La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ha salvado este jueves en el Congreso su último trámite parlamentario y ha rechazado definitivamente establecer nuevos límites para la contratación indefinida de investigadores cuando sus contratos estén asociados de forma directa a fondos europeos.
El pleno del Congreso ha rechazado este jueves la única enmienda a la ley que se había incorporado durante su paso por el Senado; una enmienda del PP -respaldada por Vox, ERC, PNV y Junts en la cámara alta- que permitía extender la temporalidad a todos los contratos vinculados a proyectos financiados con fondos europeos.
Un acuerdo "in extremis" entre el Gobierno y ERC ha propiciado hoy que los republicanos vuelvan a cambiar el sentido de su voto e impedido así que prosperara esa enmienda. Así, la Ley de la Ciencia, aprobada definitivamente, fija que la contratación temporal de investigadores se podrá aplicar exclusivamente cuando sus contratos estén relacionados de una forma "estricta" con la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE y "solo" por el tiempo necesario para la ejecución de los proyectos.
El PP defendió en el Senado -y hoy una mayoría del Congreso ha rechazado esa tesis- la importancia de equiparar todas las contrataciones y de evitar cualquier forma de discriminación según el origen de los fondos con los que se financia una contratación, siempre y cuando esos fondos sean europeos.
El acuerdo que han sellado el Gobierno y ERC compromete al Ministerio de Ciencia a aumentar los costes indirectos desde el actual 21 hasta el 25% en las convocatorias de proyectos de investigación que gestionan la Agencia Estatal de Investigación y el Instituto de Salud Carlos III.
Costes de funcionamiento
Ese aumento permitirá a los centros de investigación y a las universidades hacer frente al aumento de costes de funcionamiento, entre ellos el derivado de las provisiones que necesiten para las indemnizaciones por contratación indefinida, que supone un gasto laboral adicional del 2,1 por ciento anual.
Además, el Ministerio que dirige Diana Morant se ha comprometido a estudiar y elaborar una propuesta para mejorar el sistema de financiación basal para los grupos de investigación de excelencia antes de que acabe el próximo periodo de sesiones -en diciembre- y a fijar en esa propuesta un calendario de implantación.
Los cambios que ahí se propongan, recoge el acuerdo entre las dos partes, deberán redundar en una mayor capacidad financiera de los grupos para hacer frente a las mejoras de las condiciones laborales del personal de investigación, entre ellos, los mayores costes de indemnización por contrato indefinido.
Los portavoces de todos los grupos que han intervenido para rechazar la enmienda del Senado (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, BNG, Compromís o Coalición Canaria) han advertido que ese cambio hubiera propiciado que en un mismo centro y en un mismo proyecto convivieran dos tipos de contrataciones (unas indefinidas y otras temporales) según el origen de los fondos.
El diputado de ERC Joan Margall ha justificado el cambio en el sentido del voto de su grupo, y ha criticado la "falsa dicotomía" que dibujó el PP en el Senado, cuando planteó, según el diputado republicano, que había que elegir entre la sostenibilidad y el futuro de los centros de investigación y la ampliación de los derechos laborales para los investigadores.
Margall ha subrayado que el acuerdo permitirá a los centros de investigación disponer de más recursos económicos, lo que incluye -ha precisado- una mayor disponibilidad de fondos para hacer frente a las indemnizaciones por despido de los contratados con carácter indefinido.
La diputada de Junts per Catalunya Mariona Illamola ha criticado el acuerdo del Gobierno con ERC, y ha lamentado que finalmente una parte de los fondos que se deberían utilizar para la investigación se vayan a emplear en pagar indemnizaciones por despido.
Muy críticos con el acuerdo han sido también los portavoces de Vox, Julio Utrilla, y del PP, Pedro Navarro, quien ha recordado hoy que la enmienda del PP introducida en el Senado -para eliminar una disposición que limitaba la contratación temporal exclusivamente a los proyectos sufragados con el Fondo de Resiliencia de la UE- era una demanda unánime de todas las universidades públicas españolas y de los centros y unidades de excelencia.
