El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) ha analizado el cupo catalán o el nuevo marco de financiación, escojan la definición que gusten. Costaría al Estado 25.000 millones de pérdida de capacidad financiera para el resto de comunidades.
Consecuencia especialmente grave en un contexto de desigualdad e inequidad, con oscilaciones de casi 900 euros de inversión por media entre españoles, en función a la comunidad en la que vivan. De hecho, Andalucía cuenta con una infrafinanciación de 183 euros menos por habitante respecto a la media nacional.
El documento de análisis trae recomendaciones económicas. Pero también conclusiones políticas. El Observatorio entiende que "el acuerdo no es el fin del procés" sino "la aceptación de algunas de sus hipótesis de partida”.
Los economistas también reniegan de la modalidad de un pacto a dos PSC-ERC, que debería realizarse mediante un marco multilateral y concluyen, además, que el famoso principio de ordinalidad no es más que un criterio político secundario que, en ningún caso, debería relegar el principio de solidaridad interterritorial.
El estudio denuncia el acuerdo fiscal, ya implica un grado de consumación del procés. Esto se debe a que la gestión, recaudación, liquidación e inspección fiscal puedan recaer en una nueva Agencia Tributaria catalana primero. Y que, segundo, Cataluña aporte al Estado en base a la ordinalidad como condición indispensable.
"Son las personas, y no los territorios, los sujetos y objetos protagonistas en este debate de amplitud nacional”, dice uno de los responsables del estudio, el catedrático de Economía Aplicada de la UPO, Diego Martínez. El también economista de FEDEA recalca que este sistema asimétrico ya perdura a raíz de las excepciones forales –País Vasco y Navarra- que ponen de manifiesto una “insolidaria relación”.
El OEA alerta de las consecuencias de esta dinámica fiscal, con la "previsible fragmentación" de la Agencia Tributaria y la quiebra de los principios de eficiencia, eficacia y equidad que están plasmados en la Constitución.
Crítica al contenido y a la forma, descalificando "un cambio de esta naturaleza, con posibles requisitos de reforma constitucional, a partir de un acuerdo de investidura regional sobrevenido por las contingencias electorales del momento, de ninguna manera es un procedimiento aceptable”.
Deberes a Andalucía
Reposando la mirada sobre qué rol debe jugar Andalucía, Diego Martínez apunta que la comunidad debe apostar por la nivelación completa de las capacidades fiscales de las comunidades autónomas. Si se abre el juego, todos deben partir con las mismas posibilidades, “la creación de un consorcio tributario entre la AEAT y las autonómicas puede ser positivo para eficiencia y eficacia. Uno, no 15”.
La OEA propone a la Junta recetas que, por el momento, Moreno Bonilla no está asumiendo. Más bien todo lo contrario. El gobierno andaluz basa su respuesta a la bilateralidad con Cataluña en el clásico “Andalucía no es más que nadie, pero tampoco menos”. Por ello, la base del discurso de la Junta es solventar la infrafinanciación.
De hecho, los populares desestiman la negociación de la deuda o su quita, y para el think tank de economistas, la deuda puede jugar un rol determinante, "el diseño de un programa serio de reestructuración (o incluso condonación) de la deuda pública autonómica en manos del Estado merece la pena".
También hay tirón de orejas para la Junta de rebajar impuestos a la par que exigir más fondos al Estado, algo que califica de “incongruente”. Se insta al gobierno de Moreno Bonilla a que mejore su política fiscal en términos de sostenibilidad financiera y gestión pública. Hacen falta "avances en armonización fiscal” , dice Martínez.
Más recomendaciones de la OEA, en este caso para los entes autonómicos, deben evitar que la reforma de financiación se traduzca en un incremento del aparato provoque incrementos desproporcionados de gasto público de cada autonomía. Para ello, propone la creación de un órgano, un único consorcio tributario entre la Agencia Tributaria estatal y las autonómicas. Uno, no 15. Multilateralidad y no bilateralidad.
La ambiciosa propuesta del OEA se sustenta en la propia legislación que determina una necesaria reforma desde hace una década. Reprocha que gobiernos de distinto signo hayan obviado esta responsabilidad "a pesar del relativo consenso académico al respecto”.
