"Nadie durante mi consejo de gobierno tuvo tarjetas, ni yo misma tuve tarjeta. No es necesario, no lo he compartido en la administración autonómica, ni un alcalde debe tenerlas". La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha expresado así durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Fundación para el Empleo y la Formación (FAFFE). Se trata de la entidad que durante el mandato del expresidente José Antonio Griñán gastó fondos públicos con tarjetas 'black' en clubes de alterne. En esta entidad, creada bajo uno de los gobiernos de Manuel Chaves, hubo 150 millones en subvenciones sin justificar, a su cierre en 2011, entre otras muchas irregularidades contables, además de 'enchufismo'. Todo ello sujeto también a un procedimiento penal en curso. A día de hoy quedan 30 millones en subvenciones aún por aclarar.
Se da la circunstancia de que la Guardia Civil pudo acreditar, en el marco de sus investigaciones sobre la FAFFE, que allí fueron colocados de forma irregular cerca de 200 trabajadores vinculados al PSOE andaluz, así como al llamado 'sindicato hermano' de la UGT, y en menor medida Comisiones Obreras.
Díaz, que ante la mayoría de las preguntas formuladas ha respondido recalcando sus argumentos, al insistir en que la citada fundación "se extinguió en 2011" y ella llegó al Ejecutivo de Griñán, como consejera de Presidencia en 2012. Ya en 2013, tras la dimisión del sucesor de Manuel Chaves, ella asumió la presidencia. Por tanto, ha argumentado, "no ostenté cargo ni responsabilidad alguna en la Junta" en relación con unas actuaciones que "se enmarcan entre 2003 y 2011", ha enfatizado.
Más allá de las responsabilidades que los tres grupos políticos han tratado de encontrar sobre el papel como gobernante, también le han recordado que fue secretaria de Organización del PSOE de Sevilla de 2004 a 2010 (en plena FAFFE), entre otros cargos en el PSOE andaluz hasta 2012. Entre 2003 y 2011 (fecha de la extinción de la entidad) es cuando se producen las contrataciones de 'enchufados' socialistas.
Frente a la versión de la ahora senadora socialista la portavoz del PP en la comisión, Ana Vanessa García, ha mantenido que la FAFFE "no se liquidó hasta el año 2016", siendo Díaz ya entonces presidenta electa desde los comicios de 2015. Ante el matiz de Susana Díaz sobre que ningún consejero de su Ejecutivo, ni ella misma habían tenido tarjetas, la diputada popular le ha replicado que "en el portal de transparencia" de la Junta de Andalucía "dice que había 18 tarjetas", en clara alusión a altos cargos que no fueran consejeros.
A partir de ese momento el interrogatorio se ha centrado en conocer qué mecanismos aplicó Díaz, como presidenta sobre los procedimientos de reintegro y diligencias previas que debían llevarse a cabo, una vez liquidada dicha fundación. La expresidenta ha descargado toda la responsabilidad en "los servicios jurídicos" de la administración autonómica. Ha ido más lejos al asegurar que "cómo serán de buenos" que algunos de dichos juristas "han pasado a ser altos cargos del actual Gobierno del señor Moreno Bonilla".
Sostiene la exsecretaria general del PSOE andaluz que "una administración no puede reintegrarse a sí misma". Se basa, de nuevo, en lo que le advirtieron los servicios jurídicos de entonces. Ante tal tesis, desde el PP se le ha apuntado que pudieron haber incoado "diligencias previas", si se tiene en cuenta que, al no hacerlo, "muchos expedientes prescribieron".
Díaz ha desvelado una conversación que tuvo recientemente con el actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en la que éste le aseguró que había sido "un honor" haber sido socio de legislatura de la administración que ella presidió entre 2015 y 2018.
La exbaronesa autonómica del PSOE, que ha llegado a tachar de "circo" esta comisión de investigación, ha presumido en todo momento de una "gestión intachable" durante sus años en el Palacio de San Telmo, tanto de ella como de todos su consejeros y altos cargos: "No ha habido ninguna denuncia, ni imputado alguno", se ha enorgullecido. La ahora también tertuliana de televisión en Mediaset se ha fajado bien ante las preguntas en todo momento, hasta tal punto que ha tomado las riendas de la comisión. En algunas ocasiones parecía ella la presidenta, en lugar del diputado de Ciudadanos que la preside, Enrique Moreno.
