La coalición de gobierno que forman desde enero de 2019 en Andalucía Partido Popular y Ciudadanos era, hasta el momento, puesta como ejemplo de unidad y cohesión por ambos partidos a nivel nacional, en comparación con otros gobiernos de esta índole que saltaron por los aires en distintas comunidades como Madrid, Murcia y Castilla y León. Sin embargo, las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre el llamado 'caso FAFFE' (Fundación Andaluza de Formación y Empleo) han hecho aflorar las primeras tensiones entre conservadores y liberales.
La formación naranja ha reprochado abiertamente a sus socios que quieran acotar la investigación judicial –paralela a la parlamentaria– a tan sólo 85 de los 1.000 supuestos 'enchufes' que se produjeron, entre 2003 y 2011, en este ente instrumental durante los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Entre los 85 citados contratos, absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tras la extinción de este ente instrumental, está el de Carmen Ibanco, la mujer del líder del PSOE-A, Juan Espadas, recientemente imputada en el proceso penal que se sigue, de forma paralela, a la investigación parlamentaria.
El malestar de Ciudadanos con el PP, trasladado este jueves a la rueda de prensa que ofreció su portavoz parlamentaria, Teresa Pardo, se mantenía hasta ahora en privado sin trascender a los medios de comunicación. La mano derecha del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se ha mostrado en desacuerdo con el recurso que presentaron semanas atrás los servicios jurídicos de la administración autonómica ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, en el que se investiga el 'caso FAFFE'.
La citada parlamentaria, que compareció junto a su compañero de Cs Juan de Dios Sánchez, marcó distancias con el recurso de los letrados de la administración autonómica que tratan de evitar que el juez José Ignacio Villaplana haga una investigación global, a modo de causa general, de la extinta fundación marcada por el enchufismo masivo, las subvenciones irregulares, el despilfarro y el pago con las llamadas 'tarjetas black' de juergas en prostíbulos.
"Nadie puede dudar a estas alturas que el grupo político que lleva en bandera y en ADN la regeneración, la transparencia y la lucha contra la corrupción es Ciudadanos, lo hemos demostrado con hechos", respondió Pardo ante una pregunta sobre el recurso judicial de la Junta. A la hora de profundizar en su afán de marcar distancias con sus socios conservadores, la portavoz liberal ha leido en voz alta la "Recomendación 25" de las conclusiones que presenta su grupo parlamentario a la finalización de la comisión FAFFE: "Instar al gabinete jurídico de la Junta de Andalucía a que sea el primero en la lucha contra la corrupción dentro de la administración autonómica y preste su máxima colaboración con toda investigación judicial sobre posibles enchufismos".
En base a lo anteriormente expuesto Cs reclama a los letrados autonómicos que no diferencien la "adscripción política de los beneficiarios" por las posibles 'enchufes' y no limiten su actuación a "los subrogados en la FAFFE", además de "llegar hasta donde sea necesario para dar luz a este asunto", expuso Pardo al reproducir en voz alta sus demandas a los abogados personados de la Junta ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
Fuentes de Ciudadanos Andalucía consultadas por Vozpópuli hablan de "una mochila que no es nuestra" y aseguran que, detrás de la postura del PP, en cuanto a no querer ir más allá de los 85 contratos –tras haber recurrido un auto del juez que pretendía abarcar el millar de posibles 'enchufados'– estaría el hecho de que entre las personas sujetas a una posible investigación global de la fundación, ya disuelta, habría algunos empleados vinculados a las filas populares, extremo que niegan desde el PP-A.
En el seno de la formación conservadora aseguran que la línea jurídica seguida entronca con la voluntad de no dilatar más en el tiempo, "por economía procesal", una instrucción que está acotada en 85 contratos, denunciados en su día por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), frente a la última pretensión de Vox –personado en la causa como acusación– de extender las pesquisas al millar de contratos.
La formación que lidera Santiago Abascal a nivel nacional se ha personado como acusación en distintos casos judiciales, relacionados con la corrupción socialista en Andalucía, y está abanderando los procesos al explotarlos mediáticamente. De hecho, fueron ellos quienes dieron a conocer la imputación en el 'caso FAFFE' de la mujer del candidato del PSOE-A a la Junta, Juan Espadas.
Frente a la postura crítica de Ciudadanos con el PP, por no entrar a fondo en los 'enchufes' de la FAFFE, llama la atención que siendo Juan Marín vicepresidente del gobierno de coalición, con competencias asignadas en Justicia, no haya tratado de reconducir el recurso judicial del gabinete jurídico de la Junta que su compañera de partido Teresa Pardo cuestiona. Ante tales circunstancias las fuentes de Cs consultadas dejan caer la postura mantenida hasta ahora por Marín de "no incomodar a sus socios" del PP.
Ante la campaña electoral que se avecina, las fuentes citadas lanzan la siguiente advertencia: "una cosa es Juan Marín y otra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos". Añaden, además, que la cartelería de los próximos comicios autonómicos se plantea ya en un tono "muy personalista" del líder liberal en Andalucía, con lemas tales como "Marín cumple", que se pueden ver ya en redes sociales, por encima de las siglas del partido, que quedarán, al parecer, en segundo plano, al estilo Feijóo en las últimas elecciones gallegas.
