"Esto pinta feo". La escueta expresión, pronunciada por una fuente del Gobierno andaluz en conversación con Vozpópuli refleja a la perfección la preocupación existente en el seno del Ejecutivo que preside Juanma Moreno acerca de la dimensión económica que alcanzan los contratos de la llamada 'trama sueca' (tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo) con el Ayuntamiento de Marbella y que superaron los 600.000 euros.
Por primera vez desde 2007 –año en el que llegó al poder municipal– el liderazgo de la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, es puesto en entredicho dentro del Partido Popular, al menos de forma privada, a la hora de repetir como candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones de mayo de 2023. De forma oficial el que fuera consejero de Hacienda de la Junta con Moreno, Juan Bravo, ahora alto cargo de Génova como cerebro económico de Feijóo, se desmarcaba de mostrar su apoyo personal a Ángeles Muñoz como candidata y daba a entender, este lunes, que el proceso de selección sigue abierto. De hecho, la candidatura de la regidora y también senadora no ha sido ratificada aún.
“Tenemos compañeros para el tema de coordinación y territorial y serán ellos los que tomarán decisiones, partiendo de la presunción de inocencia y buscando los mejores candidatos”, ha apuntado Bravo, en referencia al coordinador general, Elías Bendodo, y el vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado.
Diversas fuentes cercanas a Moreno Bonilla, consultadas por Vozpópuli, admiten su malestar por el hecho de que la regidora les haya intentado hacer creer que "la Fiscalía investigó y lo archivó". Una verdad a medias, por no decir que se trata de una mentira. El fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, se limitó a incoar unas diligencias de investigación penal en 2017. Se trataba de una obra por importe de 60.000 euros y no encontró indicios de los delitos denunciados: fraude en la contratación y prevaricación. Dictó el archivo después de unos meses de pesquisas y tras haberle solicitado personalmente, a la alcaldesa, diversa documentación.
Lo que no cuenta la primera edil marbellí a Génova, ni tampoco a sus compañeros de la Junta de Andalucía, es que la Fiscalía de Marbella nunca investigó el resto de contratos hasta alcanzar la cifra superior a 642.000 euros. De hecho, fuentes fiscales aclaran a Vozpópuli que "si ahora han salido nuevos indicios nada impide que se puedan investigar esos hechos".
Desde el Ministerio Público añaden, además, que "el archivo previo en la Fiscalía no impide la posterior investigación judicial", en alusión a que todo pudiera aportarse a la instrucción que lleva a cabo García Castellón en la Audiencia Nacional.
Vozpópuli adelantó el pasado viernes que la cifra obtenida por Codecosol S.L. en contratos con el Ayuntamiento de Marbella superaba los 400.000 euros. Este lunes, 'elDiario' apuntaba a más de 600.000 euros. Cabe recordar que el titular del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, considera a la citada mercantil una "tapadera" para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
Había expectación este lunes aquí en Londres por ver si Moreno Bonilla y Ángeles Muñoz se encontraban en la feria turística World Travel Market (WTM). Ella, tan aficionada a las fotos, no logró la instantánea. La alcaldesa llegó tarde al stand de Andalucía, cuando el presidente de la Junta ya había comparecido en rueda de prensa y se había fotografiado, durante el paseo de rigor, con otros alcaldes costasoleños y cargos públicos.
Al frente de Construcciones y Demoliciones Costa del Sol (Codecosol) S.L. se encuentra como administrador único el ciudadano sueco Nils Fisher. Es el mismo al que el citado magistrado considera "testaferro" y "persona de confianza" del hijastro de la alcaldesa, Joakim Peter Broberg, procesado junto a su padre, Lars Broberg, marido de la alcaldesa, así como el propio Fisher. Se investigan delitos de tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho, en el caso último de un ex escolta de la Policía Local, adscrito a la alcaldesa, acusado de recibir sobornos de la trama a cambio e información.
Fisher se jactaba hasta hace poco en su perfil de LinkedIn de ser "uno de los principales contratistas de obras con el Ayuntamiento de Marbella en los últimos ocho años". A pesar de ello, así como de que su hermana y un sobrino carnal están con este empresario sueco en otras sociedades –ajenas al caso de la Audiencia Nacional– Ángeles Muñoz no ofrece ninguna explicación al respecto.
El exedil de Obras defiende los contratos con los suecos
Este lunes salía a la palestra el exconcejal delegado de Obras de Marbella Javier García, ahora teniente de alcalde de la pedanía de San Pedro Alcántara, y por cuyas manos pasaron todos los contratos adjudicados a Codecosol. Este edil ha defendido la "legalidad" de las adjudicaciones, "siguiendo lo que marca la Ley de Contratos del Sector Público, con procedimientos reglados y absoluta transparencia y con la supervisión del interventor". Además, añade que "ahora interesa sacarlo de nuevo" por la inminente campaña electoral.
