Tensión absoluta en el Gobierno ante la celebración de la Diada, una fecha fatídica para el secesionismo catalán que pretende congregar a dos millones de personas en las calles de Barcelona. El suflé independentista se desinfla y el propio Artur Mas ya ha reconocido en privado que no se celebrará el referéndum. Ni urnas de cartón ni otro tipo de representaciones.
El presidente de la Generalitat, no obstante, ya ha anunciado que el 11 de septiembre acudirá al Fossar de las Moreres, en el barrio del Borne barcelonés, rincón totémico del independentismo radical y que este año acogerá, sorprendentemente, el acto institucional de la jornada. Algo nunca visto. Un síntoma, quizás, de que se pretende poner coto a los posibles desmanes de los grupúsculos extremistas.
¿Repliegue o rendición?
La Generalitat mantiene punto por punto el calendario previsto, al menos para no transmitir la sensación de repliegue o de 'rendición', palabra de complicadas connotaciones en el tercer centenario de los episodios de 1714. Joana Ortega, la vicepresidenta de la Generalitat, declaró este lunes que su gobierno no puede incurrir en actos ilegales. Ése es el sentir general de gran parte del equipo del Govern. Pero en Convergencia no se respira en la misma dirección. Tantos años de propaganda intensiva no se evaporan en dos días. Y son miles de militantes convergentes que no comulgan con la posibilidad de que el plebiscito no llegue a celebrarse. Independencia, no, pero derecho a decidir, por supuesto. Este es el esquema mental mayoritario.
De ahí la inquietud en la Moncloa donde este lunes se señalaba que la máxima preocupación del momento es la Diada. Están también, claro, los planes de transparencia, las medidas de regeneración democrática, la elección directa de los alcaldes, el futuro tras el plebiscito, la recuperación económica... Pero ahora mismo, las posibles derivadas de la 'gran marcha' del 11 de septiembre centran toda la atención.
Maquinaria engrasada
La maquinaria de los movimientos sociales del secesionismo, bien engrasada durante años por los estamentos oficiales, sigue su curso, ajena a estas cuestiones. El precalentamiento de la Diada no cede ni un milímetro en intensidad. El objetivo es sacar más de un millón de personas a la calle para formar la 'V' de la victoria entre la Diagonal y la Gran Vía. La cadena humana del año pasado puso el listón muy alto y no se puede aflojar precisamente en este año del tricentenario y del plebiscito.
Una respuesta abrumadora podría generar movimientos imprevistos. La campaña por el referéndum ha sido tan intensa y tan abrumadora que frenarla en seco no va a resultar una operación sumamente plácida. Si, además, la Diada desborda las calles de Barcelona, el panorama se pondrá aún más difícil. Hay que recordar que dirigentes de Podemos y del movimiento Guanyem, que lidera Ada Colau, ya han apostado públicamente por la 'desobediencia civil' en el caso de que no se permita la celebración de la consulta. El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la intentona plebiscitaria en dos fases. Primero lo hará con la ley de consultas y luego la propia convocatoria del acto.
Sociedad estafada
¿Y qué harán los decepcionados?, se preguntan en el Gobierno de Rajoy. ¿Qué harán esas decenas de miles de catalanes que puedan sentirse burlados, estafados, reprimidos y hasta coaccionados con la prohibición de la consulta?. Una Diada espectacular puede relanzar las expectativas secesionistas y dificultar la suspensión del plebiscito. "Nadie puede ir contra la ley", dijo ayer la secretaria general del PP, Dolores Cospedal.
Los prismáticos de Moncloa apuntan, más que nunca, hacia Barcelona. Se viven momentos de incertidumbre no exentos de incómoda tensión. Ni siquiera el escandalazo fiscal de la familia Pujol logra eclipsar esa preocupación. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tiene previsto asistir este fin de semana a Cataluña, junto a algún refuerzo ministerial de fuste, para recordar las excelencias de permanecer en España y abandonar delirios independentistas. Dos duras semanas por delante, antesala de dos largos meses hasta desembocar en el 9 de noviembre. Y después, todo está abierto. Desde la 'sociovergencia' del PSC en apoyo de CiU, hasta el movimiento de amplio espectro con el desgastado y declinante Duran Lleida al frente.
