La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido en su escrito de conclusiones todos los delitos que imputa al exministro Rodrigo Rato y pide 63 años de cárcel para él y una multa de 42,44 millones de euros. Eleva además el importe de determinadas cuotas presuntamente defraudas, como la de 2008. Así consta en el escrito de conclusiones definitivas de la fiscal Elena Lorente, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que imputa al que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) 11 delitos contra la Hacienda Pública -de 2005 a 2015-, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Cabe recordar que Anticorrupción al inicio del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid por el incremento presuntamente ilícito de su patrimonio indicaba que habría defraudado más de 8,5 millones al fisco.
Fuentes de la defensa del exministro califican de "extrema" la posición de la Fiscalía y entienden que es así porque si no sigue para adelante con la acusación "se derrumba el castillo".
Además, en declaraciones a los medios al término de la vista, el exministro se ha referido a la causa abierta en un juzgado de Tarragona para investigar al despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, Equipo Económico, y ha señalado que la posición del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, de "oponerse" a ciertas pesquisas es "escandalosa". "Hay resistencias inexplicables", ha llegado a decir para acto seguido apuntar que si le dejan tratará de personarse en esa causa.
Según ha publicado 'El Periódico de España', el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona investiga si la consultora Equipo Económico usó sus "influencias" entre "altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda" en beneficio de sus clientes. En el marco de la causa, figura un correo electrónico de 2015 en el que el entonces jefe de gabinete de Montoro en el Ministerio "relata que el jefe de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quería hablar con él sobre la situación fiscal de Rato", de acuerdo a la información publicada por el digital. Sobre este extremo, Rato se ha limitado a señalar: "Lo único que me gustaría es que la Fiscalía Anticorrupción no intentara impedir esa investigación". Cabe recordar que la causa que se sigue en el juzgado de Tarragona ha suscitado debate en el seno de esta Fiscalía Especial. La fiscal a cargo del procedimiento invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico al discrepar del criterio de su jefe, Alejandro Luzón, sobre los pasos a seguir en esta investigación. Finalmente, la Junta de Fiscales de Anticorrupción avaló el criterio de su número uno.
Prueba documental
Este viernes, en el juicio a Rato también se ha ventilado la prueba documental. La fiscal ha solicitado que se lean las declaraciones judiciales de dos de los encausados que fallecieron durante la instrucción del caso, Fabrizio Bini y Miguel Ángel Furones. También ha pedido la incorporación a las actuaciones de la traducción de una página web relativa a residencias fiscales de las personas que viven en Estados Unidos. La defensa de Rato se ha opuesto a esa lectura de las declaraciones puesto que se realizaron bajo secreto sumarial y sin igualdad de armas. También se ha negado a que se incluya la traducción de esa página web dado que entiende que para introducir Derecho Extranjero, si así fuese pertinente para resolver cualquier cuestión jurídica de este procedimiento, "debería haberse hecho a través de la correspondiente pericial jurídica firmada por dos peritos extranjeros".
El tribunal, tras una larga deliberación, no ha estimado pertinente la incorporación del documento que pretendía el Ministerio Público y sí que ha admitido que se proceda a la lectura de las declaraciones los encausados ya fallecidos porque la jurisprudencia entiende que se produjeron con la contradicción debida -presencia de las defensas de esos investigados- y que es la que se permitía en ese momento.
Este viernes, las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones solicitando la libre absolución de los encausados. La defensa del abogado Domingo Plazas ha pedido expresamente que se tenga en cuenta que por los años de tramitación del procedimiento -"9 años y 10 días"- se tenga en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y ha pedido que se condene en costas a la Abogacía del Estado.
La sesiones se reanudarán el 6 de mayo con la exposición de los informes. Tras ellos llegarán el turno de la última palabra, momento en el, según fuentes jurídicas, Rato se dirigirá nuevamente al tribunal.