Un hecho, a modo de contradicción, que viene a desarmar el discurso beligerante de Cs frente a la corrupción, radica en que el consejero de Economía y Universidades de la Junta, Rogelio Velasco –cuota de Ciudadanos como independiente– mantiene en su puesto como máximo responsable de la Agencia Idea a un exalto cargo socialista condenado en el 'caso ERE'. Se trata de Miguel Ángel Serrano Aguilar, que también está imputado en el 'caso Isofotón'. Antes de concluir 2021 el consejero Velasco, durante una rueda de prensa en San Telmo, tras un Consejo de Gobierno, justificó la continuidad de Serrano en su cargo al no existir aún una sentencia firme del Tribunal Supremo contra él.
El PP atribuye responsabilidad política a Susana Díaz en FAFFE y Cs la 'absuelve'
Las contradicciones entre los dos socios del Gobierno andaluz (PP y Cs) en relación con la FAFFE también se pusieron este jueves de manifiesto cuando cada partido emitió sus conclusiones, una vez finalizada la comisión parlamentaria de investigación sobre este ente instrumental, que se ha prolongado desde comienzos de 2019 hasta ahora y que ha sido presidida por el diputado naranja Enrique Moreno.
Mientras los conservadores atribuyen "responsabilidades políticas" a la expresidenta Susana Díaz junto a los expresidentes Chaves y Griñán, además de la actual ministra de Hacienda y exconsejera del ramo, María Jesús Montero, así como a exconsejeros de Empleo, viceconsejeros y cargos inferiores los liberales coinciden en todos los nombres salvo en el de Díaz, a la que 'absuelven'. Se basan en que cuando ella llegó a la presidencia, al sustituir a Griñán en 2013, la FAFFE ya había sido disuelta e integrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
A juicio de Teresa Pardo "la señora Díaz colaboró con la comisión, vino al Parlamento, pudimos hacerle preguntas y atendió al requerimiento de la Cámara". Sin duda, la comparecencia de Díaz en sede parlamentaria, donde paró, templó y llegó a dirigir por momentos el foro, contribuyó a que saliera airosa del incómodo trance, frente a varias horas de intenso interrogatorio que ella devolvió con preguntas hacia sus adversarios políticos de PP, Cs y Vox.
El también diputado de Cs Juan de Dios Sánchez hace hincapié en que “Chaves fue el ideólogo de la FAFFE, creador de este desmadre con todas las intenciones, y Griñán lo continuó”. Al hilo de estas conclusiones el parlamentario por Granada denuncia el "poder de ruina" otorgado al exmáximo responsable de la citada fundación, el socialista Fernando Villén, autor material de los cuantiosos gastos en clubes de alterne: "tenía el poder de hacer y deshacer lo que a él le venía en gana sin ningún tipo de control, llegándose a subir el sueldo en 40 mil euros en tan solo 4 años”, ha recalcado el ponente liberal.
La portavoz del PP en dicha comisión, Ana Vannesa García, que cifra en 115 millones de euros el dinero de la FAFFE pendiente de recuperar, habla de este 'chiringuito' instrumental como ejemplo de "manual de la corrupción socialista" en Andalucía, considera que Susana Díaz debería dejar su acta en el Senado, dada su labor "obstruccionista" desde la presidencia de la Junta a la hora de impulsar las diligencias previas y los reintegros de fondos dilapidados en FAFFE.
En el documento que ha registrado el PP-A en el Parlamento, firmado por la propia García y su compañero Erik Domínguez se recoge que el "relato exculpatorio" de Susana Díaz no se sostiene, ya que el proceso de liquidación de la FAFFE "comenzó en 2011, pero se prolongó hasta el año 2016". A los hechos anteriores los populares añaden que bajo el mandato de Díaz la Cámara de Cuentas "desveló ya en 2014 la falta de justificación de 50 millones en subvenciones y otros informes que advierten de irregularidades".
De las conclusiones emitidas por Vox la principal que se puede extraer es que el hasta ahora socio de legislatura no cree que la comisión parlamentaria de la FAFFE haya servido de mucho "porque lo importante es la vía judicial", argumenta el portavoz Manuel Gavira sabedor del rédito político y mediático que les está reportando su perforación en casos de corrupción que atañen al PSOE-A, circunstancia que aprovechan para erigirse en defensores del interés público frente a la "inacción", consideran, de PP y Cs en los tribunales, a los que consideran "continuadores de las políticas socialistas".
El partido que podría tener como candidata en Andalucía a Macarena Olona coincide con el PP al incluir a Susana Díaz entre los responsables políticos, al igual que Chaves, Griñán y la ministra María Jesús Montero, extitular de la Consejería de Hacienda.
Para el PSOE la citada comisión ha sido "un paripé", donde se ha llevado a cabo una "total instrumentalización partidista a favor del actual gobierno de la Junta de Andalucía". La portavoz socialista, Soledad Pérez dice percibir "la firme determinación" de PP, Cs y Vox de hacer de ella un "ariete contra los anteriores Gobiernos socialistas".
Desde Unidas Podemos su portavoz, Inmaculada Nieto, reconoce que hubo corrupción de los gobiernos socialistas, pero entre los expresidentes tan sólo atribuye "responsabilidad política directa" a Manuel Chaves, presidente bajo cuyo mandato se creó la FAFFE. La diputada por Cádiz atribuye la misma condición a todas las personas titulares de la Consejería de Empleo y de las personas titulares de la viceconsejería y competentes en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 a 2012, informa Europa Press.
Según Nieto, Manuel Chaves nombró a los titulares de las consejerías competentes en materia de empleo a lo largo de su presidencia, por lo tanto tiene una "responsabilidad directa". Además, consideran "responsable político directo el titular de la Consejería de Empleo desde mayo de 2012 a septiembre 2013", además de otros cargos de inferior nivel en el organigrama de mando.
