Una respuesta técnicamente muy enrevesada para terminar diciendo que ella no tiene potestad sobre Ángel María Carromero. Eso es lo que viene a decir la notificación que ha remitido a IU la concejal Begoña Larraínzar, responsable del Distrito de Moratalaz y, en teoría, jefa del cachorro popular condenado el año pasado en Cuba por el “homicidio imprudente” que acabó con la vida de los disidentes Harold Cepero y Oswaldo Payá.
Carromero es el “cargo de confianza” de Larraínzar y se supone que el puesto que ocupa de asesor, que sale por 50.000 euros al año, se debe a la voluntad de la concejala del PP. No obstante, ante la petición de los representantes de IU de la Junta de Moratalaz reclamándola “el cese inmediato” del dirigente de Nuevas Generaciones “como ejercicio de ética y ejemplaridad política”, Larraínzar rechazó la solicitud utilizando tecnicismos incomprensibles: “Las causas de inadmisión de esta clase de iniciativas (…) hacen referencia a que ya hayan sido debatidas y votadas en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, así como aquellas que por su alcance general deban ser presentadas ante este órgano”.
En esencia, lo que dice la inadmisión es que no es a Larraínzar a quien IU debe dirigirse, sino al Ayuntamiento de Madrid, porque ella no responde por Carromero; se sobreentiende que se refiere a la dirección de Personal, Recursos Humanos o similares. Pero la respuesta de la edil ha insatisfecho por completo a IU, que ya ha presentado un recurso y no descarta acudir, en un momento dado, a la vía judicial.
Carromero regresó a su puesto de asesor en el Ayuntamiento después de que el pasado 11 de enero recibiera el tercer grado penitenciario y pudiera dejar la cárcel de Segovia, donde apenas ingresó diez días. Desde su regreso de Cuba la pasada Navidad, el joven dirigente del PP ha protagonizado una meteórica ascensión por las Instituciones Penitenciarias que ya quisiera para sí el resto de reos. Entre julio y diciembre, estuvo recluido en Cuba por el accidente de coche que se produjo cuando él conducía y que acabó con la vida de los dos disidentes. Menos de un año después, ya cuenta con la pulsera telemática que le permite dormir en su casa, lejos de cualquier centro de reclusión.
Otro colectivo que está que trina con Carromero es el de trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, que no entienden el trato de favor tan descarado a alguien del PP que ha cometido un delito, y más en plena ola de recortes. En febrero, un grupo de indignados se coló en la Junta de Distrito de Moratalaz y obligó a suspender la reunión por los gritos e insultos vertidos hacia el asesor.