El edil del PP que ha hablado de las informaciones que se publican como "indecentes" también ha repetido como un mantra, en línea con la alcaldesa, que "todo se investigó y se archivó, nada nuevo bajo el sol", en alusión a Fiscalía, que sólo indago sobre un contrato. García ha ido más lejos al asegurar que "todos los contratos menores fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas". Sabido es que todo se envía a los citados órganos fiscalizador, pero de ahí a pensar que allí escrutan todas y cada una de las adjudicaciones de los consistorios va un trecho, aseguran otras fuentes municipales consultadas.
Lo que no ha explicado Javier García hasta ahora es en base a qué criterios invitaba a Codecosol S.L. a tres procedimientos negociados con publicidad, que ganó, y a los que se invitaba también a otras empresas. Los otros dos contratos logrados fueron menores. Lo cierto es que esta empresa, considerada "tapadera" de blanqueo por el juez García Castellón, nunca ha ganado un contrato por concurso público como tal.
Tampoco ha explicado Javier García qué méritos y capacidad reunía el empresario sueco, testaferro del hijastro de Muñoz. Se ha limitado a decir que las adjudicaciones obedecían al interés municipal por favorecer a empresas locales que, "en otras condiciones, no podrían competir" en las licitaciones. Unos procedimientos de adjudicación que, asegura el edil, fueron "intachables" y "supervisados" por los técnicos municipales.
Durante la misma comparecencia el primer teniente de alcalde, Félix Romero, ha llegado a anunciar acciones legales contra medios de comunicación si "menoscaban el buen nombre de este Ayuntamiento".
Fuentes cercanas a la dirección nacional de Génova reconocen que no se esperaban la presencia de los dos hijos biológicos de la alcaldesa en una sociedad panameña acusada de blanqueo, información que destapó este medio de comunicación el pasado viernes. La aparición de dicha documentación vino a complicar aún más la situación de Muñoz de cara a su partido, no en vano el domicilio que aportan a las autoridades panameñas es el de una casa en Suecia que la regidora posee al 50% con su marido, también partícipe de dicha sociedad offshore implicada en presunto lavado de dinero del tráfico de hachís y marihuana. Los populares no quieren que se hable de sociedades en paraísos fiscales, narcotráfico y blanqueo en plena campaña electoral de las municipales en Marbella.
En Génova son conscientes de que en 2015 el PP –con Muñoz a la cabeza– ya perdió la Alcaldía de esta ciudad precisamente por dos escándalos protagonizados por la alcaldesa. El primero fue la aparición de una inversión de más de 3 millones de euros en Luxemburgo, por parte de ella y su marido, al adquirir un producto bancario para "eludir impuestos", concretamente el de sucesiones. Así lo denunció en 2014 el abogado marbellí Antonio Flores. Muñoz nunca sede querelló contra él.
El segundo escándalo que contribuyó a que Muñoz no revalidara la mayoría absoluta en 2015 y el PSOE le cerrara el paso, aliándose con independientes e IU, además del apoyo de Podemos, tuvo que ver con la cesión al municipio vecino de Benahavís de más de 200.000 metros de terrenos de Marbella, para pasar de rústicos a urbanizables. Precisamente es en ellos donde la alcaldesa y su familia poseen importantes intereses inmobilarios, entre ellos la lujosa mansión donde reside el matrimonio Broberg-Muñoz y que intentaron vender por 12 millones de euros, sin éxito.
Precisamente la citada residencia de la alcaldesa fue adquirida en su momento a través de una sociedad gibraltareña y mediante testaferros españoles de un despacho de abogados marbellí. "El gran problema que ha tenido siempre Ángeles Muñoz es que nunca ha explicado cómo recibió las donaciones de su marido, a través de sociedades, que le permitieron hacerse con un importante patrimonio", recuerda el letrado Flores.
Además, este jurista recalca la separación de bienes que rige el matrimonio de la alcaldesa: "ella nunca ha aclarado si declaró las donaciones recibidas mediante acciones de sociedades, parte de cuyos activos pasaron a la alcaldesa provenientes de su marido". De hecho, la pareja posee bienes inmuebles al 50%, tal y como ella declara en el Senado.
El papel de Javier Arenas como eterno valedor de Ángeles Muñoz
No son pocos los que dentro del PP andaluz se preguntan, en estos días aciagos para la alcaldesa de Marbella, hasta dónde llegará en esta ocasión la influencia de Javier Arenas para evitar la caída en desgracia de Ángeles Muñoz. De sobra es conocido que la también senadora le debe toda su carrera política al gran patrón del centroderecha andaluz.
Fue Arenas quien 'fichó' a nivel nacional a quien todos conocen en el partido como Titi Muñoz. Ella comenzó su andadura política como una simple edil de Benahavís en 1995. El exlíder del PP la envió después al Parlamento andaluz en la lista por Málaga de 1996. No pasó mucho tiempo hasta que el ya ministro de Trabajo y Asuntos Sociales decidió llevarse a su equipo ministerial a esta cordobesa de 61 años para nombrarla directora general de Migraciones y entrar, además, por todo lo alto en la ejecutiva de Génova en una vicesecretaría de asuntos sociales.
