El fiscal que instruye las agresiones que se han producido a la zona de especial protección ambiental ‘Caraván Garden’ (Aldea del Fresno) ha solicitado un total de quince años de cárcel para dos alcaldes, dos concejales y un arquitecto municipal que han consentido durante años la construcción de viviendas en esa zona protegida.
Aldea del Fresno tiene un camping llamado ‘Caravan Garden’ que está calificado como suelo no urbanizable y protegido por ser una zona de especial protección de aves. La finca tenía autorización para camping de caravanas, estando prohibida cualquier construcción o edificación permanente, según señala el fiscal en su escrito de calificaciones. La zona pertenece, entre otras, a la red Ecológica Europea Natura 2000 y es una Zona de Especial Conservación para Aves (ZEPA).
En los años 90 los propietarios de las parcelas para aparcar las caravanas comenzaron a realizar construcciones con cerramientos, solados, piscinas y edificaciones de diversa envergadura sin que los responsables del Ayuntamiento de Aldea del Fresno, aun conociendo la ilegalidad, hicieran algo para detenerla, según el fiscal.
El camping, que tiene cuatrocientas plazas, se encuentra parcelado ilegalmente y “en su mayoría, totalmente construido causando un daño de graves proporciones en el espacio natural”, según el escrito del fiscal. Desde el año 2003 los cinco querellados utilizaron diversas técnicas para eludir el cumplimiento de sus obligaciones y permitir “la sistemática realización de construcciones ilegales en el citado camping”.
Los concejales de Urbanismo Eduardo Recio y María Ruth García tramitaron de forma ilegal un elevado número de expedientes
Tanto los alcaldes José Luis Tello (2003, 2004 y 2005), como Guillermo Celeiro (2011) cometieron diversas irregularidades, dieron licencias o aparcaron los expedientes.
Los concejales de Urbanismo Eduardo Recio (2007,2008 y 2009) y María Ruth García (2010) tramitaron de forma ilegal un elevado número de expedientes “a pesar de que eran absolutamente ilegales”. Se abstuvieron de actuar contra los propietarios de esas edificaciones que se estaban construyendo sobre terreno protegido.
En esos años el arquitecto municipal era Juan Ignacio Sanpedro Martín, que es otro de los acusados por el fiscal.
El Ministerio Público señala que como consecuencia de la tolerancia de todo tipo de construcciones se abrieron un total de treinta y siete diligencias tras la intervención de la Guardia Civil y la Policía municipal de la localidad. Ya se ha producido alguna sentencia condenatoria contra los propietarios de las viviendas.
Ninguna inspección
El fiscal cree que los querellados incumplieron varias obligaciones, entre ellas, la de solicitar los correspondientes informes de declaración de impacto ambiental. Tampoco se tramitó la calificación urbanística por parte de la Comunidad de Madrid y no se hizo ningún tipo de inspección “cuando se sabía que se estaban construyendo casas ilegales”.
No se abrieron expedientes para acordar medidas cautelares, como la suspensión de obras, y la demolición de las construcciones. Las autoridades municipales no comunicaron al Gobierno de la Comunidad de Madrid la situación.
Pide seis años de cárcel para María Ruth García, concejala de Urbanismo, y para el alcalde Guillermo Juan Celeiro y tres años para el alcalde José Luis Tello y para el concejal de Urbanismo Eduardo Recio
El fiscal señala que el Ayuntamiento tenía que haber incoado expediente de protección de la legalidad y no lo hizo, así como haberlo puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal. En el escrito el Ministerio Fiscal señala que la actitud de los acusados ha supuesto “la total urbanización causando un grave daño ambiental en el espacio natural protegido”.
Por todo ello pide seis años de cárcel para María Ruth García, concejala de Urbanismo, y para el alcalde Guillermo Juan Celeiro por prevaricación urbanística y tres años de cárcel para el alcalde José Luis Tello y para el concejal de Urbanismo Eduardo Recio también por este delito.
Asimismo, pide para el arquitecto municipal José Ignacio Sampedro Martín tres años de prisión por los mismos delitos.
El fiscal solicita para todos ellos 14 años de inhabilitación para cargo público y, en el caso el arquitecto, para ejercer ese cargo en la función pública.
