Fin del caso Púnica para Esperanza Aguirre. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado al juzgado su escrito de fin de diligencias en la pieza novena de la macrocausa, relativa a la caja B del PP madrileño. El Ministerio Público entiende que hay indicios para llevar al banquillo a una decena de personas, entre ellas el presunto cabecilla de la red, Francisco Granados. Por contra, exonera a cerca de un centenar, entre ellas la expresidenta madrileña, al considerar que no hay pruebas suficientes como para juzgarles por este circuito de financiación ilegal en la formación regional.
Así lo confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli, las cuáles recalcan que ha sido una investigación muy compleja en la que han quedado diligencias de calado pendientes de practicar. El escrito, que se estructura en grandes bloques y que alcanza las 860 páginas, se centra en la figura de los principales investigados en esta pieza novena de Púnica, entre ellos destacan el que fuera Consejero de Presidencia, Francisco Granados, y el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.
La Fiscalía informa en una nota de prensa que, pese a los "claros indicios de falsedad electoral existentes" respecto a las elecciones autonómicas de 2008, los hechos estarían prescritos, al igual que las generales de 2008. Con todo, se mantiene la existencia de falsedad electoral con las de 2011 y por ello se interesa enviar al banquillo tanto a Beltrán Gutiérrez (por delito de electoral) como a Granados. Este último por delito electoral, tráfico de influencias y cohecho.
Prevaricación y malversación
Del mismo modo también actúa por delitos de prevaricación y malversación contra la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego; los exconsejeros Salvador Victoria y Borja Sarasola; el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás; el informático de la trama Alejandro de Pedro, Diego Mora; la dueña de la firma de publicidad El Laboratorio de Almagro, María Luisa de Madariaga y Francisco Lobo Montalbán.
Por contra exonera a más de un centenar de imputados, entre ellos a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González. El motivo es que, en estos tres años en los que se ha dirigido la causa contra ellos, no se han hallado pruebas de calado que permita concluir su implicación directa en este circuito de financiación ilegal del PP madrileño.
Sin pruebas contra Aguirre
Anticorrupción sentencia de esta forma una de las piezas estrellas del caso Púnica, el cual arrancó en 2014 con la detención de Francisco Granados por presuntos amaños en las licitaciones de Valdemoro, localidad en la que fue alcalde entre 1999 y 2003. Desde ese momento comenzaron a abrirse líneas de investigación separadas que incluso salpicaron las delegaciones de León y Murcia. No obstante, fue la novena pieza, relativa a la caja B del PP madrileño, la que ha centrado los esfuerzos de los investigadores.
Tal y como avanzó este medio, el magistrado Manuel García Castellón cerró hace apenas unas semanas la prórroga acordada en esta pieza que acordó para que el exalcalde del PP en Majadahonda, Guillermo Ortega, aportara la información prometida contra Esperanza Aguirre. Sin embargo, la falta de pruebas unido a la ausencia de concreción de su papel en este presunto desvío de dinero público a las arcas del PP madrileño, le han dejado fuera de la trama Púnica.
Pagos en B para las campañas electorales
Pese a ello, la Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de Aguirre en julio de 2019 alegando que ella misma diseñó este sistema tras aterrizar en el Gobierno madrileño a finales de 2003. De hecho, solicitó también la imputación de Ignacio González, Cristina Cifuentes, el expresidente de Indra Javier Monzón por su implicación en los hechos. El magistrado acordó la petición y les interrogó pero terminó archivando las diligencias para estos dos últimos también por falta de pruebas.
Anticorrupción sostuvo entonces que Granados y González se convirtieron entonces en dos personas del círculo de confianza de Aguirre para "dirigir y ejecutar" el plan diseñado. Todos ellos, junto con Beltrán Gutiérrez, concertarían con los proveedores electorales de las campañas los pagos al margen de la ley. El Ministerio Público también expuso que estos gastos se omitieron de la contabilidad electoral y que para financiar las campañas se utilizaron empresas públicas de la Comunidad de Madrid como Arpegio.
Del mismo modo también apuntaron a un desvío de fondos de los planes Prisma, que pasaron a depender de la Consejería de Presidencia una vez asumió Granados su cargo como jefe de este departamento. "Dicha investigado quiso controlar de forma directa una parte de las adjudicaciones y para ello suscribió convenios autorizado de nuevo por Esperanza Aguirre y el Consejo de Gobierno de la Comunidad, que encomendaron a Arpegio los encargos para la ejecución del plan Prisma entre 2006 y 2011.
Causa desinflada
Fiscalía también sostiene que otra de las partidas por las que habrían desviado fondos públicos al PP madrileño fue a través de los contratos de publicidad. Al respecto sostiene que se adjudicaron estos contratos a empresarios muy vinculados al partido -como es el caso de Horacio Mercado u Óscar Sánchez Moyano- que luego se convirtieron en donantes de las campañas electorales regionales.
Por todo ello, el juez imputó a Aguirre y al resto de exaltos cargos del Gobierno madrileño en una pieza que llegó a sumar en septiembre de 2019 más de 60 imputados. Sus nombres se adhirieron a los que ya figuraban como imputados, entre ellos el exconsejero Salvador Victoria; el cerebro del caso Púnica, David Marjaliza; el empresario Javier López Madrid o el exCEO de Indra Javier de Andrés.
Sin embargo, tras estos años de investigación, los fiscales Anticorrupción al frente de la causa reducen su acusación a una decena de personas ante la falta de pruebas contra el resto de imputados. En el caso de Aguirre, el magistrado autorizó en julio de 2020 la declaración de tres condenados en Gürtel que aseguraron tener pruebas contra la expresidenta madrileña.
Los enemigos de Aguirre
De este modo comparecieron en sede judicial Isabel Jordán (antigua empleada de las empresas de Francisco Correa); el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero (alias el Albondiguilla) y también Guillermo Ortega. Todos ellos implicaron a la exlíder del PP madrileño en la trama y dijeron que nadie movía un dedo en el partido sin que ella lo supiera. Sin embargo Ortega, conocido como 'el Rata'- fue el que más lejos llegó asegurando que le colocó como gerente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo para desviar más de un millón de euros de fondos públicos.
Ortega se comprometió a entregar los contratos en cuestión mientras que el juez abrió una nueva pieza para investigar estos hechos. El asunto terminó adherido a la pieza novena, que ahora toca a su fin, por la relación de los hechos investigados. Sin embargo, el exedil del PP nunca presentó las pruebas. Él alegó, por su parte, que necesitaba más tiempo para prepararlas ante la imposibilidad de actuar desde prisión. Aguirre, por su parte, siempre ha defendido su inocencia asegurando que esta era una causa política.
