No estaba obligada a comparecer, pero la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,Teresa Ribera, en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía, para pronunciarse sobre la Proposición de Ley de los regadíos al norte de Doñana, hubiera servido este martes para que aclarara personalmente su beligerante postura al respecto. Lejos de hacerlo, el plantón de Ribera ha dado alas al Gobierno autonómico de Partido Popular y Ciudadanos para explotar lo que llaman “doble discurso del PSOE”. Frente a la oposición del Ejecutivo de Sánchez está la abstención del PSOE andaluz de Juan Espadas, a pesar de que la propia Ribera le pidió personalmente que votaran en contra de esta iniciativa parlamentaria impulsada por PP, Cs y Vox.
“Si el Gobierno tiene tan claro que hay un perjuicio sobre Doñana, ¿por qué no viene a dar explicaciones la ministra y vicepresidenta?”, se ha preguntado este martes el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, a preguntas de Vozpópuli, durante su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno.
En el marco de su respuesta acerca de cuál era la valoración del Ejecutivo que preside Juanma Moreno sobre la incomparecencia de Ribera en la Cámara autonómica, el también portavoz gubernamental se ha preguntado también, de forma retórica, lo siguiente: “¿O es que el PSOE andaluz y el Gobierno de España no tienen la misma opinión sobre Doñana?”, ha interpelado Bendodo. La última pregunta formulada por el consejero ha ido destinada a conocer si el motivo de la incomparecencia de Ribera este martes se debe a que “la ministra no quiere escuchar a los alcaldes del PSOE”. Se trata de los regidores de la zona onubense afectada por estos regadíos, favorables a la PL auspiciada por PP, Cs y Vox.
En el posicionamiento de los alcaldes de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado basa su postura Espadas, para no oponerse y sí abstenerse, algo que causó malestar en Ferraz y Moncloa. No se entendió la posición del sustituto de Susana Díaz y supuso su primer desplante a Pedro Sánchez desde que es secretario general del partido en Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta.
En esa línea, ha criticado que "el camino" emprendido por el Gobierno andaluz de Moreno con esta iniciativa de PP-A, Cs y Vox "sólo conducía, por un lado, al engaño de los agricultores, y a una posible multa desde la Unión Europea, por lo que no nos llevaba a ningún sitio".
La reacción de Bendodo no ha sido la única tras el plantón de la ministra Ribera. A primeras horas de la mañana la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, lamentaba que la vicepresidenta tercera perdiera “una oportunidad de oro” para aportar su visión. La dirigente de Ciudadanos deduce que, tras no comparecer, “poco le importan los regantes”.
Tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, desde el Gobierno central han justificado la incomparecencia de Teresa Ribera en un dictamen del Consejo de Estado. El documento invocado recoge que los miembros del Ejecutivo no tienen obligación de comparecer en una comisión parlamentaria autonómica. A este respecto, Marta Bosquet ha querido puntualizar ante los periodistas que no se trata de una comisión de investigación.
Este martes comenzaban también en la Cámara andaluza las comparecencias de una veintena de agentes sociales citados por la Comisión de Fomento. La iniciativa parlamentaria que auspician –en el marco de una gran polémica– los dos socios del Gobierno andaluz y Vox pretende convertir terrenos forestales en suelos agrícolas de regadío.
Desde Vox el parlamentario por Huelva Rafael Segovia ha calificado de "desprecio absoluto", tanto al Parlamento como a los agricultores, la negativa de Ribera a acudir porque, a su juicio, "tenemos la obligación moral de colaborar en la solución del problema y más una ministra de España".
Además, el diputado onubense ha aclarado que el objetivo de su formación política "es hacer compatible el desarrollo de la agricultura en la provincia de Huelva con el mantenimiento del parque de Doñana". Rafael Segovia también ha cargado contra la reacción de los ecologistas de WWF, que enviaron recientemente una carta al presidente Moreno en la que mostraban la preocupación de numerosas cadenas europeas de supermercados que comercializan la fresa y demás frutos rojos de la zona afectada. Alertaban de un posible boicot a estos productos.
Segovia cree que el citado colectivo conservacionista "criminaliza a los agricultores, que lo único que piden es poder trabajar y tener agua superficial para poder regar sus territorios". Para el socio de iniciativa con PP y Cs la beligerancia mostrada supone "una reacción que no podemos entender, porque en Huelva no hay problema de agua, hay de sobra, e incluso con la sequía que había hace varias semanas teníamos 750 metros cúbicos embalsados", ha precisado este parlamentario.
Para Vox la solución al "problema de Doñana" pasaría por que el Gobierno de Sánchez "cumpliera con la Ley de Trasvase", con el fin de poder llevar agua a los territorios de la Corona Norte de Doñana, "a partir de la presa del Chanza". Se trata de una obra, dependiente de la administración central, y que pasa por el "desdoble" del túnel de San Silvestre, mantienen los diputados de la formación de Santiago Abascal frente a las críticas
Desde el Gobierno andaluz insisten en que La Proposición de Ley de PP, Cs y Vox no pide legalizar los pozos", sino que la zona se declare “regable” para que, si algún día el Gobierno de España construye el trasvase Tinto-Odiel-Piedras, ese agua trasvasada se pueda usar para regar esos cultivos. Cabe recordar que Pedro Sánchez se comprometió en 2018 a construir la citada infraestructura y esta iniciativa parlamentaria "le mete presión", zanjan desde el Gobierno andaluz.
La secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz, Isabel Ambrosio, asegura que para su partido "hay una línea roja", y es que los acuíferos de Doñana "son intocables", y también hay "una propuesta para buscar soluciones que sólo se encuentran desde el diálogo", de ahí que insista que se retire la PL. Una iniciativa que para esta dirigente socialista "sólo conducía, por un lado, al engaño de los agricultores, y a una posible multa desde la Unión Europea, por lo que no nos llevaba a ningún sitio", ha sentenciado en rueda de prensa.
