Golpe de efecto de Ciudadanos en Andalucía. La formación que lidera Juan Marín y que forma parte del Gobierno bipartito de la Junta, junto al Partido Popular, ha 'fichado' al magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada Ricardo Puyol (Granada, 1974) para dirigir la recién creada Oficina Antifraude, también conocida como Anticorrupción, en el marco de la reciente Ley aprobada en el Parlamento. Se trata de un juez muy conocido, entre otros casos, por haber imputado en su día al actor Sean Connery en el llamado 'caso Goldfinger'.
Así lo ha anunciado la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Bosquet, al comparecer este lunes en calidad de responsable de Relaciones Institucionales de Cs en la sede de la formación liberal en Sevilla.
Ha sido a preguntas de los periodistas cuando Bosquet ha precisado la identidad de quien tendrá que ser refrendado en su cargo "por tres quintos del Parlamento", según ha concretado su presidenta tras elogiar la trayectoria de este jurista "de sobrado reconocimiento y prestigio", así como "extremada solvencia en la lucha contra la corrupción", ha destacado sin ofrecer más detalles y tras asegurar que se trata de una "semana histórica".
Ciudadanos es el único partido que ha propuesto un nombre para este puesto y es previsible que no haya obstáculos en la designación de Puyol, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
A mediados de los años 2000 Puyol era el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella. En esta sede judicial recayeron importantes sumarios contra la corrupción relacionada con Jesús Gil y sus concejales, principalmente en delitos urbanísticos, entre ellos el llamado 'caso Goldfinger', que tuvo como principal protagonista a quien encarnara al celebre agente 007. También fue imputada su esposa, además del considerado cerebro del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, como ex responsable de la delegación municipal de Urbanismo entre 1992 y 2006 (absuelto luego).
Amparo del Poder Judicial
Ricardo Puyol llegó a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de recibir innumerables presiones del Foreign Office británico (Ministerio de Exteriores británico), a través de su embajador en España, para que frenara la imputación de Sean Connery y desistiera de su procesamiento. Finalmente la responsabilidad penal de Connery quedó en agua de borrajas, refugiado como estaba en las islas Bahamas, donde contaba con residencia fiscal. Se trató de un grave caso de corrupción urbanística, unida a delitos fiscales (contra la Hacienda Pública), entre otros, que tuvo como epicentro los terrenos del antiguo chalé del actor en Marbella, que fueron rectificados por Jesús Gil, Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, en el marco de un gran 'pelotazo' mediante el cual se construyeron 72 apartamentos de lujo a pie de playa.
Otro de los casos sonados que instruyó Puyol fue el llamado 'caso minutas', que tuvo como principales acusados al expresidente del Sevilla F.C., José María del Nido, y el exalcalde de Marbella Julián Muñoz. Tal y como quedó acreditado en la sentencia que les condenó a ambos a abultadas penas de cárcel, el abogado sevillano giró una serie de facturas por sus honorarios al Ayuntamiento de Marbella que causaron un perjuicio patrimonial millonario a las arcas, por lo que Del Nido tuvo que indemnizar al Consistorio marbellí, al igual que Muñoz, este último insolvente.
Cuando saltó al panorama nacional el nombre de la juez Carmen Rodríguez-Medel, como instructora del 'caso Máster,' contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, diversos medios de comunicación atribuyeron a esta magistrada haber instruido importantes casos de corrupción municipal en Marbella, como el llamado 'caso convenios'. Realmente quien llevó el peso de las investigaciones y culminó todos los procedimientos fue el juez Puyol, quien sustituyó a Medel en la titularidad de la plaza: "las instrucciones estaban a medio hacer y sin conclusiones ni autos de procedimiento abreviado", aclaran a Vozpópuli fuentes cercanas al magistrado.
El nombre de Ricardo Puyol también estuvo en las listas de propuestos para formar parte, como vocal, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero finalmente no se materializó el nombramiento auspiciado en el marco de la cuota conservadora de magistrados que proponía el Partido Popular en el máximo órgano de gobierno de los jueces en España.