Fue una carrera meteórica la de esta médico de profesión desde un municipio como Benahavís, también salpicado ahora por los manejos de su hijastro y su marido, como reflejan las escuchas telefónicas y el sumario de la Audiencia Nacional.
Fue también Arenas quien puso a Muñoz al frente de una Gestora del PP en Marbella en 1998. Lo hizo para desbancar al entonces presidente local y edil, Alfonso Carlos Gutiérrez de Ravé. Desde entonces esta mujer a la que el columnista y escritor Raúl del Pozo bautizó como 'Titi Chanel', por su afición a las chaquetas de esta firma, no ha dejado de presidir a los populares marbellíes. En su reciente reelección como presidenta estuvo presente Feijóo para apoyarla. Fue en octubre de 2022, meses después de que el marido y el hijastro de la alcaldesa fueran detenidos y antes de que el gallego se hiciese con las riendas de Génova 13.
El hecho de que ahora esté Feijóo al timón nacional del partido favorecía, a priori, a Muñoz, dada la buena sintonía y amistad de Arenas con el expresidente de la Xunta, pero la situación se complica cada vez más para la senadora.
Se da la circunstancia de que la continuidad de la regidora como candidata llegó a peligrar durante el mandato de Pablo Casado y Teodoro García Egea. Ambos, sabedores de que ella era uno de los últimos resquicios del 'arenismo', la tenían en su punto de mira. Sin embargo nunca actuaron para desbancarla de su puesto.
nidiosniamo
El PP no consigue sacudirse el problema estructural que tiene con la corrupción política. La mudanza -más que liderazgo- de Alberto Núñez Feijóo a Génova no ha cambiado sustancialmente la estrategia del malogrado Pablo Casado de pensar que no hablar del tema haría que desapareciera. El último escándalo de Marbella vuelve a poner a los populares en los focos con nuevas tramas que se suman a las que ya en el pasado le valieron el calificativo de banda criminal por parte de la judicatura. La alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, ha resucitado en el PP los fantasmas de la corrupción institucionalizada en el partido. Si bien es cierto que en un principio parecía que únicamente salpicaría a su hijastro, procesado por narcotráfico, la mancha de las prácticas mafiosas ha terminado por emponzoñar al PP. Las adjudicaciones que ahora salen a la luz por valor de más de 600.000 euros al testaferro del hijastro desprenden un hedor a corrupción que recuerda a otras tramas por las que dirigentes populares dieron con sus huesos entre rejas y por las que aún existen causas abiertas. De nuevo, el ladrillo como telón de fondo, ese que a la mínima de cambio los conservadores quieren revitalizar, quizás, porque es la vía más rápida para enriquecerse bajo cuerda. Si lamentable es este nuevo caso de corrupción, aún peor es el silencio del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que tras conocerse la ratificación del Tribunal Supremo de la sentencia de los ERE afirmó que sería la última vez que Andalucía volviera a sonar por la corrupción. Evidentemente, se equivocó, porque aunque él calle, los hechos están ahí y resuenan al norte de Despeñaperros. De hecho, ya antes de que afirmara tal cosa en un vano intento de sacudirse las actividades delictivas de los populares la corrupción era un hecho en Andalucía. El pasado de mes de julio era detenido el alcalde de Igualeja, Francisco Escalona (PP), como presunto autor de los delitos de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental. Moreno Bonilla no quiere agitar el avispero a unos pocos meses de las elecciones municipales en Andalucía, pero su silencio empeora gravemente la situación. Los hechos, además, salpican a Génova directamente, no sólo por la dimensión del delito sino porque Elías Bendodo, coordinador general del PP Nacional, ha sido durante 14 años el presidente del PP en Málaga -cedió el testigo a finales de septiembre-, es decir, que fue durante su mandato cuando se produjo la presunta corrupción. Para quienes conocen al personaje, no sorprende en absoluto, pues Bendodo siempre ha defendido que el fin justifica los medios y así lo ha transmitido al resto de dirigentes populares que tenía bajo su paraguas, promoviendo oscuros pactos de gobiernos municipales o manteniendo en el poder, incluso, a un concejal condenado por malos tratos a una ciudadana en Rincón de la Victoria. Mientras Isabel Díaz Ayuso y el propio Feijóo en Latinoamérica se aferran a las peores prácticas trumpistas de dinamitar nuestra democracia, calificándola de dictadura y acusando al presidente de querer "matar a la oposición", en las filas del PP parece que no pierden el gusto de llenarse los bolsillos a costa del erario público. Taparlo con el silencio o, como hace la presidenta de Madrid, generando más ruido con acusaciones infundadas no resuelve el problema de una ciudadanía empobrecida que ve cómo el dinero de sus impuestos no recala en los servicios públicos, sino en las cuentas de los servidores públicos. El PP no ha conseguido extraer de su ADN la corrupción; la opacidad y el negacionismo no hacen más que fijarlo aún más en su seno, en una clara invitación a las nuevas generaciones a mamar corruptelas desde sus más tiernos inicios, primeramente enchufando al personal en plantillas de refuerzo o servicios subcontratados y, posteriormente, disfrutando de jugosas mordidas.