Este martes, la Junta de Andalucia aprobaba la Ley de Presupuestos de 2024 que será refundada en el Parlamento andaluz a finales de año. Para Huelva se van a destinar un total de 342,7 millones de euros, de estos, desatacan una partida de 24,3 millones destinados a la adquisición de terrenos de alto valor ecológico en el entorno de Doñana. Con un acuerdo sin cerrar del Gobierno de España con la Junta de Andalucia, y con la Ley de Regadíos en el aire tras la suspensión hace ya un mes, puede parecer que esta partida tiene la intención de subsanar la no aprobación de la ley con un montante económico importante.
Esta partida forma parte del presupuesto de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de quien está al frente Ramón Fernandez-Pacheco. El consejero y portavoz del Gobierno de Juanma Moreno, ha asegurado que “desde la Junta están trabajando con toda la dedicación del mundo y también con toda la ilusión para poder alcanzar un acuerdo con el gobierno de España con respecto a Doñana y alcanzarlo lo antes posible”. Fernández-Pacheco ha indicado que no puede asegurar si habrá o no acuerdo pero que “la consejera de Agricultura, el consejero de la Presidencia y yo mismo, estamos volcados para que ese acuerdo llegue, por mandato del Presidente, pero a día de hoy el acuerdo todavía no existe.
Esta partida no figuraba en el Anexo de Inversiones de 2023 para la provincia onubense, por tanto, en plenas negociaciones para lograr una solución para el Parque Nacional de Doñana y con la Ley de Regadíos en suspenso, se presupone que en los planes del ejecutivo andaluz se encuentra comprar esas 700 hectáreas al norte de la Corona Forestal de Doñana que se iban a convertir en suelos agrícolas regables con aguas superficiales, según la proposición de ley de PP y Vox que ahora parece que no es tan probable.
La Junta también destina importantes cifras al campo onubense, destacando en estos presupuestos, aun pendientes de aprobar en el Parlamento, los 9,7 millones destinados para inversiones en caminos rurales, 7,6 para inversiones en regadíos, 5,5 para modernización de explotaciones agrarias, 3,4 para modernizaciones en el olivar, 10,1 para ayudas a incorporación de jóvenes al campo, 14,5 de los fondos NextGeneration para creación de empresas por jóvenes agricultores (62,7 millones en total en este programa).
Cuenta atrás para el acuerdo para Doñana
Precisamente este viernes se ha cumplido un mes, agotándose así el plazo que tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía se dieron para encontrar una solución para Doñana que contentase a agricultores, ecologístas y a todos los agentes implicados en esta negociación. El objetivo principal era el de evitar que la ley del PP y Vox se aprobase de manera inminente, tras haberse pospuesto hasta en dos ocasiones. Se trata de una ley que los agricultores afectados por el plan llamado de la fresa en 2014 esperaban como agua de mayo. El objetivo es que sus tierras, unas 700 hectáreas, volvieran a ser lo que eran, de regadíos, pero con agua superficial. Nadie les garantizaba que esa agua llegara de manera inminente pero con esta nueva ley estarían mas cerca. No obstante el agua no llega porque las infraestructuras hídricas de la Ley del Trasvase que Pedro Sánchez firmó en 2018 aún no han comenzado a ejecutarse.
Pese a que optó por la suspensión de la ley, Juanma Moreno ya lo advirtió al inicio de la negociación. "Si no se llega a un acuerdo, la ley podría quedar aprobada en semanas”. Sin embargo, la apuesta ahora es que haya consenso y que las reivindicaciones de los agricultores, que pasa por recuperar sus tierras, sean atendidas. Fuentes cercanas a los agricultores aseguran que por el momento no hay ninguna medida concreta y muestran su desconfianza hacia el Ministerio. Sí se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de mantener su actividad, pero en terrenos que no se encuentren en el entorno de Doñana y que no dependan de su acuífero. No obstante, los agricultores quieren las suyas.
Hay esperanza, sobre todo porque la norma corre el riesgo de ser condenada al bloqueo por la oposición del Gobierno central con un posible recurso al Tribunal Constitucional y con las advertencias en contra de la comunidad científica y de la Comunidad Europea. Sin embargo, desde la Junta creen que lo tendrían ganado porque se trataría de una reorganización del suelo, que es competencia autonómica.
