Pese a haber anunciado hace una semana, a través de su portavoz Toni Martín, que la polémica ley de regadíos de Doñana se iba a incluir en el pleno de los días 27 y 28 de este mes, finalmente el PP-A ha optado por no restar protagonismo a la investidura de Feijóo en el Congreso de los Diputados y lo hará en la sesión del 10 y 11 de octubre. Tras la aprobación en comisión parlamentaria del dictamen de la proposición de ley, la intención inicial era que el debate final ante el Pleno se produjera en el que se desarrollará la próxima semana. El PP ha afirmado a través de su portavoz, Toni Martín que tras un análisis "sereno y profundo" en la dirección del grupo parlamentario, se ha decidido posponerlo al primer Pleno de octubre y así "no coincidir" con el debate de investidura en el Congreso de Nuñez Feijóo.
En su intervención, Martín ha reconocido que no han comunicado esta decisión a Vox, de retrasar el debate final, pese a que ambos grupos presentaron conjuntamente la proposición de ley, y que hace tan solo unos días, su portavoz, Manuel Gavira apremiaba al gobierno de Moreno a aprobar cuanto antes la ley de regadíos de la que dependían muchas familias con las que el propio Presidente de la Junta de Andalucía se había comprometido. Frente a las críticas que le lleguen desde la formación de Abascal, el portavoz del PP-A ha indicado "estamos hablando de sólo dos semanas y vamos a darle su propio espacio a la aprobación de la ley”.
El Partido Popular andaluz ha querido dejar las polémicas a un lado y ha culpado del retraso de llevar a Pleno esta proposición de ley al Gobierno de España. Martín ha indicado que, sin duda, la tramitación de esta proposición de ley ha estado "torpedeada sistemáticamente por el devenir de la política nacional", ya que los plazos se han visto afectados por la celebración tanto de las elecciones municipales de mayo como de las generales de julio y luego llegaron las "vacaciones parlamentarias”.
El Gobierno puede recurrir judicialmente
En una entrevista ofrecida a Onda Cero, el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha asegurado que el Gobierno está legitimado para recurrir la ley de regadíos de Doñana aunque asegura que si coge la vida judicial será un “mal camino”.
Moreno ha asegurado que la ley no permite recurrir a aguas del subsuelo, sino que establece que esos regantes sólo podrán hacer uso de agua superficial, a través del trasvase del río Tinto-Odiel-Piedras. Por ello emplaza al Gobierno de España a dialogar sobre este asunto y que ponga alternativas sobre la mesa, y ha criticado que el PSOE-A no haya presentado ni una sola enmienda a la proposición de ley.
El Presidente de los andaluces ha querido destacar que además de la inversión de más de treinta millones de euros que su gobierno a invertido en el Parque Nacional de Doñana hay que poner en valor que la obra más importante en favor del parque es la compra de las 7.500 hectáreas en La Puebla del Río.
Luz verde para la compra de la finca que ampliará Doñana
En medio de la polémica por cuándo será la votación de la ley de regadío, la Junta ha anunciado que el Gobierno le ha dado luz verde a la financiación propuesta por el ejecutivo de Juanma Moreno sobre la compra de las 7.500 hectáreas de la finca “Veta La Palma” que aumentaría en un 14% la superficie del Parque Nacional de Doñana. El pago incluye una parte de financiación europea, el 60% correspondería a estos fondos, y el 40% restante de recursos propios de la Junta de Andalucía, ha indicado el portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, que ha precisado que se sigue trabajando en la configuración del expediente para cerrar cuanto antes la compra.
Respecto al precio de compra, el consejero de Medio Ambiente ha insistido en que está “en torno” a 70 millones de euros. Esa cantidad, ha explicado, no es causal. Sale de la tasación que los técnicos de su departamento han hecho de los terrenos a adquirir por la Junta de Andalucía. Con ese dinero, ha recordado, Doñana se amplía con una laguna de 3.500 hectáreas que es "refugio para más de 300.000 aves acuáticas cada invierno". Fernández-Pacheco ha indicado que, de momento, su consejería sigue trabajando en los “pormenores” de la operación de compra y ha añadido que la dirección general de espacios protegidos de la Junta y la dirección del parque también trabajan en el coste que va a suponer cada año el mantenimiento de la finca, que va a cambiar de uso.
