La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se ha sumado al resto de asociaciones de jueces a última hora de este jueves y ha decidido suspender la huelga convocada para el próximo martes 16 de mayo. La mayoritaria de la carrera ha llegado a este acuerdo "como gesto de buena voluntad" y después de que el Ejecutivo presentara su última propuesta de subida salarial de 46,7 millones de euros.
La APM explica en un comunicado que han decidido suspender la convocatoria de huelga "a la espera de los avances" que se produzcan en la próxima reunión de la Mesa de Retribuciones. El Ministerio de Justicia pidió este miércoles a las asociaciones convocantes (tres de jueces y dos de fiscales) que aplazaran el paro tres días, esto es, hasta el viernes 19 de mayo.
La solicitud se formuló en la tercera reunión de la Mesa de Retribuciones en el marco de la cual el Ejecutivo negocia con las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales una subida salarial en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de 2003 que regula el régimen retributivo de jueces y fiscales. Según explica la APM en la nota, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, condicionó la convocatoria de una nueva reunión de la Mesa de Retribuciones a la suspensión de la huelga y al retraso de su celebración.
La reunión de ayer fue la tercera que se celebran en el marco de esta Mesa de Retribuciones. El Gobierno la convocó para el pasado 3 de mayo pero su anuncio vino seguido de una amenaza de huelga por parte del grueso de asociaciones. Amagaron con colgar las togas el próximo 16 de mayo si no se acordaba la subida salarial que les compete por ley. Denuncian principalmente que tienen el salario congelado desde el 2003 ya que la Mesa no ha aprobado la subida que les compete y que suman una merma de poder adquisitivo superior al 20%.
La huelga se aplaza
Los representantes de los cerca de 5.600 jueces que hay en España y de los fiscales alegan que pese a que la ley exige reuniones periódicas de la Mesa para revisar su salario, éstas no han fructificado en 20 años. Además exponen que hacen frente a una carga laboral cada vez más insoportable y que les faltan medios materiales y humanos para ejercer correctamente su trabajo. Como queja principal se encuentra también la "irrisoria" cantidad a la que cobran las guardias, las cuáles en algunos casos no llegan a los cincuenta céntimos por hora.
Con ese caldo de cultivo el Ejecutivo convocó la Mesa de Retribuciones. El sector reaccionó con incredulidad ya que Justicia hizo lo propio en octubre pero la desconvocó sin previo aviso. De hecho, ya entonces algunas asociaciones apuntaron con ir la huelga (sería la quinta de la democracia) pero optaron por interponer demanda en la Audiencia Nacional para que, según sostienen, se cumpla con lo dispuesto en la ley.
En paralelo anunciaron una huelga para el 16 de mayo, pero no lo hicieron todas las asociaciones. La progresista Juezas y jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se descolgaron y prefirieron esperar al resultado de este nuevo encuentro. Sí hicieron llamamiento al paro las tres organizaciones restantes de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) y las otras dos de fiscales (Asociación de Fiscales y APIF).
Reclamos de los jueces
La primera reunión, celebrada el 3 de mayo, puso de manifiesto las posturas encontradas. El Gobierno (que también lidia con los paros de los funcionarios de la Administración) ofreció 44 millones para compensar la pérdida de poder adquisitivo y también el recorte del 9,5% del sueldo que se les aplicó durante la crisis. Los jueces tildaron la oferta de insuficiente y alegaron que ello apenas implicaba recuperar el 6% de todo lo reclamado.
No obstante se emplazaron a segunda cita, el 8 de mayo, en la que el Ejecutivo aumentó su propuesta y la elevó a 46,7 millones de euros. De nuevo la reunión terminó sin acuerdo pero las partes acercaron posturas y se emplazaron a verse de nuevo ese miércoles 10 de mayo. En esta tercera cita, el departamento que dirige Pilar Llop endureció el tono y mantuvo firme la última cifra aunque, eso sí, abierto a negociar en futuras reuniones otros asuntos que preocupan especialmente al sector como el tema de las guardias.
Frente a la postura firme del Gobierno, las asociaciones comenzaron a mostrar sus primeras grietas. Las dos asociaciones que no participaron en la convocatoria de huelga (Juezas y Jueces para la Democracia y la UPF) se inclinaron por dar el visto bueno al Gobierno y aceptar los 46,7 millones de euros. Otras, sin embargo, elevaron la cuantía hasta los 57 millones de euros. Solo a partir de ahí, dijeron, habría un principio de acuerdo.
La petición de Llop
Tampoco hubo quórum al requerimiento del Ministerio de Justicia. El número 2 de Pilar Llop se abrió a formular una contraoferta pero avisó que necesitaba tiempo. En concreto, habló de una cuarta reunión para el 16 de mayo, día en que estaba convocado el paro en toda España. Ello dividió a las cinco asociaciones convocantes. De todas ellas, tres se mostraron partícipes de acceder y retrasar los paros hasta el viernes 19 de mayo. Las otras dos (APM y los vitorianos) prefirieron consultar el asunto con sus asociados antes de dar una respuesta firme.
Las dos se pronunciaron este jueves y lo han hecho para sumarse a la postura general. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria fue la primera en adherirse al aplazamiento de la huelga. "Durante las reuniones AJFV ha mantenido una actitud constructiva. Desde la responsabilidad, optamos ahora por mantener esa misma línea de actuación y ampliar el margen de negociación durante unos días, como solicita el Ministerio. Confiamos en
que este margen adicional no se desperdicie", explicaron.
La APM, mayoritaria en la carrera, se pronunció en similar sentido a última hora del jueves. Entienden que la propuesta del Ministerio sigue siendo "insuficiente" pero que, como "gesto de buena voluntad", la Comisión Permanente ha decidido suspender la huelga a la espera de los avances que se produzcan "y en beneficio de los intereses de la carrera judicial".
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