La Guardia Civil fija en un informe la ascendencia directa que los jefes de ETA tenían sobre la toma de decisiones en el comando Argala, responsable del atentado contra la casa cuartel de Santa Pola, que ahora se investiga en la Audiencia Nacional. El Instituto Armado se basa en un documento manuscrito intervenido tras el asesinato del concejal de UPN en Leiza, José Javier Múgica Astibia, para determinar que los jefes del aparato militar de la banda conocían al detalle los movimientos de los pistoleros en sus acciones. El juez Manuel García Castellón se basa en estas conclusiones para imputar a toda la cúpula en la causa.
El informe redactado por la Jefatura de Información de la Guardia Civil y al que ha tenido acceso Vozpópuli detalla el funcionamiento interno del comité ejecutivo de ETA, compuesto por los máximos responsables de cada área y que constituía el núcleo duro en la toma de decisiones de la organización. Bajo sus órdenes se estructuraban las diferentes líneas de actuación de la banda: brazo político, militar, internacional y logístico, con sus respectivos subgrupos.
En la base de esa cadena se ubicaban los comandos, que ejecutaban las decisiones auspiciadas por el comité ejecutivo: "Cada miembro de un comando obedecía las órdenes que le transmitía su enlace o responsable porque sabía que detrás de esa orden estaba la Dirección de ETA", determina el Instituto Armado.
Esa es precisamente la clave en la que se apoya el juez de la Audiencia Nacional para imputar a toda la cúpula de ETA por el atentado de Santa Pola, en el que fueron asesinados la niña de seis años Silvia Martínez y el vecino de 57 Cecilio Gallego. El magistrado considera que hay indicios suficientes para enjuiciar a los jefes de ETA por su responsabilidad directa en el ataque contra la casa cuartel.
El manuscrito
La Guardia Civil recupera una pista clave para demostrar que los responsables de ETA controlaban hasta el más mínimo movimiento de los terroristas que perpetraban los atentados. Se trata de un documento manuscrito intervenido tras el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica Astibia, en la localidad navarra de Leiza. Un artefacto explosivo adherido a su furgoneta estalló cuando el edil se montaba en el vehículo.
Con esta prueba, la Guardia Civil prueba la ascendencia directa que la dirección de ETA tenía sobre sus comandos. Y, en concreto, sobre Óscar Celarain y Andoni Otegi
En la carta manuscrita, el etarra Andoni Otegi Eraso -condenado junto a Óscar Celarain por el asesinato del concejal- detallaba la cantidad y el tipo de explosivo utilizado en el atentado. También dibujaba cómo eran los bajos y el lateral de la furgoneta. Al lado había una anotación con una letra diferente que rezaba: "Metido a presión en el eje", en referencia al modo en que fue colocada la bomba. Según un informe pericial del departamento de grafística de la Guardia Civil, fue escrita por Ainhoa Múgica Goñi, jefa del aparato militar de ETA.
Con esta prueba, la Guardia Civil prueba la ascendencia directa que la dirección de ETA tenía sobre sus comandos. Y, en concreto, sobre Óscar Celarain y Andoni Otegi, que un año después de matar al concejal de Leiza atacarían la casa cuartel de Santa Pola.
Las imputaciones de las cúpulas
El juez de la Audiencia Nacional se basa en las conclusiones de la Guardia Civil y en otro informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para imputar a los dirigentes Juan Antonio Olarra Guridi (alias Juanvi o Jon), Ainhoa Múgica (Olga), Mikel Albisu (Mikel Antza), Félix Ignacio Esparza Luri, María Soledad Iparraguirre (Anboto) y Ramón Sagarzazu Gaztelumendi (Ramontxu) por el atentado de la casa cuartel de Santa Pola.
Guardia Civil y Policía Nacional coinciden en sus informes en que los máximos dirigentes de ETA tuvieron la responsabilidad compartida de organizar la "campaña de verano" de los terroristas en 2003, en el que atacaban lugares de afluencia turística para lograr una mayor notoriedad. Entre esos atentados figura el de Santa Pola.
Fuentes de la lucha antiterrorista señalan a Vozpópuli que la causa judicial que investiga la responsabilidad de los jefes de ETA en la comisión de los atentados abre nuevas vías para otros casos, especialmente en aquellos que están sin esclarecer. El atentado de Santa Pola, que pronto cumplirá veinte años, aún no ha prescrito. Más complicado es el asesinato del concejal popular Miguel Ángel Blanco, hace 25 años: las instancias judiciales tratan de determinar si aún es posible investigar la implicación de Kantauri, cuya entrega se ha vuelto a solicitar a Francia.
