El presidente catalán, Artur Mas, ha dado orden a los servicios jurídicos del gobierno de la Generalitat para que presenten “en los próximos días” un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en contra de la sentencia que la semana pasada anuló en su totalidad el concurso con el que un consorcio encabezado por Acciona se hizo con la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), empresa pública de gestión del agua en el área metropolitana de Barcelona.
Fuentes del Gobierno catalán han confirmado a Vozpópuli que “tras un análisis detallado por pare de los servicios jurídicos se ha optado por el recurso y ha sido el propio presidente Artur Mas el que quiere defender esta privatización” cuyo importe supera los mil millones de euros.
El TSJC invalidó todo el procedimiento de privatización
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) invalidó la semana pasada el concurso que supone la mayor privatización de las acometidas por el Gobierno catalán en lo que fue un duro varapalo para Artur Mas y su ejecutivo de CiU puesto que es el mayor proceso de privatización en Cataluña. La multinacional española Acciona –controlada por la familia Entrecanales- y su socio en este proceso de privatización, el banco brasileño, BTG Pactual, también han confirmado que recurrirán e incluso podrían denunciar a la Generalitat si considera que actúa en contra de sus intereses, según confirman fuentes del sector a este diario.
Dado que la sentencia del TSJC no es firme, las empresas que gestionan la empresa que distribuye el agua a las suministradoras del área metropolitana de Barcelona y otras marcas adyacentes mantienen la gestión de la compañía. El Gobierno catalán presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC que anula todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat en 2012 para adjudicar la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat por considerar que vulneró "los principios de publicidad, concurrencia e igualdad". “El Govern aprovechará la posibilidad que tiene de recurrir en casación ante el Supremo para continuar con la defensa de los intereses de la Generalitat”, aseguran desde el Ejecutivo autonómico.
La sección quinta de la Sala Contencioso-Administrativa del TSJC se pronunció por primera vez sobre el fondo de este enrevesado conflicto para anular el "conjunto del procedimiento de contratación", que acabó ganando un consorcio liderado por Acciona frente a Aguas de Barcelona (Agbar) –controlada por la francesa Suez Environnement-, en lo que supuso la mayor privatización de la historia de la Generalitat catalana.
Ganaron Acciona, BTG Pactual, los Rodés y Godia-Torreblanca
El 6 de noviembre de 2012, días antes de las elecciones catalanas, la Generalitat adjudicó la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat por un importe superior a los mil millones de euros a un consorcio liderado por Acciona junto al banco de inversión brasileño BTG Pactual, ambos con un 39%, y en el que también participaban las familias Rodés y Godia-Torreblanca. Poco después de conocer la adjudicación a Acciona, Agbar decidió llevar el caso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña (Oarcc), dependiente de la propia Generalitat, que le dio la razón y excluyó a Acciona del procedimiento, tras lo cual se desencadenó toda una batalla judicial entre Agbar, por un lado, y la Generalitat y Acciona y sus socios, por otro.
La sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, argumenta que en el procedimiento ha habido "un vicio producido con anterioridad a la formulación de las ofertas de los licitadores", que a juicio del tribunal "no tuvieron cabal conocimiento del alcance exacto de las exigencias relativas al programa de obras, lo que contradice los principios básicos de la contratación administrativa". Si bien Agbar solicitaba que se excluyera del procedimiento a Acciona y se le adjudicara directamente la gestión de ATLL y Acciona, por su parte, defendía la vigencia de su contrato, el tribunal opta por anular todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat a finales de 2012 para obtener ingresos que le permitieran reducir su déficit.
La Consellería de Economía, que dirige Andreu Mas-Colell, se anotó contablemente en 2012 los 1.000 millones euros en que estaba valorada esta operación con el fin de reducir su déficit de ese año, por lo que ahora este conflicto, a expensas de eventuales recursos ante el Supremo, amenaza con tener repercusiones tanto sobre su déficit como sobre su tesorería, ya que el consorcio liderado por Acciona abonó inicialmente unos 300 millones por esta adjudicación.
