La Asamblea Nacional de Venezuela ha ampliado la lista presentada el pasado mayo ante la Fiscalía General del Estado que señalaba a varias personas vinculadas con el Gobierno de Nicolás Maduro que presuntamente habrían blanqueado dinero en España de las arcas públicas del país sudamericano. Una comitiva de la Cámara presidida por Juan Guaidó ha presentado esta semana ante la Fiscalía anticorrupción dos denuncias contra una docena excargos, empresarios y juristas del régimen. En dichas denuncias ha solicitado la congelación de cuentas y la confiscación de bienes de los chavistas investigados por la Justicia venezolana.
Los escritos redactados por los representantes de la Asamblea hacen referencia a dos resoluciones de la Comisión Permanente de Contraloría (un organismo similar al Tribunal de Cuentas) con fecha 5 de junio en las que se autoriza a dicho ente a "elevar la denuncia ante los órganos jurisdiccionales de la Comunidad Europea". En este sentido, se acuerda solicitar la "apertura de la investigación penal ante organismos internacionales conforme a convenios y tratados internacionales vigentes".
Asimismo, la Contraloría del país caribeño resolvió en sus resoluciones requerir "la congelación de las cuentas bancarias, títulos, valores e inversiones que mantengan los ciudadanos" contra los que recae la denuncia, así como la "confiscación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad". La comitiva de Guaidó ha pedido al ministerio público español que emprenda estas acciones contra una docena de ciudadanos investigados en Venezuela por su vinculación con actividades de blanqueo de capitales en España.
Empresarios, testaferros y juristas
La comisión de la Asamblea señala en primer lugar a Javier Franceschi, abogado y registrador mercantil segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui (Este de Venezuela), donde se habrían inscrito varias empresas fantasma destinadas a blanquear dinero de las arcas públicas, según informaciones publicadas por la prensa venezolana. También dirige su denuncia contra Janiny Coromoto Rangel, Nelson Enrique Meneses Fraceschi y Ramón Araguainamo, quienes figuran como titulares de dichas compañías.
A la lista de investigados se suman Gustavo Perdomo, Juan Domingo Cordero y Raúl Gorrín, dueños del canal de televisión venezolano Globovisión. Este último es uno de los principales investigados en Estados Unidos en una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desviados de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
También se ha solicitado dirigir las investigaciones contra Alejandro Betancourt y Pedro Trebbau por sus gestiones al frente de la compañía Derwick Associates, que se dio a conocer en agosto de 2010, después de que el diario venezolano Últimas Noticias publicase una serie de reportajes en los que se denunciaban los vínculos entre ambos empresarios y el hijo de Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Energía detenido recientemente en España.
El listado de personas a investigar en España lo cierran Wendi Saez, exfiscal del ministerio público en el país sudamericano; Juvenal Barreto, exjuez venezolano; y Rafael Ramírez, el exministro de Energía y expresidente de PDVSA a quien ya han denunciado en ocasiones anteriores.
Ofensiva judicial
El pasado mayo los diputados venezolanos visitaron Madrid para presentar sendos escritos donde ponían en conocimiento de la Fiscalía General del Estado listos de personas y actividades criminales cometidas en Venezuela, "delitos determinantes que han finalizado teniendo derivadas en el Reino de España".
Con esta nueva denuncia pretenden ayudar "en los términos y formas" que el ministerio público español estime oportuno "a los efectos de poder facilitar la necesaria información más detallada sobre los hechos" que se denuncian. "Ofrecemos nuestra colaboración como administración e instrumento designado para el efecto por la Asamblea de la República Bolivariana de Venezuela", han señalado en el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Investigación en España
La Justicia española persigue ya a varias personas vinculadas al régimen de Hugo Chávez. Hasta hace una semana, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid mantenía imputados a numerosos ex altos cargos del Gobierno venezolano que han realizado en España importantes inversiones inmobiliarias. Recientemente, el magistrado titular ha acordado inhibirse en favor de la Audiencia Nacional para que continúe con las pesquisas del procedimiento.
Como adelantó Vozpópuli, la Fiscalía anticorrupción quiere que se mude la causa de Plaza de Castilla a la Plaza Villa de París. Considera que es donde se debe investigar el caso tras haber descubierto movimientos internacionales de dinero que terminaron en inversiones de testaferros o familiares de los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en suelo español.
Hasta ahora también está pendiente en la Audiencia Nacional una causa contra el exviceministro Javier Alvarado Ochoa, en el que se le investiga a él y a otros altos cargos de Venezuela en relación a la empresa asturiana de ingeniería Duro Felguera.
