La Fiscalía Anticorrupción investiga los gastos de varias tarjetas de crédito opacas utilizadas por el rey Juan Carlos I, doña Sofía y algunos de sus nietos. Los movimientos financieros de dicha cuenta datan de los años 2016, 2017 y 2018, por lo que al ser posteriores a la abdicación, en caso de constituirse un delito, el Emérito no estaría amparado por la inviolabilidad constitucional que tiene y que sí le protege de ser juzgado en otros asuntos.
Según explican varias fuentes cercanas a la investigación a elDiario.es, entre las personas que habrían obtenido un beneficio económico de las tarjetas no se encuentran ni el rey Felipe ni la reina Letizia y tampoco la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ni su hermana, la infanta Sofía.
Además de los gastos de las tarjetas opacas, Anticorrupción también trata de averiguar el origen del dinero de las mismas. El medio que publica la información habla de "importantes movimientos de capital posteriores a 2014" y con una procedencia desde el extranjero. Por ello, la Justicia española ha enviado a diferentes países comisiones rogatorias para intentar averiguar la procedencia de los fondos.
Con todo ello, la Fiscalía Anticorrupción ya habría encontrando indicios de un presunto delito fiscal ya que el beneficio habría superado los 120.000 euros en un solo ejercicio. Además, la investigación habría determinado a dos individuos presuntamente vinculados a esta trama: un ciudadano mexicano y un mando de la Guardia Civil.
Aunque no se indican qué gastos habría realizado el rey Emérito, en la información publicada sí se explica que la reina Sofía cargó en su tarjeta opaca viajes a Londres.
Inviolabilidad del Rey
La diferencia entre este caso y otros que acechan al rey Juan Carlos I, es que por las fechas en las que habría utilizado esta tarjeta, el Emérito no gozaría de la inviolabilidad que sí tiene respecto a otros casos. De hecho, recientemente se ha conocido que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivará su investigación sobre el rey Juan Carlos I, puesto que la inviolabilidad de la que disfrutaba el Emérito hasta su abdicación le impide imponer una querella.
En concreto, el fiscal de la Sala Segunda del Alto tribunal, Juan Ignacio Campos, concluyó las investigaciones perjudiciales sobre la relevancia penal de los comportamientos del monarca.
