El crimen de Lardero ha abierto un debate que ha llegado hasta el mismo Congreso de los Diputados sobre el modelo penitenciario en España. ¿Cómo es posible que al presunto asesino, Francisco Javier Almeida, se le otorgase la libertad condicional a pesar de las consideraciones negativas de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de El Dueso (Cantabria), donde cumplía condena? Las funcionarios de prisiones admiten que, jurídicamente, todo reo tiene el derecho de recurrir las decisiones sobre sus beneficios penitenciarios, como fue el caso. Pero al mismo tiempo manifiestan que este episodio trágico, que le costó la vida a un niño de 9 años, es el "paradigma" de una política que, a su juicio, "no tiene en cuenta la opinión de los funcionarios y expertos".
Fuentes funcionariales consultadas por Vozpópuli ponen sobre la mesa las dos opiniones que se enfrentaron en este caso, contrarias entre sí, que marcaron el devenir de Francisco Javier Almeida cuando aún estaba en prisión. Por un lado, la de la Junta de Tratamiento, compuesta por profesionales de diversos ámbitos penitenciarios -jurista, psicólogo, jefe de servicios-, que manifestó sus dudas sobre la conveniencia de que el preso accediera a la libertad condicional. Todo ello en base a los informes redactados por el equipo técnico que trabajaba de forma más estrecha con el recluso.
Siguiendo los cauces establecidos, Almeida recurrió la decisión. El procedimiento jurídico abre las puertas a que los presos pidan la revisión ante cualquier negativa de disfrute de los beneficios penitenciarios. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria dio la razón al preso y optó por darle paso a un régimen de semilibertad. Es aquí donde surge el malestar entre los funcionarios de prisiones, que acusan a la administración de promover una política de concesiones de estos beneficios.
El preso cumplía condena por la agresión sexual y asesinato a una agente inmobiliaria en 1998, por los que acumuló dos penas de 20 y 10 años. En 1993 fue condenado a otros 7 años de cárcel por otra agresión sexual. Almeida disfrutó de 39 permisos penitenciarios desde 2013. Tras conocerse esas cifras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la actuación de las administraciones con Francisco Javier Almeida: "Las instituciones han actuado conforme al principio de legalidad".
El caso de Lardero, paradigmático
Joaquín Leiva, portavoz del sindicato ACAIP-UGT, incide en "la legalidad se cumplió", en tanto que el procedimiento abre las puertas al recurso del preso y que un juez tome una decisión en sentido contrario a la Junta de Tratamiento. Sin embargo, Leiva lamenta que la administración "no tenga en cuenta a sus trabajadores", ni siquiera a los "expertos" encargados de determinar si un preso está en posición favorable para acogerse a permisos penitenciarios.
"Al final se impuso un criterio por encima del de la Junta de Tratamiento, que optaba por una decisión más conservadora", asevera el portavoz del sindicato. A su juicio, el crimen de Lardero es paradigmático. "Pone de manifiesto" que la administración "desoye las opiniones de sus empleados públicos". En este caso, del equipo que manifestó sus inquietudes sobre dar una mayor libertad a Francisco Javier Almeida.
La polémica también se centra en el programa de productividad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que bonifica a aquellos directores de prisiones que tengan un mayor porcentaje de clasificaciones ejecutivas en tercer grado, lo que les permite acceder a un bonus económico. El ministro del Interior, no obstante, asevera que la decisión adoptada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria sobre Francisco Javier Almeida fue la libertad condicional, "que no de tercer grado".
Desde ACAIP-UGT añaden que la "falta de respeto" de la administración hacia los funcionarios de prisiones no se centra únicamente en que "no se respetan sus opiniones" en casos como el del crimen de Lardero, sino en la "falta de seguridad" física y jurídica de los trabajadores públicos de este ámbito: "Están expuestos a las agresiones y la ley otorga a los presos una presunción de veracidad cuando presentan una denuncia por una supuesta agresión, aunque no tengan pruebas".
Desde el sindicato CSIF acusan a Instituciones Penitenciarias de promover una política de "aumentar la concesión de terceros grados", lo que propicia la puesta en libertad de "personas no preparadas para cumplir con las normas de la sociedad": "La situación es inaceptable [...]. Exigimos que se reconozca la figura de agente de autoridad para los funcionarios de prisiones, junto con el reforzamiento de plantillas y de las mejoras de las condiciones laborales".
