Cuatro años después de la sentencia de La Manada, la violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que elimina la distinción entre abuso y agresión y regula la necesidad del consentimiento expreso, ha sido definitivamente aprobada en el Congreso. Con 205 votos a favor, 141 votos en contra y tres abstenciones, la ley del sólo sí es sí, que tomó el nombre del grito feminista que salió a las calles tras la polémica sentencia de La Manada -que consideró abuso sexual la violación grupal-, ve ahora la luz después de un largo camino no exento de polémica, con la oposición de PP y Vox.
De hecho, en el debate de este jueves, los populares han insistido en que esta norma "puede traer consigo inseguridad" y que, por tanto, "no es la ley que nos habría gustado apoyar" mientras que Vox ha ido más allá al tachar la norma de "infame", porque "el objetivo no es proteger a la mujer sino atacar al hombre".
Pero sus críticas no han sido respondidas por los partidos que sustentan al Gobierno y artífices de esta norma, que se han centrado en subrayar que la ley es "la conquista del movimiento feminista" y "el logro de la reivindicación del movimiento feminista" .
En presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no ha participado en el debate, la portavoz socialista Laura Berja ha cerrado su intervención recordando una frase de la víctima de La Manada que dijo que "esta ley no es su ley, esta ley es de todas las mujeres".
El recorrido parlamentario se cierra con más de un mes de retraso respecto a lo previsto, dado que en el Senado se aprobó por sorpresa una enmienda que corregía una vocal del texto (donde decía "los casos de abortos y esterilizaciones forzosas" y se cambió por "forzosos") y que obligó a la remisión de la norma de vuelta al Congreso para su visto bueno definitivo.
Regulación del consentimiento
Esta nueva ley reforma el Código Penal para cambiar la forma en que se juzgan los delitos sexuales, regula el consentimiento expreso y acaba con la distinción entre abuso y violación. El consentimiento expreso pasará a ser la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y se define de la siguiente manera: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".
Las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido. Todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal. La norma ha contado con el rechazo de PP y Vox, que presentaron sendos vetos al considerar que el texto carece de seguridad jurídica, viola derechos fundamentales y supone la desprotección jurídica de las víctimas.
La tramitación ha sido larga y no ha estado exenta de polémica. La última, durante su paso por el Congreso, cuando estuvo a punto de decaer después de que el PSOE planteara una enmienda para castigar a todo el que se lucre por cualquier vía de la prostitución ajena, sin la necesidad de que exista una relación de explotación.
Ante la falta de apoyo de sus socios tradicionales, el grupo socialista optó finalmente por retirar la enmienda y presentar en solitario una nueva proposición de ley en la que apuesta por caminar hacia la abolición de la prostitución.
Aunque quedaron fuera los artículos más polémicos sobre la prostitución, sí se incorporaron enmiendas para considerar ilícita la publicidad que contribuya a promover esta práctica y reconocer el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas que se encuentren en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería. La ley consigna la asistencia integral a las víctimas de delitos sexuales y medidas para mejorar la prevención y detección de estos casos.
Se ha incluido asimismo una pena de multa de uno a tres meses a quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad.
También se reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y se blinda la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.
Los menores que cometan delitos sexuales tendrán la obligación de realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género, tal y como acordaron PSOE, Podemos, ERC y Bildu.
