La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación por la adjudicación de un contrato de mascarillas de 1,5 millones de euros a un amigo del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según confirman fuentes fiscales a 'Vozpópuli', se abre de esta manera unas diligencias no judicializadas para esclarecer si se pudo cometer algún tipo de delito con la adjudicación de este contrato en abril de 2020. El foco se centra en los movimientos bancarios de Tomás Díaz Ayuso y en sus declaraciones fiscales por los cobros recibidos de la empresa Priviet Sportive S.L
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, explica en un decreto firmado este mismo martes que resulta "procedente" practicar algunas diligencias debido, por un lado, a la "relevancia" que tiene el normal funcionamiento de la Administración Pública y, por otro, a la "indiscutible trascendencia social" del contexto en el que se produjeron los hechos, en referencia a la gravedad de la crisis sanitaria existente en aquel momento. Con todo, descarta enviar este asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo, órgano donde está aforada Díaz Ayuso, porque hasta el momento no hay indicios "razonablemente verosímiles" en su contra.
"Por lo que se refiere a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, los denunciantes (Podemos, Más Madrid y PSOE) proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, de momento, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado", reza el decreto de Anticorrupción.
De esta forma las pesquisas se centran en el presunto cobro de comisiones por parte de Tomás Díaz Ayuso en relación a un contrato de emergencia de la Consejería de Sanidad de Madrid para la adquisición de un lote de 250.000 mascarillas por un importe total de 1,51 millones de euros a Priviet Sportive. Relata el decreto que, a las denuncias presentadas por los grupos municipales de la oposición se adjuntaron copia de la resolución del expediente de contratación. Mas Madrid aportó, además unos mensajes de texto que recibió la portavoz de la formación, Mónica García, en los que se alertaba de la posible ilegalidad de la contratación.
Anticorrupción también tiene sobre la mesa la documentación relativa a este contrato remitida por el Gobierno madrileño. La propia Ayuso -que apunta a un cobro por parte de su hermano de 55.000 euros- anunció este mismo lunes que facilitaría la documental sobre este contrato al Ministerio Público en aras a colaborar con las diligencias. En concreto, se han enviado albaranes de entrega, factura y certificado, documento contable aprobado, memoria justificativa para la adquisición de mascarillas para los sanitarios de IFEMA, hoja del pedido con fecha de 1 de abril de 2020, documento contable de retención de crédito y otros documentos de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y del Secretario General del Consejo de Gobierno.
