La cascada de negativas judiciales a las restricciones solicitadas tras finalizar el estado de alarma por las comunidades autónomas continúa corriendo este martes. La Justicia de Navarra considera "desproporcionado" el toque de queda solicitado por las autoridades, postura compartida por los jueces en el caso de Canarias o los del País Vasco, pero no en el de Valencia o Baleares. En el caso de Andalucía, la decisión ha sido dispar. El TSJA ha autorizado el confinamiento de tres municipios, pero ha rechazado el de un cuarto, a pesar de que todos tienen una incidencia acumulada por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.
El Gobierno andaluz ha anunciado este martes que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) el auto del TSJA, con sede en Granada, que no ratifica la orden de confinar el municipio granadino de Montefrío (Granada), que tiene una tasa de incidencia de más de 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
Así lo ha anunciado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, quien ha indicado que se va a presentar ese recurso con el fin de que puedan confluir las mismas "posibilidades y estrategias" en todo el territorio de la comunidad, sobre todo, después de que este martes se haya conocido también que otra sala del TSJA, con sede en Sevilla, sí ha ratificado el confinamiento de los municipios de Castro del Río (Córdoba) y de Bornos y Villamartín (Cádiz).
El Gobierno andaluz ha expresado su preocupación por que se hayan conocido resoluciones judiciales diferentes sobre los cierres perimetrales que había planteado para los municipios con alta incidencia de coronavirus, esto es, más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y ha denunciado que esto se debe a la decisión del Ejecutivo nacional de "judicializar" la lucha contra la pandemia tras decaer el estado de alarma.
Elías Bendodo ha indicado que lo normal sería que los juzgados tomen decisiones "coherentes", pero en este caso nos hemos encontrado con posiciones diferentes sobre cierres perimetrales de municipios, por parte de un sala de Granada y de una sala de Sevilla del TSJA.
"No tiene sentido que se permita el cierre perimetral en un sitio y en otro, no", según ha sentenciado el consejero de la Presidencia, quien ha señalado que el hecho de que en un municipio haya una tasa de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes es un hecho "grave", por muy bajo, medio o alto que sea el porcentaje de vacunación.
"¿Cómo se explica que unos sí y otros no?", ha preguntado Elías Bendodo sobre el confinamiento de unos municipios y de otros no cuando tienen más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Ha recalcado que el Gobierno andaluz tiene claro que un municipio con una incidencia de más de 1.000 casos tiene que estar "cerrado perimetralmente".
"Subcontratar la gestión de la pandemia"
Bendodo ha recordado que las comunidades, tras decaer el estado de alarma, no pueden limitar derechos fundamentales y tienen que acudir a la justicia para que ésta se pronuncie ante medidas como el cierre perimetral de un municipio.
A su juicio, la comunidades se encuentran en esta situación porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido "subcontratar la gestión de la pandemia", dejando en manos de la justicia lo que él no quiere hacer.
"En vez de facilitar el camino a las comunidades, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por judicializar la vuelta a la normalidad y que las comunidades se entiendan con el Tribunal Supremo", según ha denunciado. Ha insistido en denunciar el "disparate" que supone "judicializar" la desescalada. Para Bendodo, con este escenario, se "trata de pelear contra la pandemia con un brazo atado a la espalda, y es muy difícil".
"El Gobierno central nos ha sumido en un estado caótico", según ha indicado Bendodo, quien se ha referido también a los distintos pronunciamientos que se están produciendo por parte de tribunales autonómicos ante la petición de algunas comunidades autónomas de aplicar un toque de queda en su territorio, algo que la Junta de Andalucía no se plantea en este momento.
"Dejación de funciones, irresponsabilidad y subcontratación de la gestión de la pandemia", según ha calificado Bendodo la actitud del Gobierno central, al que ha insistido en demandar una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes autonómicos para establecer una estrategia común de todas las comunidades tras decaer el estado de alarma. Las actuales situaciones que se están viendo, según ha recalcado, generan "incertidumbre" en la ciudadanía.
