La 'Operación Limusina' de la Policía Judicial de la Guardia Civil se investigó con absoluto hermetismo pese a no contar con el secreto del sumario. En el foco de las pesquisas estaban dos empresarios de Valverde del Camino (Huelva) que presuntamente obligaban a sus empleados a devolver parte de sus nóminas bajo amenazas de despido. Una víctima valiente decidió denunciar la situación que se llevaba produciendo desde hace casi una década, según informan fuentes policiales a Vozpópuli.
La empresa que está en el ojo del huracán por estas prácticas es TALLERES Y MANTENIMIENTO VALVERDE SL. Una sociedad familiar que lleva trabajando desde hace casi treinta años en la localidad de Valverde del Camino (Huelva). Se dedican desde siempre a la reparación de maquinaria industrial.
Esta compañía cuenta con dos empresarios que fueron los detenidos por la Guardia Civil hace unas semanas. En la causa hay otras dos secretarias investigadas ya se consideran cooperadoras necesarias de los presuntos delitos que se investigan. Son las responsables de emitir las nóminas de los trabajadores, según informan fuentes de la investigación a Vozpópuli.
El comienzo de la 'Operación Limusina' se remonta a agosto de 2023. Uno de los antiguos trabajadores de la empresa tenía problemas para obtener el certificado de la empresa para solicitar el subsidio por desempleo. Este hombre acudió a un despacho de abogados y acabó viniéndose abajo y confesando la realidad que había vivido: "Mi jefe se porta muy mal conmigo".
Los dos empresarios de Valverde
Unas presuntas irregularidades que los trabajadores tenían que asumir si querían continuar sus labores con estos empresarios y no unirse a la lista del paro. El letrado de este empleado intentó llegar a un acuerdo con la sociedad para que devolviera el dinero que debía a este hombre por los daños y perjuicios ocasionados pero se negaron. El asalariado dio el paso de presentar una denuncia ante la Guardia Civil.
Así, la investigación recayó en la Policía Judicial de Valverde del Camino del Instituto Armado. Los agentes hicieron un trabajo ingente de recopilar datos a raíz de la documentación que aportó el denunciante. Contactaron con otros asalariados para confirmar que estas prácticas se prolongaron en el tiempo.
Los funcionarios corroboraron que la empresa actuaba dentro de la legalidad cumpliendo con el convenio de los trabajadores. Proporcionaba un sueldo de medio de 1.600 euros aunque variaba dependiendo del puesto y la antigüedad.
No obstante, las presuntas irregularidades se cometían cuando después de efectuar el pago de la nómina obligaban a su plantilla a que les devolvieran una parte en efectivo. Todo ello bajo amenazas de despido.
Las nóminas: "Cantidad no devuelta mes anterior"
Los agentes también descubrieron que cuando contrataban a las personas para efectuar un trabajo y después las despedían uno de los requisitos que las ponían para volver a la empresa era que devolvieran en un sobre en efectivo el finiquito que recibieron.
Las nóminas que incautaron los investigadores de la Guardia Civil no dejan lugar a dudas. Vozpópuli ha tenido acceso a algunas de ellas donde los responsables escriben en el apartado de deducciones: "Cantidad no devuelta mes anterior". Son documentos de diciembre de 2021 y febrero de 2022. Los investigadores tienen en su poder papeles desde al año 2017.
Los empresarios que fueron detenidos se acogieron a su derecho a no declarar. Las investigadas se negaron a recoger los documentos. "En mi vida he visto estos papeles", llegó a comentar una de ellas. Se excusaron y señalaron que esta circunstancia se podría deber a que en ocasiones prestaba dinero a algunos empleados.
Las diligencias aún se siguen practicando por ordenamiento judicial. Podría haber más de una treintena de víctimas de estas prácticas fraudulentas. Más de una docena de empleados han reconocido que las sufrían. A los investigados se les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores y extorsión.
Un grave ataque contra la seguridad social
Javier Clavijo, el abogado de la víctima que denunció y desmontó toda la trama, afirma en declaraciones a Vozpópuli que si se demuestran y se acreditan las pruebas recogidas por la Guardia Civil los hechos podrían suponer un "grave ataque" contra el sistema de la seguridad social y los derechos de los trabajadores. No obstante, el letrado prefiere ser cauto ya que el caso se encuentra en fase de instrucción y aún quedan por practicar diversos análisis.
Y es que estos dos empresarios no sólo se apropiaban del dinero de los trabajadores, sino que declaraban como costes fijos de su empresa la totalidad de las nóminas, desgravando en este concepto ante la Hacienda Pública aquello que realmente no pagaban. Por su parte, sus empleados declaraban anualmente unos ingresos inciertos, con el perjuicio correspondiente para sus economías pues debieron contribuir respecto a ingresos no percibidos.
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Fernandoo
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Si lo que dicen es cierto esos señores no merecen ser llamados empresarios.