responsabilidades políticas, sin que la comisión se convierta en un "tribunal". También ha indicado que su formación no va a vetar la comparecencia de ninguna persona que pueda arrojar luz sobre este asunto. "No nos van a importar sus cargos, sus puestos, ni su pasado o presente porque no nos movemos por intereses partidistas ni electoralistas", ha apostillado.
Ha criticado que la comisión solo haya sido solicitada por dos grupos de los cinco que componen la Cámara y ha advertido a Podemos e IULV-CA de que "no se puede pretender ser director de una película cuando no se ha planteado el rodaje", en referencia a que estos grupos hayan solicitado la Presidencia de dicha comisión. También ha defendido Bosquet la necesidad de paralizar los trabajos de este órgano durante la campaña electoral de las generales "para no montar ninguna campaña mediática".
Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Rodrigo Sánchez ha dejado claro que su partido va a trabajar para esclarecer cualquier posible irregularidad y exigirá las responsabilidades a las que hubiera lugar, pero no va a admitir lecciones de moral ni de ética de un partido como el PP, "corroído por la carcoma de la corrupción" y donde varios de sus miembros han "saqueado las arcas públicas en beneficio propio".
Ha preguntado al PP si tiene intención de pedir también comisiones de investigación en las comunidades donde gobierna ante las irregularidades detectadas en la gestión de fondos públicos. Ha dicho que el PP-A, con la comisión de investigación, solo persigue montar un "circo mediático", intentar "sacar rédito electoral" y convertir al Parlamento en un tribunal de justicia, solicitando incluso la comparecencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
Sánchez ha insistido en que el PP-A no tiene legitimidad para solicitar una comisión de investigación, sobre todo, cuando sobre su presidente, Juanma Moreno, se cierne la sombra de la "ilegalidad en el cobro de sobresueldos". Ha señalado que el PSOE-A no cree necesaria una comisión de investigación, porque la justicia está investigando y el Gobierno siempre ha ofrecido información al Parlamento, pero que aún así participará en la misma de manera constructiva.
En su turno de réplica, Carlos Rojas ha reprochado al diputado socialista que haya venido a "embarrar" el debate y a lanzar "injurias" sobre Juanma Moreno y a "difamar" al PP. También ha preguntado al PSOE-A sobre la existencia de un "acuerdo secreto" con C's para que esta formación presida la comisión.
Podemos e IU piden consecuencias políticas
La portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, ha señalado que la corrupción en Andalucía no es un problema de "cuatro golfos o de manzanas podridas", sino que es un "lastre" para el desarrollo de Andalucía y está vinculada a un modelo productivo erróneo, como es el de subvenciones a gran escala y subvenciones pequeñas con ausencia de control y con un fin "electoralista".
Ha manifestado que hay que evitar que la comisión de corrupción sea solo una "oportunista piedra arrojadiza" en periodo electoral y ha indicado que la ciudadanía tiene derecho a saber qué ha pasado antes de votar en la elecciones generales y tiene que haber "consecuencias políticas". Ha señalado que este caso no un asunto de "cuatro golfos", sino que es fruto de una forma de gobierno que por una cara trae desempleo y por otra corrupción, y que pone de manifiesto una falta absoluta de transparencia en el manejo de los fondos públicos.
El portavoz de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha manifestado que las comisiones de investigación, una herramienta de control parlamentaria, se deben "normalizar" sin ninguna tragedia y ha querido dejar claro que con ellas no se pretende que el Parlamento sea un juzgado de instrucción. Se trata, según ha indicado, de estudiar minuciosamente lo sucedido para extraer y señalar responsabilidades políticas, así como una ratificación del Parlamento en la voluntad de transparencia.
Ha indicado que el hecho de que IULV-CA estuviera dispuesto en diciembre de 2014 a plantear una comisión de investigación sobre este asunto llevó a que el PSOE-A rompiera el pacto de gobierno y adelantara las elecciones. Ha señalado que el caso de los ERE y de la formación fueron "dos grandes maquinarias de clientelismo y de compra de la paz social". Ha apelado al sentido común y a la honestidad política a la hora de buscar la verdad en el seno de la comisión.
