Y los fusiles sonaron antes en Génova que en la frontera ruso-ucraniana. Ya no hay marcha atrás. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió con todo el arsenal este jueves a las 13:00, con ataques directos al presidente de su partido, Pablo Casado. En su respuesta dos horas después, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, deslizó una misteriosa réplica: "Vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo". Con los estatutos del PP en la mano, el equipo de Génova tiene la sartén por el mango, pues cualquier tipo de infracción, incluso una leve, supondría la inhabilitación de Ayuso para desempeñar cargos en el partido entre un mes o un año.
Es decir, que Génova tiene en su mano cortar las alas a la presidenta madrileña e impedir su ascenso al Congreso del PP madrileño y, lo que es más importante, que le dispute a Casado el trono del partido en el Congreso Nacional de julio. El equipo de Teodoro puede inclinar la balanza a su favor al contar también con el árbitro del partido. Y es que el nombre propio que nadie puede olvidar en esta disputa es Andrea Levy, presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP.
Según los estatutos del partido, este órgano tiene las competencias para tramitar y resolver los expedientes sancionadores contra miembros del partido. Levy, además de mano derecha del alcalde José Luis Martínez-Almeida, no ha dudado en mostrar públicamente su apoyo a Pablo Casado. En su cuenta de Twitter ha manifestado que siente "un gran orgullo de formar parte del equipo de Pablo Casado, que ha trabajado sin descanso por el Partido Popular y que será el mejor presidente para España".
Europa Press adelantaba que Andrea Levy ya ha comunicado a Ayuso que ha decidido incoar expediente informativo tras sus "afirmaciones públicas pronunciadas en el día de hoy y los hechos que en las mismas han quedado de manifiesto, al objeto de conocer las circunstancias del caso y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento disciplinario por la posible comisión de infracciones de los Estatutos Nacionales".
Al margen de la presunta comisión que habría cobrado el hermano de la presidenta madrileña por un contrato de 1,5 millones para la compra de mascarillas FFP2 en la primera ola de la pandemia, el seno de Génova podría optar por la sanción por las meras declaraciones contra el presidente Casado. Las sanciones puede ser de tres tipos según los estatutos: leve, grave o muy grave.
El equipo de Levy puede acudir al apartado de infracciones muy graves, entre las cuales se incluye la siguiente: "Por manifiesta deslealtad al Partido, a sus órganos de Gobierno y representación, entendida esta como toda acción u omisión voluntaria encaminada a perjudicar el interés general del Partido". Por esta vía, las sanciones incluyen la suspensión de militancia por un periodo de tiempo de entre cuatro y seis años; la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de este por igual periodo de tiempo o la expulsión del Partido Popular.
No obstante, los de Egea no necesitarían llegar tan lejos, pues podrían referirse a una infracción grave como la de llevar a cabo "cualquier manifestación pública oral o escrita en los medios de comunicación que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado al Partido". Esta sanción también dejaría fuera de juego a Ayuso de cara al Congreso Nacional, pues la inhabilitaría por entre uno y cuatro años. Pero es que incluso ciñéndose a una infracción leve, la presidenta de la Comunidad de Madrid puede quedar inhabilitada entre un mes y un año.
Expediente informativo
Como tal, el 'expediente informativo' solo aparece nombrado una vez en los estatutos de los populares. Lo hace en el punto 8 del artículo 18 sobre 'El procedimiento disciplinario, tramitación y medidas cautelares'. Se especifica que se procederá a la apertura de un expediente informativo desde el momento en que se tenga conocimiento "de la existencia de una imputación judicial", cosa que en este caso no ha ocurrido.
Este expediente se transforma en expediente disciplinario en el momento "en que se produzca el señalamiento del juicio oral". Eso sí, los estatutos también deslizan una ambigüedad que puede ser aprovechada por Casado: "El Comité de Derechos y Garantías podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto". Es decir, que según las circunstancias que determine el Comité de Levy, podrían llevarse a cabo la suspensión de las funciones o la militancia de Ayuso, hoy la principal rival en el PP de Pablo Casado.