El relato de Susana Díaz sobre que durante su gestión no hubo "imputados" ni "denuncias" no casa con la realidad, al menos en el caso de dos personas concretas. Se trata de quien fuera secretario general de Industria durante su mandato, Vicente Fernández, encausado en un procedimiento penal abierto en Sevilla por la supuesta adjudicación irregular de la explotación de la mina de Aznalcóllar. También está imputada en estas diligencias quien fuera entonces directora general de Minas de la Junta, María José Asensio.
"Esto no es un plató de televisión, señora Díaz", le ha espetado el portavoz de la formación liberal en esta comisión, Juan de Dios Sánchez, que casi al final de la sesión le ha dicho lo siguiente a la antecesora de Juan Espadas al frente del PSOE andaluz: "los andaluces van a preferir antes a una mujer casada con un tieso que a un hombre casado con una presunta enchufada". La comparación se refiere al marido de Díaz, administrativo de profesión, y al que ella mismo calificó de "tieso" en su día, así como a la esposa del todavía alcalde de Sevilla, Carmen Ibanco, que ya compareció en esta comisión FAFFE para ser interpelada por las circunstancias en las que fue contratada en dicha fundación.
Díaz, que ha llegado a pedir amparo al presidente de la comisión en varias ocasiones, por "insultos" que no se han producido como tales hacia su persona e iban dirigidos hacia el PSOE andaluz, como "el partido más corrupto de Europa" (en el caso de la portavoz de Vox, Ángela Mulas), ha replicado al portavoz de la formación naranja que "si para halagarme a mí va a atacar al secretario general de mi partido se equivoca", ha expuesto para defender a quien le ganó las primarias del PSOE de Andalucía y, por ende, la candidatura a la presidencia de la Junta, Juan Espadas.
Un as en la manga que se guardaba Susana Díaz, frente al portavoz de Ciudadanos, que le ha interpelado, ha consistido en recordar que la formación liberal solicitó que hubiera algún miembro del actual Gobierno de PP y Cs como compareciente en esta comisión, para informar sobre lo que se encontraron al llegar a la Junta: "¿Por qué vengo yo y no los responsables del actual gobierno, que tienen toda la información y están personados en la causa?", se ha preguntado Díaz en alusión concreta al Partido Popular y a a la hora de pedir incluso, en numerosas ocasiones, la comparecencia del actual presidente, Juanma Moreno, en esta comisión.
Otra línea empleada como hilo argumental de su defensa ha consistido en esgrimir que el actual Ejecutivo de centro derecha que preside Moreno "no ha echado a ninguno de estos trabajadores", ha expuesto Díaz para aludir a los empleados (muchos de ellos vinculados al PSOE) que desde el cierre de la FAFFE pasaron a depender del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Son precisamente los detractores del actual presidente de la Junta, y no precisamente socialistas, los que critican, en el caso de Vox, que PP y Cs no hayan acometido despidos de personal contratado por el PSOE desde que llegaron al poder en enero de 2019. El vicepresidente Juan Marín sostiene que deben acometerse los despidos "con la ley en la mano".
Documentos de la Fiscalía en 2016
La portavoz del PP, Ana Vanessa García, ha puesto en entredicho las afirmaciones de Susana Díaz sobre que, ya como presidenta, había existido total colaboración con la Justicia. Para ello le ha exhibido documentos de la Fiscalía, fechados en 2016, en los que de forma reiterada se le solicitaba al Gobierno andaluz del PSOE-A información y colaboración que no llegaba desde la administración autonómica. La expresidenta no ha podido aportar ni un solo documento en el que se acreditara comunicación alguna con la administración de Justicia, incluyendo la Fiscalía.
Han sido necesarias hasta tres citaciones, incluida la de hoy, para que Susana Díaz compareciera finalmente este viernes. Los grupos PP, Cs y Vox (Unidas Podemos no ha asistido) han acusado a la expresidente de "falta de colaboración" por no haber comparecido antes y ella ha solicitado la intervención de la letrada de la Junta que intervenía en la comisión para que respaldara su versión, como así ha sido. La alta funcionaria ha sostenido no tener "constancia" de que la ahora senadora se haya negado a recibir las notificaciones anteriores, algo que la expresidenta ha agradecido.
